Poner su cargo a disposición del presidente de la República, Bernardo Arévalo, fue lo primero que debió hacer el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, tras haberse confirmado la rocambolesca, absurda e intolerable fuga de 20 pandilleros del Barrio 18 de la cárcel Fraijanes 2. Los agravantes siguen en el aire: el escape ocurrió durante un lapso todavía indeterminado, con un modus operandi que todavía no se tiene claro y con temidas —pero largamente sospechadas— complicidades penitenciarias aún sin identificar. El titular tuvo el valor civil de salir a dar la cara por el mayor escándalo de su cartera. Intentó atenuar la indignación al anunciar un obvio plan de recaptura. Pero no basta.

No basta, sobre todo a 21 meses de publicitados operativos para recuperar el control carcelario, de reiterados anuncios de requisas y controles carcelarios, de reincidencias en el ingreso de artículos prohibidos, incluidos celulares y terminales de internet. Ese círculo vicioso ya era motivo de preocupación y debía romperse a tiempo. Pero no se hizo. Además, la búsqueda de prófugos es un reproceso que consume recursos materiales y humanos del Estado que bien podrían utilizarse para el combate de otros pandilleros que aún están libres, que siguen extorsionando, sembrando terror en barrios y municipios, que ahora ocultarán a sus jefes criminales, prácticamente liberados por una porosidad corrupta que debió atajarse enérgicamente desde los primeros meses de este período de gobierno.

Hace una semana, cuando ya muchos de los prófugos estaban lejos de la cárcel, Gobernación presentaba una iniciativa de ley antipandillas, como reacción a la declaratoria del Barrio 18 como grupo terrorista por parte de EE. UU., un sello que ahora comparte con sus rivales, los salvatruchas. Ya era tarde.

Sí, ya era tarde. Pero también el Congreso, donde ayer se vociferaban oficiosos argumentos en favor de la “seguridad ciudadana” para avalar una iniciativa similar, entregada en el 2020 y dejada al olvido por el anterior oficialismo —los mismos que tenían mayoría y que hoy se dicen adalides de la mano dura—. Pero el oficialismo y sus presuntos disidentes también ya venían muy atrasados en el impulso de tipificaciones delictivas funcionales, condiciones carcelarias más estrictas a todo nivel, así como el combate de los negocios carcelarios de pandilleros, quienes afirman tener “permisos” gubernamentales. Lo mismo vale decir de los negocios de fachada en barrios y taxis pirata propiedad de pandilleros, que lavan así sus inmundos réditos de sangre. Para eso serviría también la reforma a la Ley de Lavado que los diputados tan justicieros evaden discutir y aprobar.

Este conflicto de intereses y dobles caras está aderezado con criterios timoratos y agendas de otras pandillas, electoreras, que pretenden comenzar la maratón del 2027. Arrastran sus propias prácticas extorsivas, tácticas gregarias, sus cobros indebidos —como el ilícito aumento aprobado a escondidas hace casi un año— y sus jergas demagogas para disimular sus fidelidades inconfesables. Que no crean que no nos damos cuenta. Sus acciones y omisiones previas son como tatuajes grotescos.

De regreso al Ejecutivo, el silencio presidencial es otro error garrafal. Quizá de un equipo de comunicación negligente o de una vana apuesta a que el tema se diluya. Pero no se diluirá. Son demasiado escabrosas las implicaciones y agobiantes los riesgos de tener a 19 sicópatas ocultos y tramando ofensivas violentas. Aumentan las voces que piden la dimisión o la destitución del ministro de Gobernación. Su continuidad acarreará un desgaste aún más difícil de evadir.