Los círculos viciosos guatemaltecos se ven evidenciados en algo tan concreto como los vehículos consignados, la gran mayoría completa chatarra, que se amontonan en las afueras de estaciones policiales de todo el país. Por un lado está la gran cantidad de colisiones diarias en calles y carreteras: un fenómeno que combina la negligencia vial, el alcoholismo, el exceso de velocidad y la ineficiencia de las policías de Tránsito, incluyendo la respectiva dirección de la PNC, que no pasa de instalar los mismos retenes de hace 30 años para enfrentar retos contemporáneos.

Por aparte está la lentitud de procesos judiciales que obligan a mantener los vehículos varados inútilmente en predios, pero también en aceras, arriates y calles, pese a que no constituyen “evidencia” de nada más que la atávica ineficiencia. A esto se suma la saturación de los estacionamientos policiales, que en realidad son campos baldíos, sin vigilancia alguna, en donde los vehículos en buen estado pronto dejan de estarlo, pues grupos de ladrones llegan a robarles piezas con total impunidad.

A su vez, estos parqueaderos de chatarra son el reflejo del incremento constante del parque vehicular mientras las áreas de tránsito siguen siendo prácticamente las mismas desde hace un cuarto de siglo. Y es que, ante los rezagos del transporte urbano, el uso de automotores particulares se convierte en una necesidad. Pero aquí también surge otra contradicción: una gran mayoría de conductores y dueños de vehículos incumple con el pago del impuesto de circulación. Queda un mes para hacerlo efectivo y solo uno de cada tres propietarios han cumplido con su obligación. Quizá podría no ser evidente la relación causal de esta responsabilidad, pero es otro reflejo de indolencias hijas de impunidades que crean otras complicaciones.

No faltan los comparsas demagogos que toman este incumplimiento como un pretexto para tratar de ganar réditos populistas: nos referimos a diputados oportunistas que por estos días se hacen pasar por amigos del ciudadano —sí, el mismo ciudadano al cual esquilman con su abusivo, ilícito y abyecto aumento— para decretar prórrogas anodinas que a fin de cuentas solo azuzan la displicencia: total, son expertos en perder el tiempo y dejar de lado sus propias obligaciones.

De contar con un Congreso responsable, consciente y de servicio a los intereses ciudadanos —no a viejas agendas—, ya se tendría actualizada la normativa sobre el procesamiento jurídico de vehículos en condición de pérdida total, la modernización de los mecanismos para devolver automotores bajo apercibimiento judicial y la puesta en marcha de procesos para liberar espacios hoy ocupados por cacastes retorcidos. Sin una norma que ampare tales procesos, incluso de manera excepcional, es difícil que los otros organismos del Estado agilicen el urgente desfogue.

Ello por no mencionar la necesidad de una nueva Ley de Tránsito, moderna, actualizada, lógica y tecnológica, que integre las necesarias regulaciones del transporte de pasajeros —autobuses, microbuses, taxis, mototaxis y bicitaxis— y de carga. Se necesitan penalizaciones reales sobre las licencias de conductores irresponsables, temerarios, prácticamente antisociales. Así también, acabar con la venta de certificados y licencias amañadas. Después de cada tragedia vial surgen las farisaicas y promocionales propuestas de supuestas iniciativas que deberán ser “consensuadas” y discutidas en “mesas técnicas”, pero al final de cuentas quedan varadas como la chatarra misma que hoy estorba los alrededores de comisarías.