Los jueces ya están dejando su huella: hasta el sábado, ocho sentencias habían suspendido, al menos temporalmente, las iniciativas del presidente. Otros casos no se han resuelto. Independientemente de los fallos iniciales de los jueces, es probable que se presenten apelaciones contra muchas decisiones, algunas de las cuales podrían llegar a la Corte Suprema en los próximos meses.

Las decenas de demandas se dividen en cuatro categorías principales.

Inmigración

Las medidas enérgicas del gobierno de Trump contra la inmigración (tanto legal como ilegal) han dado lugar al menos a diez demandas, siete de las cuales impugnan la orden ejecutiva por la que revoca el derecho universal a la nacionalidad por nacimiento. Entre los demandantes que pretenden defender la antigua garantía de la Enmienda 14 a la nacionalidad por nacimiento figuran dos grupos de fiscales generales estatales, organizaciones sin ánimo de lucro que representan a madres embarazadas y un abogado del condado de Orange, California, que representa a su esposa embarazada.

Hasta ahora, los jueces que conocen de estos casos se han mostrado escépticos ante la medida de Trump y dictaron dos medidas cautelares que congelaron la orden del presidente. Pero uno de los casos para el que aún no se ha celebrado vista se le asignó al juez Timothy James Kelly, del distrito de Columbia, que fue propuesto por Trump.

Las otras demandas contra las políticas de inmigración del presidente cuestionan la autoridad de los agentes de inmigración para ingresar en lugares de culto; un memorando que acelera y amplía el alcance de las deportaciones; y una orden que les dificulta a los refugiados solicitar asilo en Estados Unidos. El viernes, San Francisco y otras ciudades presentaron una demanda con la intención de bloquear una orden ejecutiva que retendría los fondos federales de las ciudades que no colaboren en la aplicación de las políticas de inmigración del gobierno de Trump.

Presupuestos congelados y despidos

Es probable que esta categoría de litigios aumente a medida que la administración intente afirmar su control sobre los empleados federales, sentar las bases para posibles despidos masivos y retener gastos consignados previamente por el Congreso.

El plan de Trump de congelar hasta US$3 billones en fondos federales encalló en dos casos, uno presentado por un grupo de organizaciones sin ánimo de lucro junto con Democracy Forward, y otro por un grupo de 22 fiscales generales estatales. También está en suspenso, al menos parcialmente, una medida para cerrar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

El jueves, un juez de Massachusetts bloqueó, por ahora, la oferta de “bifurcación del camino” de la administración, que la Oficina de Gestión de Personal del gobierno les envió por correo electrónico a unos dos millones de empleados federales para animarlos a dimitir.

Tres demandas impugnan las medidas de Trump con el propósito de reformar la función pública, por las que se despoja a decenas de miles de empleados de sus protecciones laborales y se le otorga a la Casa Blanca autoridad unilateral para despedirlos si no “aplican fielmente las políticas de la administración”.

Otras demandas cuestionan las acciones del gobierno de Trump para despedir unilateralmente a un miembro de la Junta Nacional de Relaciones Laborales, una de las muchas agencias que se supone que son independientes del poder ejecutivo. Una demanda para impedir que el equipo de Elon Musk tenga acceso a datos confidenciales del Departamento del Tesoro logró un acuerdo para que así sea por el momento.

Derechos de los transexuales

Dos demandas impugnan medidas del gobierno de Trump que ordenan trasladar a mujeres transexuales de prisiones federales a alojamientos para hombres y negarles atención médica para la transición de género. Una de esas demandas dio lugar a una orden de prohibición que impediría la aplicación de la nueva política temporalmente.

Otras demandas se refieren a las intenciones de Trump de prohibirles a las personas transexuales servir en el ejército, denegarles financiación federal a los hospitales que les ofrecen atención para la transición de género a personas menores de 19 años e impedir que las personas transexuales vean reflejada su identidad en su pasaporte estadounidense.

Investigadores del 6 de enero

Dos grupos de agentes y empleados del FBI presentaron una demanda para impedir que Trump haga públicos los nombres de los agentes y miembros del personal que participaron en las investigaciones sobre el motín del Capitolio del 6 de enero de 2021, a fin de evitar lo que temen que sea una purga inminente. El viernes, el gobierno accedió a no hacer públicos los nombres mientras el caso esté en manos de la jueza Jia M. Cobb del distrito de Columbia, designada por el expresidente Joe Biden.