El presidente Bernardo Arévalo sabía que tenía entre las manos una brasa caliente con el decreto 7-2025. La urgencia de vetarlo era porque esa norma no tiene como propósito mejorar la ejecución de las municipalidades, sino permitir la utilización de los recursos públicos en la próxima campaña electoral, sin ningún control. Para nadie era un secreto que las hienas del Congreso no iban a permitir que esos fondos se les fueran de las manos, por las buenas o por las malas.

Pese a esa situación, el mandatario actuó con toda la parsimonia del mundo, como si tuviera frente a sí a las hermanas de la caridad. Hasta el último momento decidió vetar la ley que faculta a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) a quedarse con el dinero no ejecutado en el presente año fiscal y usarlo a discreción en el 2026. La oposición, encabezada por los diputados Allan Rodríguez y Álvaro Arzú Escobar, no contaba con los 107 votos necesarios para revertir el veto presidencial y por eso recurrió a una artimaña.

Con el pretexto de que el pasado martes no había sido publicado el veto, 86 diputados decidieron pasar sobre la decisión presidencial. Obviamente se trata de un ardid sin ninguna base legal, pero la tardanza de emitir el veto fue aprovechada por quienes quieren hacer piñata los recursos del Estado.

¿Cuál es el problema? La Constitución señala que el mandatario, en consejo de ministros, dentro de los 15 días siguientes de haber recibido el decreto podrá vetarlo y devolverlo al Legislativo. La Carta Magna no ordena la publicación del veto, sino que solo se refiere a la devolución del decreto al Congreso. La Secretaría General de la Presidencia documentó 50 vetos entre 1994 y 2022, de los cuales muchos no fueron publicados, porque ese no es un requisito constitucional.

Si viviéramos en un estado de Derecho pleno, esa situación se enmendaría sin ningún problema. Los diputados Rodríguez y Arzú recurrieron a una güizachada para hacerse de fondos públicos para la campaña electoral del 2026 y un recurso de inconstitucional bastaría para derrumbar la maniobra.

Sin embargo, vivimos tiempos en los que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad han demostrado que no les interesa defender las disposiciones de la Carta Magna, sino destrozar cualquier decisión de Arévalo, premiar a los corruptos y frenar el avance democrático.

Esa falta de olfato político y de entender que frente a sí tienen a los diputados más corruptos de la historia determinó que ahora, de nuevo, el presidente Arévalo esté contra las cuerdas, en forma totalmente innecesaria. Sobre todo, porque si no logra detener el decreto 7-2025 los partidos opositores podrán disponer de Q9 mil millones para lanzar una campaña proselitista por todo lo alto en el 2026.

A tales diputados no les importa que ese decreto viole de forma flagrante el principio constitucional de anualidad del presupuesto, el cual dispone que los fondos no utilizados deben ser devueltos. Además, establece que se dará por aprobada cualquier solicitud municipal que no tenga respuesta del Ejecutivo en cinco días, lo cual significa una coerción ilegítima. Al imponer un plazo tan breve a las entidades gubernamentales para analizar y aprobar los proyectos de inversión, prácticamente elimina el análisis de los expedientes y la supervisión del avance físico y financiero de las obras de los Codedes.

Eso podría permitir que el presupuesto fluya sin control de ningún tipo. la normativa dejaría al Ejecutivo en un plano de inutilidad total y daría pauta a un desenfreno de la corrupción mucho mayor que durante el gobierno de Giammattei.

El estilo diplomático y timorato del presidente Arévalo lo único que ha logrado es que los corruptos le pierdan el respeto y hagan lo que les dé la gana con los fondos públicos.