Para cualquier persona conocedora de la ley o poseedora de un simple sentido común, lógico, es absurda, ilegal y mal intencionada la decisión del juez Fredy Orellana y del Ministerio Público de declarar nula la elección del 2023. A nadie debe sorprender, aunque en realidad es innecesaria, la ratificación de los resultados ratificada obligatoriamente por el Tribunal Supremo Electoral, cuya presidenta considera al tema concluido al haber sido avalados por la Corte de Constitucionalidad. De haber entrado a la jurisprudencia nacional, el país hubiera tenido primero un Ejecutivo acéfalo durante el lapso de elegir a otros dos ciudadanos para un período total cuyo fin no sería el 15 de enero del 2028, sino cuatro años después de cuando inicie. Caos, puro y duro.

Arévalo maneja curiosamente los tiempos. Al inicio pudo expulsar a María Consuelo Porras porque su período era ilegal al haber sido heredado por otro igualmente fuera de la ley. Esa falta de conocimiento de sus allegados significó el inicio de un mal gobierno y de ataques constantes de esta “doctora en derecho”, grosera y dispuesta a romper la ley al encarcelar a ciudadanos inocentes. Ahora, utilizó su sorprendente discurso dominical para solicitar al secretario General de la OEA una reunión de emergencia para librar esos ataques, aunque su posición es débil debido a hechos vergonzosos y peligrosísimos como la fuga de los reos de la cárcel y el robo de armas militares con obvio destino a mareros, una causa del aumento del desprestigio del gobierno.

De haber sido defenestrado, habría asumido la vicepresidenta, quien al verse obligada a renunciar o negarse a aceptar el cargo, obligaría a este super desprestigiado Congreso a elegir a dos ciudadanos. Como no hay normas, estos pueden ser diputados, ciudadanos desconocedores del manejo del Estado, parientes, amiguetes. El sistema ya ha funcionado. A Serrano y Espina lo sustituyeron de León Carpio y Herbruger. En vez de Pérez Molina y Baldetti llegaron Maldonado y Fuentes Soria, pero ahora hay ausencia de posibles candidatos aceptables con experiencia. Nadie sería oficialista, obviamente, y pueden ser algunos ya en adelantada campaña, aunque lo nieguen. Ante esto, la crisis no continuaría ni sería peor, sino “piorísima”, palabra necesitada de acuñarse.

Desde esta perspectiva, parecería ser innecesaria la solicitud presidencial de ayuda al Secretario General de la ONU, el surinamés Alberto Ramdin, por las razones expuestas por la presidenta del TSE y publicadas ayer en la prensa escrita, radial y de televisión. Pero hay un motivo: el desconocimiento de la declaración oficial de la magistrada Leyla Lemus, presidenta de la CC e integrante del grupo antioficialista, por lo cual no está segura la fecha para conocer cuando decidirá acerca de las acciones de nulidad total presentadas por Orellana. Todas estas acciones evidentemente están dirigidas a debilitar más al gobierno, a lo cual contribuyen tantas acciones equivocadas.

En esta ocasión, con el congreso como es, el caos está a las puertas. La solución a la crisis es otra y está en manos de Arévalo: mandar a su casa a los amigos y sustituir casi todo el gabinete con gente capaz y experimentada. Cambiar su estilo de oratoria y cumplir promesas no cumplidas, “en el marco” de los criterios políticos. En él recae la responsabilidad de escoger a quienes lo acompañan, así como la de admitir el descenso de su presidencia, en buena parte producida por el rechazo popular a la tres veces perdedora Sandra Torres, obstinada en llegar a la presidencia considerándola una monarquía absoluta, como es el evidente y preocupante caso de El Salvador y Estados Unidos, donde las leyes y la Constitución valen cada vez menos.