Trump entró a su segundo mandato con la espada desenvainada. Los impactos de su administración en la economía mundial, la geopolítica, los renovados nacionalismos y extremismos en distintas partes del planeta, las narrativas del poder y más, son evidentes. Sin embargo, me referiré particularmente a algunos impactos de la política migratoria trumpista, ya que Guatemala no solo está a dos pasos de los Estados Unidos, ubicada en uno de los corredores migratorios más grandes del mundo, sino que, además, hay casi 4 millones de inmigrantes guatemaltecos en aquel país y el 20% de nuestro PIB procede de las remesas que esos inmigrantes envían a sus familias.

Las deportaciones de Estados Unidos a Guatemala han sido una constante desde hace más de tres décadas, ya que la política exterior estadounidense no hace mucha diferencia entre republicanos y demócratas cuando de políticas migratorias se trata. Según recordaba la maestra Lucía Muñoz hace pocos días, la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (Irca), firmada por Reagan en 1986, legalizó a la mayoría de inmigrantes indocumentados que habían llegado a EE. UU. antes de 1982 y permitió a 2,7 millones de ellos obtener residencia. Sin embargo, en 1989 se registró un millón de detenciones migratorias, mayoritariamente de guatemaltecos. En 2012, Obama creó el programa Daca, para proteger la deportación y dar permisos de trabajo a inmigrantes indocumentados que llegaron a EE. UU. siendo menores de edad, pero él también fue conocido como el deporter-in-chief, por las más de 3 millones de deportaciones durante sus ocho años de administración, comparadas con los 2 millones durante el gobierno de George Bush y los 900 mil durante la administración Clinton.

Aún es muy temprano para medir en cifras las deportaciones de la administración Trump, pero, según el New York Times, durante este corto periodo de su segundo mandato, ICE ha deportado a más de 180 mil personas. Proyectan que, para final de 2025, se habrá deportado a más de 400 mil personas. Hasta la primera semana de agosto habían sido deportadas 1,500 personas cada día. (https://www.nytimes.com/interactive/2025/08/21/us/

trump-deportations-summer-data-immigration-arrests.html). Otros claros impactos de la política migratoria de Trump son: la Orden Ejecutiva 14159, titulada “Protección del pueblo estadounidense contra la invasión”, que manda a todos los extranjeros registrarse con el gobierno. Además, se decretó desde enero de 2025 un estado de emergencia en la frontera sur, aumentando la cantidad de agentes de ICE y el tamaño del muro. Se han reinstalado políticas como la de “Remain in Mexico” (quédate en México) y se eliminó el sistema de liberar a inmigrantes mientras solicitaban asilo. Ha pedido la revisión exhaustiva de los 55 millones de personas con visas estadounidenses activas y, a través de la Orden Ejecutiva 14160, eliminó el derecho automático a la ciudadanía por nacimiento. También se eliminó el programa de reasentamiento de refugiados y se han producido deportaciones aceleradas sin audiencias judiciales, así como sanciones a las ciudades santuarios por la vía del retiro de fondos federales.

No es poca cosa en apenas 8 meses. Simbólicamente, también va dejando impactos claros en el ámbito migratorio: ordenó pintar de negro el muro en la frontera, para que escalarlo fuera más difícil al calor del sol. Y abrió centros como el de Alligator Alcatraz, en Florida, o el de Cornhusker Clink, en Nebraska, para detener a inmigrantes en situación irregular.

¿Qué hacen nuestros gobiernos ante medidas como estas? ¿Cuál ha sido la capacidad de negociación de nuestros sucesivos gobiernos ante las políticas decididas en el norte? Será tema de un futuro artículo, pero según nota del analista migratorio Fernando Castro, en Alcatraz hay 249 inmigrantes guatemaltecos, el grupo más numeroso entre los allí detenidos. ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado de Guatemala en este caso y cómo se garantizarán los derechos de todos ellos?