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Ejecutivo analiza reformas a ley que libran a las iglesias de la obligación de contar con estudios de impacto ambiental
La Presidencia de la República también está a la espera del decreto 11-2025, ley Antipandillas, que califica como positiva para el país.
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El Organismo Ejecutivo ya analiza el decreto 9-2025, que contiene reformas a la Ley del Medio Ambiente, aprobadas por el Congreso a finales de septiembre, según indicó el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo.
El decreto fue remitido al Ejecutivo la semana anterior y los equipos legales de la Presidencia ya revisan su contenido para determinar cuáles son las posibles inconstitucionalidades, afirmó Palomo durante una conferencia en el Palacio Nacional de la Cultura.
“En cuanto a la mal llamada Ley de Protección del Medio Ambiente, como anunció el presidente el viernes pasado, ya ingresó esta iniciativa para el análisis de los equipos legales y técnicos correspondientes, pero tanto el presidente como la ministra de Ambiente han manifestado su preocupación por lo que esta ley ocasiona y los embates que genera en la política ambiental del país, al margen de que incumple con estándares internacionales y compromisos que Guatemala ha adquirido en el marco de varios acuerdos y tratados internacionales”, indicó el secretario.
Palomo aseguró que, una vez se tome una decisión respecto de la sanción, modificación o veto del decreto, será dada a conocer.
Antes de que el decreto fuera remitido por el Congreso a la Presidencia, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) efectuó un análisis técnico. En él, según el viceministro de Ambiente, Rodrigo Rodas, se detectaron serios vicios de inconstitucionalidad.
De acuerdo con Rodas, la normativa contradice mandatos expresos de la Constitución Política de la República y vulnera convenios internacionales, lo que podría ocasionar inestabilidad jurídica para las inversiones en el país.
El funcionario indicó que el decreto contraviene los artículos 4 y 97 de la Carta Magna. El primero establece el derecho de igualdad para todos los habitantes. “El decreto vulnera este principio al eximir a ciertos sectores, sin criterios técnicos claros, de la presentación del instrumento ambiental”, explicó.
También aseguró que se viola el artículo 97, que obliga al Estado, las municipalidades y los habitantes a propiciar un desarrollo que prevenga la contaminación y mantenga el equilibrio ecológico.
“La reforma deja de considerar el daño ambiental que genera todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad”, argumentó.
Al hacerlo, se genera una “externalidad económica”; es decir, el costo de descontaminar y tratar los desechos producidos se traslada de forma injusta a la población en general, “quien termina pagando los platos rotos de un desarrollo insostenible”, indicó Rodas. Añadió que el texto del decreto, al hacer referencia específica a lo “comercial”, parece excluir de responsabilidad ambiental a un sector clave de la actividad económica.
Esta ambigüedad, sumada a la exención de evaluaciones, abre la puerta a que se autoricen y construyan obras sin los controles ni requerimientos ambientales adecuados, lo que implica un riesgo latente de degradación de ecosistemas y afectación a comunidades, puntualizó el funcionario, quien comentó que por esa razón el Marn recomendará al presidente vetar el decreto.
Respaldo a la Ley Antipandillas
Respecto del Decreto 11-2025, que contiene la Ley para el Combate Frontal a las Actividades Delictivas de las Maras, conocida como “Ley Antipandillas”, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia indicó que cuenta con el respaldo del presidente Bernardo Arévalo.
“El presidente ha aplaudido el esfuerzo del Congreso de la República al aprobar esta iniciativa de ley”, aseguró.
También indicó que hasta el momento no ha ingresado este decreto al Ejecutivo para su revisión. Una vez recibido, se hará el análisis correspondiente, enfocado en dos aspectos fundamentales: “su conformidad con la Constitución y su efectividad práctica”, indicó.
Palomo afirmó que esta “es una ley que contribuirá a los esfuerzos para poder combatir este flagelo que sabemos afecta a la mayoría de la población guatemalteca”. Añadió que el análisis final se hará “en base al cumplimiento de la Constitución, sus disposiciones y la efectividad que va a tener para el combate de las maras”.