El aumento salarial que se recetaron los diputados es un puñetazo en pleno rostro de los millones de guatemaltecos que viven en la miseria. Una ofensa que fue bañada con el mezcal que el diputado Luis Aguirre, de la bancada Cabal, regaló a sus colegas que habían logrado hacerse de una importante tajada del presupuesto nacional del 2025. El momento lo ameritaba porque no solo consiguieron incluir un aporte extraordinario de Q5,012 millones para los Consejos Departamentales de Desarrollo, en el cual los diputados pueden meter la mano, sino que también obtuvieron un incremento desproporcionado de sus ingresos mensuales. En septiembre pasado, habían intentado subirse sus salarios por medio de una iniciativa de ley, pero las reacciones adversas que encontraron entre otros diputados los hizo desistir. Por eso, a escondidas en la madrugada del 26 de noviembre lograron su propósito de equiparar sus emolumentos a los de los magistrados del Organismo Judicial, algo por demás sin sentido.

Por medio del acuerdo 31-2024, el Organismo Legislativo aprobó un presupuesto de Q1,464.6 millones para su funcionamiento del 2025. En una sesión que duró más de 15 horas, 87 diputados levantaron la mano para aprobar el grosero aumento de sus salarios que, de Q29,150, pasará a Q51,939 mensuales, a partir de enero próximo. O sea que de la noche a la mañana tendrán Q22 mil más cada mes, lo que representaría un 75 por ciento de incremento. Pero a eso se agrega que la mejora salarial incluye el derecho a la indemnización y las prestaciones de ley, como aguinaldo, bono 14 y vacaciones. Este asalto al erario constituye una aberración porque un diputado no es un empleado común y corriente que puede reclamar indemnización en caso de ser despedido. Un diputado ha sido electo por un período de cuatro años, por lo que no puede alegar destitución.

Prensa Libre publicó ayer que cada cuatro años el Legislativo tendría que erogar Q33 millones por concepto de indemnización, ya que cada diputado que no fuera electo recibiría Q207,756. Esta prestación aumenta para quienes tienen más períodos como legisladores. Ese es el caso de los diputados Joel Rubén Martínez, de la bancada Vamos, y Luis Alberto Contreras, de la bancada Creo, que llevan seis períodos, recibirían Q1.24 millones cada uno si no son reelectos en los próximos comicios. José Inés Castillo, de la UNE, conseguiría Q1.03 millones; Sofía Hernández, de Vamos, y Fidel Reyes Lee, de Bien, alcanzarían Q831,024 cada uno si no fueran reelectos. Pero no solo los diputados están de plácemes, ya que el incremento llega también a los empleados de ese organismo. Debido a la existencia del pacto colectivo, a los 1,150 trabajadores con plaza fija se les debe brindar un 10 por ciento de aumento.

Hasta el momento solo dos partidos han tenido reacciones adversas hacia este saqueo de los recursos públicos. La bancada de Victoria expulsó a los dos diputados que apoyaron el aumento y el diputado José Chic, de la bancada Vos, presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad contra ese incremento. Aunque los diputados de Semilla votaron en contra del aumento no han tomado ninguna acción para tratar de revertirlo, lo cual los convierte en cómplices de este asalto a nuestros impuestos. Su silencio deja ver que eso habría sido parte de las negociaciones que hicieron para lograr la aprobación del presupuesto nacional del 2025. No existe ninguna justificación para esta piñata de los recursos del Estado que provienen de nuestros bolsillos. Cuando estaban en campaña sabían perfectamente cuánto devengarían si llegaban al Congreso, por lo que este aumento salarial no es más que una rapiña de la partidocracia sin escrúpulos. Ojalá la CC revierta este abuso que no es más que otra forma de dilapidar los fondos del Estado.