En la primera semana del mes patrio se concretaron movidas en el Congreso y en la Corte Suprema de Justicia que apuntan a un inescrupuloso desacato de normativas constitucionales y leyes específicas. Pero, sin duda alguna, lo más afrentoso para la institucionalidad es la pasividad de la Corte de Constitucionalidad, al menos en el caso de las ilícitas, improcedentes y, por ende, nulas designaciones de magistrados en salas de Apelaciones, tarea que corresponde al Congreso. Sin embargo, el Legislativo tiene su propia rebelión de masas.

El filósofo y sociólogo español Miguel Ortega y Gasset decía sobre este concepto: “Es el advenimiento de las masas al pleno poderío social”… Pero “las masas, por definición, no deben ni pueden dirigir su propia existencia, y menos regentar la sociedad”. En otras palabras, en el Congreso se da una unificación de varios grupos y tránsfugas, parcial o totalmente incompatibles entre sí, aglutinados alrededor de ambiciones dinerarias y del afán por influir en las elecciones institucionales del 2026: fiscal general, Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral y contralor general de Cuentas. Pero la gazuza por los recursos no es menor, y es lo que está detrás del abyecto decreto 7-2025, que permite el traslado automático, sin auditoría de candados de transparencia, de los fondos destinados a consejos departamentales de Desarrollo.

El lógico llamado de sectores productivos, académicos y técnicos al presidente de la República ha sido vetar tal botín sin fondo, para agregarle mecanismos de transparencia; pero ante tal llamado, el alcalde de Santa Catarina Pinula y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, Sebastián Siero, reaccionó amenazando con que, si Arévalo veta el decreto del dispendio, se convocará a protestas, al más puro estilo de Joviel Acevedo.

De acuerdo con la descripción previa de hechos y situaciones, puede afirmarse que Guatemala está pasando por una seria crisis política y constitucional encubierta, marcada por tensiones entre los tres poderes del Estado a causa de colisiones de intereses, evidentes abusos de potestades e inacciones que en otra época habrían escandalizado a grandes juristas y constitucionalistas guatemaltecos. El Ejecutivo, mientras tanto, sin suficiente peso político legislativo y lastrado por fiascos administrativos previos y parsimonias burocráticas, se encuentra literalmente bajo la espada de Damocles, pero también lo están la democracia y el Estado de derecho.

Cumplir con la ley no es un concurso de popularidad, ni una barda que se pueda torcer para acomodarla a intereses mezquinos. Los nombres de los 108 diputados botineros deberían ser memorizados por la ciudadanía junto con sus sellos partidarios, para saber qué hacer en el 2027. Lo mismo cabe decir de los ediles que ansían fondos estatales a toda costa; el fin nunca justifica los medios. Además, la escasa ejecución a cargo de los Codedes, de apenas un quinto de los fondos asignados, denota que no necesitan más dinero, sino más planificación y mayor sentido del bien común. En todo caso, un veto no es una supresión, sino una oportunidad para afinar los mecanismos para transparentar la ejecución de fondos —que podrían ser de hasta Q9 mil millones en el 2026—.

En el caso de las 17 nuevas salas de Apelaciones: sí, la Corte Suprema de Justicia puede crearlas, pero no designar a sus integrantes. De persistir en tal transgresión, podrían estar cometiendo delito flagrante. La CC y sus integrantes no deberían guiarse por el miope interés de ser reelectos en el 2026. Deben cumplir con su deber histórico, o le quedarán a deber a la patria por siempre.