Los diputados aprobaron, de urgencia nacional, una ley para que los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) retengan, en el 2026, los fondos no ejecutados en el 2025.

Se trata del Decreto 7-2025, que no tuvo dictamen y faculta a los Codedes a retener los recursos públicos que no se ejecuten durante el año fiscal.

Este lunes 8 de septiembre, el presidente Bernardo Arévalo fue cuestionado al respecto, durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura.

Afirmó que el referido decreto no ha llegado al Ejecutivo y que el Congreso espera concluir con los procesos de ley.

“Nosotros ya lo estamos estudiando; tenemos las mismas preocupaciones que el conjunto de la población, alrededor de que no podemos permitir que haya mecanismos que, por la razón que sea, abran la puerta a estos mecanismos de corrupción. Así que estaremos atentos a revisarlo en cuanto nos lo envíe el Congreso. Por el momento, estamos analizándolo”, aseguró Arévalo.

También se le consultó por el pronunciamiento del alcalde de Santa Catarina Pinula y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Sebastián Siero, quien llamó a manifestar si se veta el Decreto 7-2025.

Arévalo respondió: “Es el mismo alcalde que no le gusta la lucha contra la contaminación, ¿verdad? ¿Qué quiere que le diga? Creo que le gustan las causas perdidas y, pues, evidentemente, a él no le preocupa la lucha contra la corrupción, que sí nos preocupa a nosotros”.

Agregó: “Nosotros tenemos un conducto abierto con los alcaldes, estamos hablando con ellos y, la verdad, hemos encontrado disposición al diálogo, porque también entienden que hay problemas. Hay que preguntarle a él por qué la necesidad de actuar siempre con amenazas, como que no tiene mucha confianza en la solidez de sus propios argumentos”.

“Si el presidente veta la ley (7-2025), va a tener manifestaciones públicas”, dijo recientemente Sebastián Siero, presidente de la Anam.

Ampliación sobre la función de los Codedes

Arévalo también indicó que el país necesita que la inversión pública se refleje en obra construida.

Añadió que cuando un Codede decide construir un instituto de educación básica, por ejemplo, puede hacerlo, pero es el Gobierno el responsable de proporcionar el equipamiento; lo mismo ocurre con los puestos de salud.

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Indicó que la Ley del Presupuesto establece que los Codedes deben tener preparados y planificados los proyectos desde dos años antes. Sin embargo, lo que ha sucedido es que las obras se planificaban y ejecutaban en el mismo año, por lo que hay proyectos que se terminaron de planificar a mediados del 2025 y, ya aprobados, solo quedan seis meses para su implementación.

Explicó que se ha discutido en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, y con los alcaldes, que harán dos cosas: una, trabajar para que los proyectos que se ejecutarán en el 2027 estén aprobados al 31 de diciembre del 2026.

Según Arévalo, esto permite un año para la ejecución de la obra, algo que no ocurre actualmente debido al rezago.

Agregó que hay proyectos para los cuales no alcanzará el tiempo, y según él, ese dinero no conviene que regrese a la cuenta general del Estado, sino que continúe traduciéndose en obras identificadas por el Codede.

Afirmó que se ha acordado permitir que los proyectos no concluidos al 31 de diciembre puedan continuar el año siguiente, para que las obras sean entregadas.

Mencionó que, en ese sentido, en la Ley del Presupuesto se ha incluido un artículo que permite comenzar con esa práctica desde el 2025. No obstante, para ello deben agilizarse los avales.

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