La Policía Nacional Civil (PNC) graduará este lunes a 3 mil 400 agentes que, según las autoridades, serán asignados a investigación criminal, al Departamento de Tránsito y comisarías del departamento de Guatemala donde se concentra la mayor incidencia de criminalidad y homicidios.

Édgar Morales, experto en seguridad y exfiscal del Ministerio Público, afirmó que la PNC enfrenta un déficit de patrullas a nivel nacional.

“Ellos —la PNC— no tienen infraestructura para responder a la crisis de seguridad que atraviesa el país”, indicó.

Explicó que la institución, en ocasiones, no contaba con la capacidad para atender los requerimientos de la Fiscalía contra la Extorsión, la cual Morales dirigió hasta junio pasado.

“No tienen vehículos, o estos están descompuestos. A veces, en una comisaría hay asignadas cuatro patrullas, pero dos están en el taller”, añadió.

El 8 de septiembre, la PNC informó que operaban 6 mil 199 patrullas, mientras que otras 2 mil 650 estaban fuera de servicio por daños irreparables.

La institución había previsto adquirir mil patrullas modelo D-Max, marca Isuzu, a Changhe Motors por Q365 millones, pero se desistió de la adjudicación. La Junta de Licitación modificó su decisión por una inconsistencia en el número del Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) consignado por la empresa.

La situación se dio en el marco del reclamo por la distribución exclusiva de ese modelo de picop en Guatemala. Isuzu Panamá publicó un comunicado en el que asegura que Automóviles y Vehículos Comerciales, S. A. (Autocom) y Canella, S. A. son los únicos distribuidores autorizados en Guatemala.

David Custodio Boteo, director de la PNC, manifestó su preocupación por la escasez de patrullas, lo que dificulta mejorar la seguridad ciudadana.

“Las motocicletas y los automóviles son importantes. Como decía el señor ministro —Francisco Jiménez—, no nos interesa necesariamente una marca, sino contar con los recursos de movilidad necesarios”, dijo.

Agregó que necesitan las patrullas con urgencia para atender las demandas ciudadanas y dotar a los agentes de herramientas para combatir el crimen.

Reconoció que, con los nuevos talleres mecánicos de la institución, se han logrado reparar algunas unidades.

El 18 de septiembre, el ministro de Gobernación publicó en redes sociales que se recuperaron 358 motocicletas y 152 patrullas que, según dijo, las anteriores autoridades “daban por perdidas”.

La otra carencia: armas

A los 3 mil 400 nuevos agentes se les asignará equipo táctico y armamento. No obstante, la PNC enfrenta una disminución en el inventario de armas de fuego para los próximos contingentes.

El director de la institución señaló que hay disponibles 5 mil armas para los recién graduados, cantidad insuficiente para cubrir a los 3 mil 500 agentes que se incorporarían en el primer semestre del 2026.

La PNC tenía previsto adquirir 10 mil armas de fuego por Q84 millones, pero el proceso está detenido por dos acciones administrativas interpuestas por proveedores. La Contraloría General de Cuentas (CGC) también promovió una denuncia ante el Ministerio Público.

Las pistolas, calibre 9 x 19 milímetros, marca Pietro Beretta, serían adquiridas a la sociedad anónima Mundo de las Armas, cuyos representantes son hermanos de la ministra de Cultura y Deportes, Liwy Grazioso.

La CGC cuestionó la adjudicación, realizada en una licitación pública con tres oferentes, pues se otorgó bajo la figura de proveedor único.

Custodio afirmó que publicarán nuevos concursos de licitación para resolver los problemas relacionados con armas y patrullas.

Según el portal de Guatecompras el pasado 9 de septiembre el Mingob adjudicó a la empresa Mundo de las Armas, la compra de 3 mil fusiles por Q55.4 millones.

Problemas en adjudicación

Morales considera necesario encontrar una salida a las adquisiciones. “Podrían hacer una compra por emergencia, pero eso facilita la corrupción. Lo adecuado es mejorar la calidad de los procesos internos de licitación”, recomendó.

El exfiscal advirtió que la población es la más afectada por el retraso en la adquisición de equipo.

“Los afectados son los ciudadanos, al no recibir una respuesta inmediata. Por ejemplo, si llaman a la policía por un hecho delictivo y esta llega dos horas después”, lamentó.