Un bus destrozado en el fondo de una hondonada. Cadáveres regados entre la maleza. Gritos y dolor de los familiares apagados por el ruido de las sirenas. Así amaneció Guatemala el 10 de febrero pasado, cuando 54 personas murieron y nueve quedaron heridas en la Calzada de la Paz. La tragedia fue brutal, pero más brutal aún es descubrir que, medio año después, el gobierno literalmente se lavó las manos y le dio el visto bueno a un acuerdo gubernativo que favorece a los empresarios del transporte. Prometieron cambios. Juraron que no se repetiría, pero mintieron como los regímenes anteriores.

Un mes después del accidente, el Ministerio de Gobernación cometió el primer despropósito: quiso imponer un seguro obligatorio a todo tipo de vehículo, no solo al transporte de pasajeros, y amenazó con sanciones a quienes no lo tuvieran. Eso generó un fuerte descontento popular, y las autoridades tuvieron que dar marcha atrás. Hoy, seis meses después del accidente, el gobierno supera su propio récord de torpeza con el acuerdo gubernativo 140-2025. Un documento que, lejos de proteger vidas, las pone más en riesgo.

El viernes pasado, el Diario de Centroamérica publicó esas reformas al acuerdo 225-2012, que regula el transporte extraurbano. Lo más grave: desaparece la prohibición de que circulen buses con más de 25 años, establecida en el acuerdo 535-2013. No es un descuido. Es una omisión calculada. Se ignora la norma más reciente para favorecer a los empresarios. El mensaje es claro: primero es el negocio, después la gente.

Para disfrazar la maniobra, en el artículo 2 inventaron un “control” mecánico cada cinco años. Sí, leyó bien: cada cinco años. Y no a cargo de una autoridad especializada, sino de cualquier taller, técnico o mecánico inscrito en la SAT. Incluso los talleres de los propios dueños de buses podrán “inspeccionar” sus unidades. Un sistema hecho a la medida para el soborno, la simulación y la autocertificación fraudulenta.

Las autoridades de la Dirección General de Transporte (DGT) y los empresarios de buses extraurbanos se tardaron seis meses para parir un reglamento que insulta la memoria de las víctimas y legitima la chatarra rodante. Más de 10 mil unidades obsoletas, antes prohibidas, tendrán vía libre para volver a las carreteras. Un triunfo absoluto para los empresarios. Una derrota mortal para los pasajeros.

El nuevo “control” es una burla. Un rótulo de “taller” y un sello bastarán para validar cualquier carcacha. La corrupción hará el resto. El Estado abdica de su obligación de proteger la vida y se convierte en cómplice de un transporte que mata. Ahora veremos cómo de forma casi suicida los pilotos de las unidades extraurbanas se disputarán aún más el pasaje y los buses volarán a altas velocidades, porque el reglamento les vale un comino.

El acuerdo lleva las firmas del presidente Bernardo Arévalo; del ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz Bobadilla, y del secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica. ¿Será que leyeron lo que suscribieron? Porque, al estampar sus nombres, se sumaron a la larga lista de funcionarios que protegen negocios oscuros a costa de vidas humanas.

La renovación del parque vehicular no es un capricho. Es una necesidad urgente para reivindicar el derecho de los usuarios a contar con un transporte digno. Y, sin embargo, lo que el gobierno ofrece es un salvoconducto para perpetuar un sistema podrido. Este acuerdo no solo prolonga la inseguridad: legaliza el peligro y condena a los usuarios a viajar en unidades obsoletas y riesgosas, con la bendición oficial.

La memoria de las víctimas exige respeto, no un reglamento que abre la puerta a nuevos accidentes mortales. Lo que el Ejecutivo firmó no es una política de transporte: es una licencia para que las carreteras se llenen de chatarra que podría enlutar a más hogares.