El Tribunal Supremo Electoral (TSE) enfrenta una nueva investigación por aparentes anomalías en 320 contrataciones que autorizó Blanca Alfaro, como presidenta en funciones del órgano electoral, según declaraciones ofrecidas por la propia funcionaria en una rueda de prensa este viernes 27 de junio.

Alfaro convocó al pleno de magistrados y a los representantes de los partidos políticos para celebrar una reunión de trabajo, en donde brindó detalles de la nueva investigación que, asegura, enfrenta el ente electoral.

Los antecedentes brindados por Alfaro señalan que uno de los sindicatos del TSE presentó una serie de reportes y denuncias que escalaron hasta el Ministerio Público (MP), lo que, a su criterio, ocasionó la captura de Angelita Martínez, líder de uno de los sindicatos del TSE y quien se desempeñaba como jefa de archivo.

Las 320 contrataciones debían ser autorizadas por el pleno de magistrados; sin embargo, en sus declaraciones, Alfaro manifestó que ella tomó la decisión cuando el pleno se encontraba desintegrado por una pugna entre ella y los magistrados suplentes, derivada de la forma en que asumió la presidencia en funciones del órgano electoral.

—¿Esa primera contratación la conoció el pleno? —Mi persona.
—¿Solamente usted? —Sí.
—¿Ese caso no debía ser discutido por el pleno? —Este tema venía desde febrero-marzo la convocatoria, recuérdese que nos volvimos a integrar hasta el 11 de abril, esas instrucciones ya se habían dado—, respondió Alfaro ante cuestionamientos de la prensa.

Esas 320 contrataciones forman parte de una nueva agenda del pleno de magistrados, ya que, al pasar dos meses de prueba, los trabajadores deberán ser confirmados en sus puestos o bien dados de baja, según lo decidan por mayoría las autoridades electorales.

La investigación

La presidenta en funciones señaló que este caso comenzó con un proceso interno en el TSE, que posteriormente fue escalando. Incluso hubo una autoridad que desestimó los señalamientos, los cuales, según la magistrada titular, ahora son objeto de una investigación en la Feci.

“Fue un sindicato, la misma denuncia que existe en la FECI primero existió en una inspección del TSE, un problema entre dos sindicatos. Esa misma denuncia se presentó en el Ministerio de Trabajo, el cual la desestimó porque dijo que era un problema entre sindicatos”, explicó Alfaro.

La presidenta del TSE estima que la FECI actúa muy rápido ante los hechos denunciados y sugiere que es una conducta sospechosa: “Imagínese una investigación que en dos meses ya llega a un requerimiento de secuestro de documentos”, indicó.

Eliminar a la FECI

Durante el encuentro con los representantes de los partidos políticos, la magistrada presidenta criticó los rumores que circulan en los pasillos del TSE, los cuales apuntan a una investigación y a posibles órdenes de captura.

Incluso, esta semana el TSE fue notificado de un nuevo antejuicio contra Alfaro, del que la magistrada dijo desconocer detalles, debido a que “por salud mental” no había leído los documentos. Agregó que espera hacerlo la próxima semana.

Este nuevo antejuicio también es promovido por la Feci, que dirige el fiscal Rafael Curruchiche. Según Alfaro, dicha unidad ya no tiene razón de existir, por lo que sugirió al próximo fiscal general eliminarla.

“El próximo fiscal general debe terminar con la Fiscalía Especial contra la Impunidad, porque ya existe una fiscalía contra la corrupción, existe una fiscalía de delitos administrativos y debemos terminar con el mal recuerdo de una fiscalía que se ha dedicado a casos selectivos, principalmente a dañar el buen nombre de ustedes como partidos políticos y del Tribunal”, expresó Alfaro a los representantes de partidos, algunos excandidatos a puestos de elección popular.

El fiscal Curruchiche respondió a Alfaro con una crítica al criterio que utiliza para pedir el cierre de la mencionada fiscalía. “Al ser ella una funcionaria pública y sugerir que se cierre una fiscalía, es obstaculizar las investigaciones, -quiere- que no se sepa la verdad y procurarse o procurarles impunidad a sus afines”, dijo Curruchiche.

Alfaro mantiene la presidencia en funciones porque el magistrado titular, Gabriel Aguilera, a quien le corresponde la presidencia está separado del cargo por el proceso penal que enfrenta, por la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que costó Q148 millones.

Esta decisión no fue compartida por los magistrados suplentes, quienes consideran que se obviaron algunos pasos para este trámite, entre ellos, conocer la situación ante el pleno, por lo que mantiene activa una acción de amparo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), recurso por el cual esta semana se evacuaron algunos previos antes que los magistrados del OJ resuelvan la acción legal.

#Ahora | La presidenta del TSE, Blanca Alfaro arremete contra la Feci y dice que el próximo fiscal general del MP la debe desaparecer ya que ha hecho persecuciones “selectivas”. pic.twitter.com/kveKvzPjCK

— Henry Montenegro (@hmontenegro_GTV) June 27, 2025