Con el vencimiento del contrato de explotación petrolera 2-85, con el que operaban el campo Xan y la refinería en Petén, se analiza el impacto económico que representaría su cierre.

El Banco de Guatemala (Banguat) indicó que el cese de esa explotación equivale aproximadamente al 0.07% del producto interno bruto (PIB).

El presidente del Banguat, Álvaro González Ricci, explicó que en el 2024 la extracción de petróleo y gas natural representó el 17.1% de la actividad de explotación de minas y canteras, y que de ello se estima la incidencia mencionada en el PIB.

Agregó que en 2024 el PIB fue de Q878 mil 263.3 millones. Con base en ese dato, se calcula que el 0.07% representa alrededor de Q615 millones, cifra que equivaldría al impacto económico nacional.

Además, el valor agregado nominal de la extracción de petróleo y gas natural en el 2024 fue de Q639.5 millones. Esa cifra ha disminuido en comparación con años anteriores: en el 2013, esta actividad registró un mayor aporte al PIB con un 0.43%, con un valor agregado de Q1 mil 797.4 millones y un PIB nominal de Q416 mil 383.2 millones.

Impacto será local

No obstante, González Ricci señaló que el análisis debe contemplarse en dos vertientes: “Si lo vemos en términos del PIB, diría que es bajo, no es representativo, pero se debe tomar en cuenta otro factor importante, que es el impacto en Petén”, principalmente en las comunidades de los municipios de San Andrés y La Libertad, donde se ubican el campo petrolero y la refinería.

Según fuentes comunitarias, podrían resultar afectadas entre 5 mil y 6 mil familias, lo que representa entre 25 mil y 36 mil personas, dijo el el presidente de la banca central.

Además del impacto en el PIB, las alcaldías dejarán de percibir ingresos derivados de esta actividad, con los cuales mantenían escuelas, centros de salud y otros servicios, dado ese escenario, el Estado deberá asumir tales responsabilidades, refirió.

El funcionario recordó la existencia del Fondo de Petróleo (Fonpetrol), cuyos recursos, en un 90%, eran generados por Perenco, la empresa operadora del campo Xan. Con ese fondo se distribuían recursos a las municipalidades, provenientes de regalías y otros rubros.

“Entonces, aunque en el PIB no es representativo, no podemos dejar de ver la importancia que tiene para Petén, especialmente para esos dos municipios, porque ayuda a generar inversiones, empleos y otros beneficios”, manifestó.

Distribución de fondos

En cuanto a los riesgos fiscales, González Ricci afirmó que el impacto en ingresos tributarios sería marginal. Añadió que la producción fue descendiendo por falta de inversión en los pozos, no por escasez de petróleo, sino por la incertidumbre sobre la continuidad del contrato.

Recordó que ese tipo de crudo se usa para la producción de asfalto, un insumo necesario en el país.

Los fondos de Fonpetrol se distribuían de la siguiente forma: el 5% para los consejos de desarrollo en general, y el 20% para los consejos departamentales donde se realizan operaciones petroleras, que en este caso eran Petén y Alta Verapaz, de manera proporcional a su producción anual.

El campo Xan se ubica en San Andrés, Petén; la refinería, en La Libertad. El oleoducto conecta con Piedras Negras, Izabal.

Impacto puede ser mayor

Julio Héctor Estrada, exministro de Finanzas y actual presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, comentó que con el fin del contrato que generaba la mayor producción petrolera del país, esta caerá drásticamente. Calcula que el impacto sería del 1.1% al 1.2% del PIB y considera que el Banguat debe ajustar sus proyecciones de crecimiento para 2025 y años siguientes.

Estrada advirtió sobre el riesgo que corre el oleoducto, que fue devuelto por la empresa antes de la finalización del contrato. Ahora el Estado deberá cuidar los aproximadamente 300 kilómetros de ducto para evitar su deterioro, como ocurrió con la red ferroviaria. Afirmó que esa infraestructura es clave para futuras exploraciones y conexiones con otros pozos.

Otro efecto sería el costo del cierre técnico del campo, que según el Ministerio de Energía y Minas podría rondar los US$50 millones.

El exministro responsabiliza tanto al gobierno anterior como al actual, por no haber gestionado de forma ordenada la transición, y considera que la falta de planificación daña la imagen del país ante posibles inversionistas. “Hay mucho petróleo en Guatemala; dejar que un contrato expire sin un plan, convierte todo en un problema administrativo”, concluyó.

Estrada también advirtió sobre la pérdida de empleos, demanda e ingresos públicos derivados de esa actividad.

Aporte de Perenco era importante

Olav Dirkmaat, director de UFM Market Trends, identificó cuatro efectos principales: pérdida de ingresos fiscales y aportes locales en Petén; caída en la producción de asfalto, lo que encarecería ese material y se tendría hasta un 30% de sobrecosto en las obras; reducción de actividad económica sin alternativa directa, y el costo del cierre técnico, que el Estado asumiría.

Dirkmaat considera que la decisión de cerrar los pozos sería económicamente y ambientalmente irracional, ya que podrían seguir produciendo durante varios años más, y que la deforestación podría intensificarse ante la falta de recursos para proteger áreas como el Parque Nacional Laguna del Tigre.

Contrario a lo que se dice, asegura que la extracción petrolera sí dejaba ingresos importantes al país.

Jorge García Chiu, exviceministro de Energía y Minas, explicó que la producción se regía por el modelo de “costos recuperables”, mediante el cual la empresa cubría sus inversiones con los ingresos generados, y al Estado solo se le entregaban las regalías, que aumentaban según la calidad del crudo y el volumen extraído. Posteriormente, se sumaron otros aportes como fondos privativos y donaciones.

En cifras

• Según datos del Ministerio de Energía y Minas, entregados a la bancada Vos en abril de este año, en el plazo del 2010 y del 2024 las operaciones del contrato 2-85, a cargo de Perenco Guatemala Limited, generaron ingresos por US$750.73 millones.
• Los costos recuperables reconocidos por el MEM a la empresa por las inversiones efectuadas fueron de US$945.7 millones.
• Los ingresos destinados al fondo común se dividieron así: US$140.93 millones en regalías; US$584.87 millones por participación estatal de hidrocarburos; y US$3.68 millones para Fonpetrol, pero en este último rubro otros informes reportan una cifra de US$16 millones.
• En fondos privativos: US$4.68 millones para capacitación; Q790 mil en cargos anuales y tasas administrativas.
• Contratos de donación: US$11.83 millones para el Batallón de Infantería de la Selva (US$0.30 por barril), y US$3.95 millones para Conap (US$0.10 por barril).
• También se reportaron US$136 millones en ISR durante ese periodo (según datos del MEM publicados por UFM Market Trends).