Tal apotegma pronunciado por el propio Jesucristo para marcar distancia entre la fidelidad a Dios o al dinero —imposible servir a ambos—, “porque amará a uno y aborrecerá al otro”, viene a colación al escudriñar cuáles son las verdaderas motivaciones, dilemas o trasfondos de determinadas posturas asumidas por personajes públicos acerca de temas en los cuales resulta claro y evidente que debe predominar el criterio de bien común, el beneficio de la mayoría, el mejor interés de la ciudadanía sobre la cual descansa la soberanía que tanto presumen al ser cuestionados. Pero en lugar de eso, se decantan por ciertos intereses mediante circunloquios legaloides y, a la postre, falaces.

El caso más reciente de tales conflictos lo exhibe el pleno de la Corte de Constitucionalidad, al volver a enfrascarse, ayer, por votación dividida, en una pugna sobre la validez de estatutos actualizados del Comité Olímpico Guatemalteco exigidos por el Comité Olímpico Internacional. Una acción de inconstitucionalidad reciente repite las objeciones que condujeron a la suspensión de frases de los estatutos en agosto del 2022, acción que acarreó la suspensión del deporte guatemalteco de participación internacional. La sanción está vigente desde el 15 de octubre del año pasado, y hasta hoy los atletas guatemaltecos no pueden representar al país y participan bajo la bandera blanca del olimpismo.

Ni bandera ni himno nacional de Guatemala figuraron en los 19 podios, es decir, 19 medallas ganadas por deportistas guatemaltecos en los recientes Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, gracias a la decisión de la CC. El 2 de octubre, dicho tribunal levantó la suspensión promovida en el 2022, pero aún hace falta la elección de directiva del COG bajo los estatutos renovados.

Atletas, exatletas, medallistas y entrenadores han solicitado a la CC que agilice el retorno del deporte guatemalteco al olimpismo internacional, para poder representar a Guatemala. El solicitante de la inconstitucionalidad del 2022 desistió de la misma en abril del 2023, y aun así la CC se tardó seis meses en revisar el asunto. Ayer, el pleno de siete magistrados de CC conoció una nueva impugnación, que también favorece a la actual directiva del COG, no reconocida por la organización internacional. Cuatro magistrados votaron por desechar el recurso y con ello mantener la ruta hacia la participación olímpica guatemalteca. Pero tres magistrados votaron a favor de volver a suspender los artículos, lo cual solo prolongaría la exclusión.

Al no llegar a acuerdo, se suspendió la deliberación, cuya continuación está prevista para hoy. De un lado está la regularización del deporte guatemalteco según estándares y requisitos internacionales que siguen más de 200 países. Del otro lado está la prolongación de la suspensión, que hoy cumple 13 meses. Si en la Constitución misma se establece que todo tratado internacional de derechos humanos tiene preeminencia y si uno de ellos es el acceso al deporte, que incluso por ello tiene un porcentaje fijo establecido en la Carta Magna, ¿cuál es el interés que impide buscar el beneficio de miles de deportistas guatemaltecos en lugar de unos cuantos directivos y representantes?

Cabe decir que el cuantioso presupuesto del deporte es un botín codiciado, pero no es para beneficio de una camarilla, sino para impulsar los talentos atléticos de todos los niveles sociales, mejorar la infraestructura de todas las disciplinas, extender los servicios de entrenamiento y mejorar las oportunidades de fogueo. Lo que se decida hoy en la CC mostrará quiénes sirven al pueblo de Guatemala y quiénes no.