Los diputados de diferentes bancadas del Congreso de la República avalaron un presupuesto de ingresos y egresos por Q163 mil 469 millones para el Ejecutivo, como propuesta que envió el Ministerio de Finanzas (Minfin) el pasado 1 de septiembre, para ejecutarse el siguiente año. Sin embargo, ya tiene una ampliación cargada en el sistema.

Aunque la cifra brinda la percepción de que se mantuvo y se respetó la asignación inicial enviada por el Ejecutivo, en enero del 2026 el presupuesto público tendrá una ampliación de unos Q6 mil millones, correspondiente a la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, aprobada el martes 2 de septiembre por el Legislativo.

Esta norma dispone que los saldos anuales no ejecutados en un ejercicio fiscal por los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), asignados por el Minfin, se trasladen de forma automática al siguiente año. Esto aumenta el gasto para el nuevo ejercicio fiscal y distorsiona las finanzas públicas.

Para el tercer año de la administración del gobernante Bernardo Arévalo de León, este contará, a partir del 1 de enero del 2026, con un programa de gasto legalizado por los diputados en el Congreso de la República.

Gasto sube Q8 mil millones frente al vigente

El gasto estatal aprobado por los congresistas incrementará 10% con respecto al presupuesto inicial del 2025, que fue de Q148 mil 526 millones, y 8% en comparación con el vigente, de Q154 mil 836 millones, que incluye las ampliaciones autorizadas.

Es decir, pasa de Q154 mil 836 millones —que es el vigente— a Q163 mil 469 millones, lo que representa un aumento de Q8 mil 633 millones.

Para funcionamiento se destinarán Q108 mil 22 millones; para inversión, Q34 mil millones; y para el pago del servicio de la deuda, Q21 mil 368 millones, según la composición del gasto.

Del programa de gasto, 66% se destinará a funcionamiento, 21% a inversión y 13% al pago del servicio de la deuda.

Los ministerios de Educación, Salud, Gobernación, Comunicaciones, Defensa y Desarrollo absorberán en conjunto el 42.1% del total del presupuesto para el siguiente año, con Q68 mil 919 millones, y son las carteras que recibirán los mayores montos.

Deuda financiará brecha de gasto

En la parte de ingresos, que incluye los tributarios y no tributarios que financiarán la prestación de bienes y servicios públicos a los ciudadanos, se programaron Q126 mil 800 millones. De ese total, Q119 mil 762 millones corresponderán a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en concepto de recaudación a los contribuyentes.

En cuanto a las fuentes financieras —la deuda interna (bonos del Tesoro) más la deuda externa (préstamos)—, se prevé que asciendan a Q36 mil 617 millones.

Por bonos, los diputados de esta legislatura, con el respaldo de las autoridades del Minfin, aprobaron un cupo de endeudamiento por Q25 mil 598 millones. Por préstamos, se suman Q5 mil 601 millones.

Se estima que el saldo de la deuda alcance Q287 mil 348 millones para diciembre del 2026. El 2026 podría cerrar con una deuda pública que se aproximaría al 33% o 34% del PIB, que tiene una lectura de un nivel aún manejable, aunque en crecimiento.

Eso implica que el Ejecutivo tendrá una alta dependencia del endeudamiento para cerrar la brecha entre los ingresos y los gastos, conocida como déficit fiscal, lo cual refleja una “estructura fiscal frágil”.

Por ingresos de capital, se estiman Q51 millones.

Puntos críticos

Una de las fortalezas en la financiación del plan de gasto es que se prevé un crecimiento moderado de la recaudación, y que la administración tributaria tiene ahora obligaciones más estrictas. Sin embargo, uno de los riesgos es la volatilidad y posible sobreestimación de los ingresos tributarios.

También se dependerá del IVA a la importación, que suele ser sensible a la variación del tipo de cambio del dólar y al comportamiento del comercio internacional, especialmente con los principales socios comerciales. Si la recaudación cae en un parámetro de entre 3% y 5%, la brecha fiscal podría aumentar entre Q3 mil millones y Q6 mil millones.

En cuanto a los riesgos del gasto de funcionamiento, Guatemala sigue arrastrando rezagos en infraestructura, persiste la rigidez presupuestaria y se observa un crecimiento continuo en el pago de sueldos y salarios a los trabajadores estatales, conocido como masa salarial.

Estas condiciones pueden generar escasas posibilidades de maniobra presupuestaria para reasignaciones en caso de emergencias.

Respecto del rubro de inversión, el monto asignado es adecuado para generar condiciones de crecimiento e impulso económico desde el sector público. No obstante, el Ministerio de Comunicaciones, la Dirección General de Caminos, la Unidad de Conservación Vial y los Codedes mantienen un promedio histórico de ejecución bajo, que no supera el 65%. Además, la operación de la Dirección de Proyectos de Infraestructura Vial (Dipp) podría provocar un estancamiento transitorio.

Industria rechaza presupuesto por excesivo e insostenible

Por medio de un comunicado de prensa, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) fijó su postura de rechazo al presupuesto general del Estado para el 2026. “El proyecto es excesivo, insostenible y ajeno a las prioridades reales del país, profundizando una ruta de endeudamiento que castiga directamente a los ciudadanos”, expusieron.

Indicaron que, a pesar de las leves modificaciones realizadas por la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República —que preside el diputado Julio Héctor Estrada Domínguez—, como la reducción del techo presupuestario y la disminución de bonos y préstamos, entre otros, el problema de fondo sigue intacto, con un monto final que supera los Q163 mil millones.

El sector industrial reiteró que es inaceptable que, mientras el país enfrenta problemas urgentes de seguridad, movilidad, salud y un costo de vida en aumento, el Estado insista en recetar un presupuesto desfinanciado.

Anam cuestiona endeudamiento

El presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Sebastián Siero, expresó su preocupación por la cantidad de préstamos aprobados en el presupuesto para el 2026, con los cuales se endeuda al país por más de Q10 mil millones. A su criterio, esto no es válido, dado el alto nivel de liquidez en la caja fiscal.

Respecto de los fondos destinados a los Codedes, indicó que estos permitirán que las unidades ejecutoras de las municipalidades trabajen y ejecuten obra.

“Al momento en que los ministerios no están trabajando ni llevando obra, los Codedes han sido la forma más ágil de hacerlo, porque representan 340 unidades ejecutoras activas”, señaló Siero. Agregó que a los alcaldes les corresponderá salir a ejecutar para reparar carreteras y construir escuelas o centros de salud que necesita el país.

El directivo de la Anam añadió que los alcaldes enfrentarán un reto el próximo año. Considera que, a partir de la entrada en vigor del Decreto 7-2025, que agiliza la gestión de avales de proyectos, estas obras podrán comenzar a ejecutarse en el corto plazo en los territorios municipales.

“Una vez que entre en vigencia el presupuesto, los alcaldes buscaremos los convenios con los gobernadores, ya que se debe firmar un convenio entre la gobernación departamental y la municipalidad. Con eso, podremos iniciar los procesos de licitación”, añadió el directivo edil.

Explicó que existen dos tipos de fondos: unos que se distribuyen mediante una fórmula y otros asignados a través del Congreso. Sobre estos últimos, afirmó que su ejecución podría complicarse debido a “la corrupción que ha llegado al Congreso para la compra de voluntades, lo cual es innegable”.

Fundesa pide fiscalizar fondos viales

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), consideró que es muy probable que muchos diputados no habían terminado de leer el dictamen al momento de aprobar el presupuesto, el cual circuló el martes durante el día.

Además, señaló: “Será muy importante lo que se logre ejecutar todavía este año, porque la ejecución es muy baja, especialmente en el Ministerio de Comunicaciones”.

Con el decreto del nuevo presupuesto se permite al Ministerio de Finanzas hacer readecuaciones presupuestarias de los fondos asignados a la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (Dipp), que se trasladan a Covial, por lo que será necesario seguir fiscalizando el uso de los fondos para asegurar el mantenimiento de las carreteras, añadió.

“Este gobierno tendrá mucho presupuesto, así que esperamos que la inversión y las oportunidades que necesita el país puedan seguir impulsándose”, expresó Zapata.