En la tierra de las “bolas”, ahora el término sofisticado es el de “desinformación”. Y en los últimos días nos sale hasta en la sopa porque el gobierno y muchos de sus adláteres se han dedicado a restregarnos que todo lo que se dice en contra de la santa SAT es “desinformación”. Cuando el esfuerzo es tan concertado, es fácil que levante sospechas y lo lleve a uno a malpensar que hay gato encerrado, y llegar a la conclusión de que quien está desinformando sobre la bendita unificación del NIT con el CUI es el propio Estado.

Según el gobierno, “alguien” está desinformando a la ciudadanía sobre las nobles intenciones de la buena SAT, que lo único que quiere es simplificarle la vida a los cargados tributarios, quitándoles la ardua labor de memorizar dos números, el del NIT y el del CUI —conocido por todos como el número de DPI—. Para ello, la SAT publicó una resolución en la cual los iguala. No hay ninguna mala intención ni propósito oculto, simplemente están pensando en el bienestar de los tributarios.

La desinformación empieza cuando no aclaran que, no solo están igualando los dichosos números, sino que también están quitándole el carácter de “tributario” al NIT al mismo tiempo que le están dando el carácter de “civil” y “notarial”. Este parece un nimio detalle, sin embargo, aparte de mostrar un claro desprecio por la ley de los directores de la SAT, y probablemente volver inconstitucional la resolución, es una piedra más en el camino que se ha trazado la SAT para llegar a tener el control absoluto de todas las acciones de los ciudadanos.

Visto en aislado, se puede desestimar la importancia de ese cambio. Pero no hay que olvidar que el año pasado los diputados aprobaron muy de madrugada un decreto —el 31-2024— que, además de muchos otros horrores, cambia el artículo 120 del Código Tributario en el que también le asigna al NIT obligatoriamente la función “civil” y “notarial”. Poco a poco van encajando las piedras.

A ello hay que agregar que en los considerandos de ese decreto establecen claramente que su objetivo es regularizar y formalizar a los que se “invisibilizan” para que aporten, pagando impuestos, y contribuyan a un desarrollo económico integral. En resumen, se busca reducir la “informalidad” por medio de más controles. Y qué mejor control que tener a todas las personas identificadas con su CUI, aunque no tengan un NIT formal.

Que no lo engañen con la desinformación gubernamental: no se trata de una medida administrativa, sino de una estrategia para expandir el control estatal sobre la economía informal, pero también sobre los que ya están en la economía formal. Y lo hace por medio de una técnica clásica en los regímenes autoritarios: el uso del lenguaje como arma de control. ¿Quién se opondría a “simplificar”? ¿Quién estaría en contra de la “modernización”? Nadie, claro. Pero la pregunta importante es: ¿qué se está simplificando y para beneficio de quién?

No se puede negar que de seguro hay algunos políticos trasnochados que se quieren aprovechar de las decisiones de los gobernantes para llevar agua a su molino, pero ello no invalida que el gobierno está tratando de desinformar para que la gente no se percate de que le están poniendo la soga al cuello.

La campaña de desinformación del gobierno se incrementa cuando dicen que es mentira que vayan a imponer un “impuesto a las tortillas”. Debo reconocerles que es un muy buen uso de la retórica porque lo cierto es que no necesitan imponerlo, simplemente porque ya existe. Todas las actividades económicas en Guatemala, con unas pocas excepciones, ya están gravadas con impuestos, incluyendo a las tortillerías. Que todavía la santa SAT no lo haya hecho valer son otros dos centavos. De hecho, esa es precisamente la definición de la informalidad.