La adquisición de medicamentos por 943 millones de dólares mediante la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) ha generado una amplia controversia política y jurídica.

El contralor general de Cuentas, Frank Bode, informó sobre la presentación de una denuncia penal en la que se menciona al hermano del presidente Bernardo Arévalo en relación con el proceso de compra.

En paralelo, el proyecto de Presupuesto 2026 contempla nuevas adquisiciones y obras gestionadas por organismos internacionales, lo que ha suscitado cuestionamientos acerca de la supervisión nacional sobre estos convenios.

El debate actual se centra en los alcances de la cooperación internacional y en la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en el uso de los recursos públicos.

Martínez detalló que el hermano del presidente Arévalo les cobrará Q600 millones por hacerles el favor de administrar su dinero, expresó.

El caso de la compra de medicamentos mediante UNOPS no solo revela las tensiones entre eficiencia y transparencia, sino que plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado de fiscalizar cuando delega la gestión a organismos internacionales.

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Por Roxana de León