El 12 de agosto marcó el fin de 40 años de explotación en el área petrolera Xan, en Petén: el contrato 2-85 entre el Estado de Guatemala y la empresa franco-británica Perenco llegó a su término, dejando atrás incertidumbre por los efectos ambientales y en el desarrollo de las comunidades en aquel territorio.

Desde entonces, el Ministerio de Energía y Minas comenzó a recibir los activos de la operación en los 59 pozos, el oleoducto, una pista de aterrizaje, una refinería en La Libertad, Petén y un ferry en el río San Pedro.

Todo quedó bajo resguardo del Ejército. Pero mientras el Gobierno evalúa pasos técnicos y ambientales, miles de familias enfrentan una nueva y preocupante realidad: el desempleo y la falta de ingresos.

Lo único que queda activo es el ferry que opera el Ejército al servicio de la comunidad.

Xan operaba dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre (PNLT), que forma parte de la Reserva de la Biosfera Maya, al norte de Petén. El primero de los contratos para la activida extractiva se firmó en 1985 antes que la zona fuera declarada como área protegida.

La distancia

Tras más de diez horas de viaje por carretera, Prensa Libre llegó a La Libertad, donde hasta inicios de agosto funcionaba la refinería. Hoy, las calles lucen vacías. Los negocios han perdido clientela. “Todo ha estado bien tranquilo… ya no hay gente comprando”, lamenta Luis Caal, comerciante local. Como él, decenas de vecinos intentan adaptarse a la pérdida repentina de actividad económica.

El derrame económico de las actividades extractivas se puede entender desde diferentes miradas. Solo en ese municipio, se calcula que más de 600 empleos directos se perdieron.

A nivel departamental, la empresa generaba unos 4 mil empleos directos e indirectos, según cifras del MEM. Y la operación directa, demandaba 281 plazas directas, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo.

Para el Observatorio de Industrias Extractivas, el impacto se debe entender a partir de que la mayoría de las personas locales trabajaban de forma temporal e informal

En zonas como El Naranjo o Santa Marta, comerciantes relatan la caída en ventas y el temor a tener que migrar ante la falta de opciones laborales.

Condiciones de ruralidad

El trayecto hacia el Campo Xan evidencia las condiciones precarias en la región: caminos de terracería, caseríos sin agua ni luz, escuelas cerradas y ausencia de la Policía Nacional Civil. A lo largo de más de 80 kilómetros de oleoducto, el paisaje rural contrasta con la millonaria producción de crudo que el país explotó durante años.

En el Campo Xan, actualmente custodiado por paracaidistas y kaibiles, no hay indicios de actividad. El acceso está restringido. Las instalaciones, antes vitales para la producción petrolera del país, están inactivas. El presidente Bernardo Arévalo visitó el sitio el 27 de agosto y anunció que el lugar pasará a ser un puesto de mando militar. También se desplegó un contingente de la PNC y se anunció un diagnóstico de pasivos ambientales.

Pero mientras se habla de cierres técnicos y resguardo militar, poco se menciona sobre las comunidades que quedaron sin sustento.

Escobar, el extrabajador del área social de la empresa, resume el desempleo como el principal de los impactos. “Toda esa gente se quedó sin trabajo. Ese es el mayor impacto que tiene la salida de la empresa de aquí de Petén”, dijo.

Escobar recuerda que Perenco apoyó durante años proyectos en salud, educación e infraestructura. “Había tres ejes: salud, infraestructura y educación. Más de 60 comunidades se beneficiaban directamente. Eso hoy ya no existe”, lamenta.

Se reducen actividades comerciales

“Estos días todo ha estado bien tranquilo. Antes —cuando operaba la refinería— el movimiento que se veía a diario era grande. Siempre venía gente a comprar a la tienda y en el comedor que está allí —en la esquina— siempre tenía clientela. Ahora no sabemos qué va a pasar, porque hay gente de aquí —La Libertad— que se quedó sin trabajo y ahora están viendo qué hacen”, comenta Luis Caal —quien atiende una tienda frente a uno de los pocos hoteles en La Libertad.

Durante una reunión de jefes de bloques en el Congreso, el diputado del partido Viva, Edin Mejía, insiste en que el Estado debería continuar con la explotación responsable del recurso para evitar el colapso económico regional. “Desde Petén podemos hacer de este país uno de primer mundo”, afirmó.

No todos están de acuerdo. Gabriela Muñoz, del Observatorio de Industrias Extractivas, advierte que durante 40 años el Estado fue incapaz de monitorear el impacto ambiental y social.

Asegura que el contrato representó pérdidas económicas —unos US$77 millones— y que la empresa dejó pasivos que el Estado ahora debe asumir. “Es una contradicción seguir apostando por un recurso que no genera energía para el país y deja pérdidas”, dijo.

Carencias: informalidad e inseguridad alimentaria

Durante el recorrido hacia el campo Xan no se observa operativos ni patrullajes del Ejército, encargado de resguardar tanto las instalaciones como el oleoducto, visible a lo largo del trayecto. También se observa ganado en pastizales, y caseríos donde los pobladores cultivan maíz y hortalizas. Hay algunas tiendas de víveres, pero estas comunidades carecen de servicios básicos como agua potable y energía eléctrica. Dos escuelas estaban cerradas por falta de maestros.

En el departamento de Petén, el 79.8 % de la población vive en condiciones de pobreza multidimensional, es decir, experimenta al menos tres privaciones significativas en su calidad de vida, de acuerdo con el índice más reciente.

Las principales carencias se concentran en dimensiones como la educación, donde el 79 % de los niños y adolescentes presenta rezago escolar por edad; el empleo digno, con una tasa de 78.5 % de informalidad laboral.

En cuanto a los servicios básicos, según los indicadores, el 80 % carece de un sistema adecuado de recolección de basura, y el 75.8 % no cuenta con saneamiento adecuado. Además, 4 de cada 10 personas enfrentan inseguridad alimentaria, mientras que el 37.9 % no tiene acceso confiable a agua potable.

Recuento de aportes: US$1 mil 300 millones

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) estima que el campo produjo 146.4 millones de barriles en total. En 2024, la producción alcanzó 1.8 millones, con un promedio diario de 5 mil barriles.

Los ingresos estatales sumaron más de US$1,300 millones en cuatro décadas, según el MEM.

La cifra equivale a Q10 mil 400 millones al tipo de cambio actual y es apenas un 7% del presupuesto total del Estado para 2025, que asciende a Q148 mil 526 millones.

El costo del cierre técnico se estima en US$50 millones y podría extenderse hasta por ocho años.

El 27 de agosto, el presidente Bernardo Arévalo, junto con otros integrantes de su gabinete de Gobierno, visitó las instalaciones del campo Xan, en San Andrés, Petén, con el objetivo de verificar la restauración del ecosistema, así como la seguridad en la localidad, luego del cierre de operaciones de la empresa Perenco.

En cuanto a la seguridad en el área, el subdirector general de la Policía Nacional Civil (PNC), Esvin Jacinto, informó que ya se desplegó un contingente inicial de 20 agentes, quienes realizarán patrullajes preventivos, así como la custodia de la infraestructura petrolera. Además, confirmó que será desplegado un pelotón de fuerzas especiales ante posibles emergencias o contingencias de tipo social.

Según indicó la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, durante una reunión con jefes de bloques en el Congreso, realizada el 20 de agosto, harán diagnósticos para identificar “posibles residuos de derrames de petróleo u otros productos químicos, determinar si existen aguas residuales contaminando tanques, piletas u otros sistemas de contención de aguas residuales que puedan tener fugas”.

En medio de este panorama, las comunidades siguen esperando respuestas. Las autoridades confirman que hay diagnósticos y convocatorias a empresas para liderar el cierre técnico, pero no hay planes visibles de apoyo económico, generación de empleo o continuidad de programas sociales.

Estado distante

Parte de la deuda con las comunidades de la zona, de acuerdo con Gabriela Muñoz, investigadora del Observatorio de Industrias Extractivas, (OIE), tiene que ver con la ausencia del Estado.

“El gobierno se ha enfocado en equiparar a los asentamientos humanos en la Laguna del Tigre con actividades ilegales o del crimen organizado… creemos que hay que hacer una distinción clara, ya que hay comunidades que se han dedicado a realizar planes reales de reforestación en la localidad y que no han sido tomadas en cuenta dentro de los planes del gobierno” aseguro.

Además, indica que la solución a estas situaciones debe pasar por un diálogo que permita definir “qué es lo que ellos – el Estado – ven como una definición de desarrollo real”.