En apariencia falta mucho tiempo para las elecciones del 2027, de donde saldrán la próxima pareja presidencial y el Congreso de la República, pero en realidad es poco, a 24 meses de distancia, pues la primera vuelta será en junio de ese año. Clasificarán dos binomios presidenciales, para la definitiva segunda vuelta, en noviembre. El único posible ocurriría si uno de los candidatos obtiene la mayoría de votos válidos en la primera vuelta, lo cual no ha ocurrido nunca porque es imposible, debido al enorme número de mini-pseudo-partidos políticos. Por eso, el Tribunal Supremo (?) Electoral ya anunció de hecho estar preparándose. La segunda elección será ganada de nuevo por quien obtenga la mayoría de la minoría, o sea una minoría del total.

Cuando nació el TSE era realmente Supremo porque sus decisiones eran definitivas en el campo de su competencia, pero la realidad actual tiene como efecto el desinterés, sobre todo en los jóvenes, de edades entre 18 y 40 años, quienes representan un poco más de la mitad del padrón electoral. En todo el mundo se manifiesta una actitud similar porque en unos casos el sistema democrático como se conoce en el mundo occidental languidece a causa de la irresponsabilidad de quienes ejercen la política y a características ya no sostenibles, como los votos electorales en Estados Unidos, por ejemplo, obtenidos en el sistema de todo o nada. Aunque es otro tema, también demuestra la urgencia de cambios a veces fundamentales.

En el caso de Guatemala, algunas personas con o sin intereses personales, consideran un atropello a los derechos ciudadanos y a la libertad de elegir y ser electo la limitación de número de participaciones como candidatos y también del número de partidos. Sin embargo, no es así. Es una manera de organizar y ordenar el proceso, y se parece a impedir por ley la reelección. Nadie está en contra de esto porque comprende los negativos efectos de la figura presidente-candidato. En el caso de los alcaldes también se puede aplicar el mismo criterio, pues la decisión teóricamente positiva de darle un porcentaje del presupuesto nacional a las corporaciones ediles convirtió a ese puesto en un verdadero botín económico para quienes participan y obtienen los cargos.

Otro factor debe ser la limitación a los salarios de alcaldes, diputados, así como la triquiñuela de recibir dietas por sesiones, cada vez más numerosas y en algunos casos vergonzosas. El ejemplo del autoaumento de los diputados ahora con ingresos de 66 mil quetzales mensuales, merece ser tipificado en el Código Penal, a la vez necesitado de cambios motivados por el ejercicio inmoral de los cargos. Todos estos criterios deben ser analizados desde una perspectiva donde el factor legal, sin duda necesario, es sólo uno del total. El objetivo debe ser eliminar la posibilidad de los votantes de llevar al poder a aspirantes populistas totalitarios y por ello pronto convertidos en dictadores, ahora con el eufemismo de calificarlos de “blandos” al principio.

El TSE necesita llamar a ciudadanos notables por su actitud y buen nombre, no aquellos con pasado oscuro tanto en sus acciones públicas como en las privadas. Las elecciones, como están ahora, sólo provocarán peores gobiernos. Por eso, la decisión de participar, cada quien en su área, necesita de valentía y de deseo de colaborar con el país. No se necesita ser genio para prever un futuro cuyo presente nefasto se manifiesta con toda claridad y cada vez más, aunque haya algunos avances económicos. Guatemala no puede solicitar colaboración internacional si no inicia un proceso serio de cambio en todas las áreas de la vida nacional, con la dificultad adicional de ser, si no simultáneas en todos los casos, al menos parte de un plan general bien aplicado y revisado.