Los alcaldes buscaron el apoyo político que esta semana se concretó con la aprobación de la ley que faculta a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) para retener los fondos que no se ejecuten durante el año, según confirmó Sebastián Siero, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam).

El representante de los alcaldes explicó, en una entrevista, que desde mayo gestionaron el respaldo de algunos diputados para impulsar la normativa, que —según su perspectiva— se aparta del discurso oficialista, el cual la tacha de corrupto y opaco.

Siero afirmó que la ley busca ejecutar los proyectos ciudadanos promovidos desde los Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural (Cocodes), en los cuales el ente municipal solo actúa como ejecutor, pero no decide.

Durante la entrevista, el presidente de la Anam dijo que diputados oficialistas habrían intentado sin éxito, mediante ofrecimientos económicos, que algunos legisladores no respaldaran la aprobación de la ley, que finalmente se convirtió en el Decreto 7-2025.

¿Cómo evalúa la aprobación del decreto 7-2025?

Es curioso cómo el Ejecutivo opera en contra de esta ley cuando ellos mismos han propuesto artículos en leyes diferentes que generan los mismos resultados. Ellos presentaron la ley de agilización de trámites y la presentaron en el Presupuesto del 2026, en el artículo 55, y busca exactamente lo mismo que esta ley que se aprobó. Entonces, cuando ellos lo proponen sí está bien, pero cuando nosotros lo proponemos no está bien, y el objetivo final es el mismo.

La diferencia entre una y la otra es que, en lugar de que se apruebe como una ley independiente como esta, ellos la quieren condicionar en el presupuesto para usarlo como un chantaje para que se logre aprobar el presupuesto, cuando nosotros creemos que deben de ser discusiones totalmente separadas.

Hay voces que piden que se vete la ley. ¿El decreto tiene aspectos buenos?

Han salido algunas voces de algunos gremios o cámaras que nosotros también ya habíamos hablado con ellos, y lo que pasa es que el Ejecutivo les fue a hablar y los fue a malinformar. Lamentablemente, algunos de estos tanques de pensamiento o alguna de estas cámaras se dejaron engañar en lugar de escuchar a ambas partes antes de emitir una opinión.

Nosotros dentro de poco vamos a salir con un pronunciamiento demostrando que, así como pueda haber estos pequeños grupos diciendo que no están de acuerdo, hay muchos grupos diciendo que estamos de acuerdo y la matemática lo dice por sí sola.

En consejos de desarrollo hay más de 2 mil proyectos ahorita, esos tienen detrás de ellos 2 mil Cocodes. Hay que resaltar que los proyectos de Codede no son municipales ni del Ejecutivo, vienen de una participación ciudadana, y estás afectando a 2 mil Cocodes, 340 alcaldes y súmale a los diputados.

Cuando se aprueba una ley con más de 108 votos, tenés que reconocer que hay algo que está pasando, que hay algo que está mal y que se está tratando de arreglar, porque lograr consensos en el Congreso, particularmente en esta legislatura, para lograr 108 votos es algo sumamente complejo, y se logra con temas que realmente generan un problema a todas las partes, como fue esto.

El @CongresoGuate aprueba ley para que los Codedes puedan retener el dinero no utilizado en el año. Diputados de oposición proyectan un fondo de Q9 mil millones. 108 diputados votaron a favor de omitir el dictamen y aprobar la ley de urgencia y 32 votaron en contra. pic.twitter.com/VFM7RxNQoS

— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) September 2, 2025

¿Qué es lo bueno o lo mejor que tiene esta ley?

Que elimina el chantaje del Ejecutivo hacia el Legislativo y hacia las alcaldías, principalmente. O sea, que aquí hay un chantaje donde no te entregan los fondos, donde no te dan los avales si uno no está con ellos políticamente.

El mejor chantaje que se puede ver es que lo meten en la ley del presupuesto, en el artículo 55; es una forma de chantajear y condicionar que se vote por el presupuesto del 2026. Ese artículo genera los mismos fines que la ley que se aprobó en el Congreso.

No lo quieren como una ley aparte, es una forma de chantajear políticamente. No estamos en contra del presupuesto, eso se debe de analizar y verlo. Pero estamos en contra de que siga ese chantaje, que es un mecanismo no solo de este gobierno, viene de todos, y la ley da una solución a eso.

Muchos dicen que la ley va a causar corrupción o mecanismos oscuros, pero al contrario, la ley no toca nada de eso. Siguen todos los procesos de contratos, licitaciones, controles y más, siguen bajo las mismas leyes actuales.

Lo único que hace esta ley es quitarle el chantaje al Ejecutivo, hacia los alcaldes y hacia los diputados, y, aparte de quitar el chantaje, le pone tiempos, porque el tema de los avales lo van a entender como que si se van a dar reforma automática y no, lo que le estamos poniendo al Ejecutivo son tiempos.

Yo como alcalde envío mi aval y el Ejecutivo tiene dos días para presentarme previos, y si en dos días no me presenta previos, después de cinco días queda aprobada.
Pero el procedimiento y el mecanismo de los avales sigue siendo el mismo, con la única diferencia que ahora hay tiempos. Entonces eso es lo que hace, obligar al Ejecutivo a que se ponga a trabajar y que sea ágil, a este Ejecutivo y a los próximos que vengan, porque no es algo enfocado en este gobierno específico, sino es algo que es un problema que nosotros venimos señalando que se viene dando desde hace muchos gobiernos, que ahorita fue que logramos los consensos políticos para que se aprobara.

Decarta riesgos

Gente de Cien y del Incep, por citar solo a dos organizaciones, dice que habrá muchos fondos mal empleados en año preelectoral. ¿Cree que ese riesgo sea real?

No. O sea, el tema de los muchos fondos disponibles mal empleados es culpa del Ministerio de Finanzas. El mayor ejemplo es la cantidad de dinero que destinaron en aportes extraordinarios en el 2025.

Mientras el Ministerio de Finanzas siga con esa mala práctica, eso es lo que te da ese riesgo, porque tenés esos fondos. Igual, el riesgo lo diluís cuando justamente lo entregás a los Codedes, porque son a través de una participación ciudadana. Si no se los das, ese dinero se lo va a quedar el Ejecutivo y sí lo va a utilizar en año preelectoral.

Por ejemplo, si esos fondos se los queda el Ministerio de Desarrollo Social, el partido que desee apoyar el gobierno de turno va a tener esa ventaja. Al entregar los fondos disminuís los riesgos, porque los repartís a nivel nacional en vez de centralizarlos en el Ejecutivo.

🚨 #COMUNICADO | Invitamos al Organismo Ejecutivo a que revise detenidamente las implicaciones de dicha ley y pueda evaluar el veto de la misma.@ASIES_GT@CACIFGuatemala@cjggt@FundacionLD@guatevisible@jovenesporguate@organismonaleb@1eroGuate@U_Landivarpic.twitter.com/GRhNGc0L5W

— Foro Guatemala (@foro_gt) September 4, 2025

¿La ley tiene algo mal redactado o que se pudo plantear mejor?

Creo que lo de los avales debió no ser cinco días sino 30, pero reducirlo es una forma de mandar un mensaje político al Ejecutivo, que es hora de que despierten, que entiendan que ya no son oposición, sino un gobierno que tiene que trabajar porque el Estado está parado.

De esta ley había cuatro propuestas diferentes en el Congreso y se tuvo que unificar las cuatro propuestas para llegar a un consenso, y por eso es que se lograron los 108 votos. Es más, la primera vez que se trató de pasar esta ley fue el año pasado y se aprobó, solo que los fondos de consejos de desarrollo del 2024 se pasaban para el 2025, y el resto de artículos no se aprobaron. O sea, no lo metimos en la ley porque la bancada del Ejecutivo nos pidió tiempo.

Nos dijo: “Miren, señores, es nuestro primer año, dennos tiempo, vamos a arreglar el problema de los retrasos de los avales, vamos a arreglar el problema que el Ministerio de Finanzas no entrega los fondos a tiempo. Denos chance, que es nuestro primer año”, y por eso fue que el año pasado en el Congreso igual estaba el consenso para pasar todo y, por darle ese beneficio de la duda al Ejecutivo, solo se pasó el tema de que los fondos se mantenían para el siguiente año. Pero después de un año, los tiempos en lugar de disminuir y acortarse, los duplicaron o triplicaron. O sea, te pongo un ejemplo: una licencia del medioambiente hoy te tarda en salir el tríplice o lo que te tardaba en salir antes.

Señala al oficialismo

¿Qué papel jugó la Anam en la aprobación?

Esto no es solo tema de la Anam o solo mío, es un esfuerzo de muchos alcaldes para socializar y hablar de esto para buscar consensos con los diputados distritales, principalmente.

Nosotros venimos hablando desde mayo de este año. Se intentó pasar –aprobar– las semanas anteriores, pero el Ejecutivo ofreció a diestra y siniestra cosas para que no se aprobara.

¿Cómo qué cosas?

El martes les fueron a ofrecer a los diputados Q50 millones a cambio de que no votaran a favor de esto. Lo hicieron los diputados de la bancada oficial, que si no votaban por esto, a la hora del presupuesto les iban a dar Q50 millones en extraordinarios.

Cuando ellos hacen esa mala práctica de ofrecer dinero bajo la mesa es cuando nos dan la razón a nosotros y nos terminan de empoderar políticamente para que la ley se apruebe.

El presidente Bernardo Arévalo no ha fijado postura, se desconoce si va a vetar o sancionar. ¿Qué haría la Anam y el Congreso ante un posible veto?

Yo creería que la quiere vetar, porque el ministro de Finanzas salió diciendo que hay que vetarla, porque no les salió la jugada de los Q50 millones por diputado que estuvo ofreciendo en el Congreso.

Si pasa esto, regresa al Congreso y el pleno tiene la potestad de aprobarla y publicarla en el Diario Oficial.

No lo puedo garantizar, pero mi percepción, porque yo he hablado con alcaldes y con varios Cocodes esta semana a nivel nacional, es que si el presidente la veta va a tener manifestaciones públicas. No digo bochinches, pero muchos Cocodes y alcaldías se van a manifestar; me imagino que mandando cartas o con algún tipo de caminata.

Esto hará una molestia grande y no a nivel de las alcaldías, sino de los Cocodes. Hay 2 mil proyectos que representan a 2 mil Cocodes, que es una estructura de participación ciudadana que espera estos proyectos, y al momento que no se apruebe habrá un rechazo y malestar.

Están queriendo darle un tinte a estos proyectos como municipales, y no. Estos proyectos de los Codedes vienen de una participación ciudadana, pero la ley nos mete a ser la unidad ejecutora. Pero yo como alcalde no decido. Yo no elijo los proyectos como alcalde; lo eligen los Cocodes.

Rechazan señalamientos

Al ser consultado el diputado oficialista José Carlos Sanabria, el operador político del presidente Arévalo en el Congreso, este rechazó la versión de un supuesto soborno de Q50 millones en obras para que los diputados votaran en contra de la ley.

“Eso es rotundamente falso, eso es mentira lo que dice el presidente de la Anam. No hubo ofrecimientos, lamentablemente es triste que él este tratando de desacreditarnos utilizando mentiras”, enfatizó Sanabria.

El oficialista también rechazó la supuesta estrategia de chantaje político para conseguir la aprobación del presupuesto 2026. “Nosotros nunca buscamos chantajear, y si, efectivamente viene en el proyecto de presupuesto un artículo pero viene en otras condiciones”.

Sanabria añadió: “Nosotros estamos conscientes de que es necesario generar mecanismos que nos permitan asegurar la inversión pública en el territorio, pero en ningún momento con el objeto de intentar chantajear. Entiendo que hay gobierno que han utilizado ese tipo de cosas pero nosotros no”.

El congresista destaca que la posición oficial fue estar en contra del decreto 7-2025, pero al ser consultado si presentaron algún tipo de objeción volvió a explicar que siguen analizando una estrategia, pese a que el último día para cuestionar la ley desde el Legislativo, fue ayer.