La elección del abogado y magíster Werner Ovalle como nuevo superintendente de Recaudación Tributaria no causó sorpresa, debido a su cercanía con el actual oficialismo. En todo caso, era el perfil con mayor conocimiento de causa en un sector clave de la recaudación, por su desempeño durante ocho años como intendente de Aduanas. Desde dicho cargo impulsó la modernización para agilizar procesos. Trabajó con tres superintendentes y dejó esa posición para sumarse al gabinete actual como quinto viceministro, a cargo de coordinar la estrategia antinarcóticos. Este desempeño le permitió internarse aún más en la dinámica de puertos, cuya ley de autoridad portuaria contribuyó a formular.

Ovalle hereda una alta expectativa sobre la capacidad operativa de la SAT para continuar la tendencia de aumento de la recaudación, a través de las eficiencias en la fiscalización, aumento de la base tributaria, combate de la evasión y el contrabando, así como la continuación del proceso para unificar el número de identificación tributaria (NIT) con el del documento personal de identificación (DPI). Este último proceso enfrenta ya objeciones legales que el superintendente saliente, Marco Livio Díaz, considera improcedentes.

El seguimiento al escándalo de evasión y fraude B-410, destapado por la SAT en agosto pasado, seguramente figurará entre las prioridades del nuevo titular. Los resultados del Ministerio Público al respecto son más bien magros. En diciembre, la Fiscalía anunció tres capturas por supuesto lavado de dinero y detalló que, de las 410 empresas denunciadas —muchas de ellas, de fachada—, solo se había investigado a 46. Del lado de la SAT se implementaron nuevos controles para monitorear la veracidad de datos y actividades de empresas, para atajar fraudes de cartón.

Crear módulos digitales de relacionamiento con inteligencia artificial es una herramienta implementada para detectar relaciones anómalas entre empresas o patrones fraudulentos de simulación de compraventas a lo B-410. En efecto, mejores controles tributarios pueden ayudar al combate de defraudadores, pero también de blanqueadores de dinero ilícito proveniente de trasiegos o actos de corrupción, a financistas secretos y a sus beneficiarios en partidos políticos. Esto podría generar, por supuesto, resistencias disfrazadas de supuestas defensas de derechos, pero ya se mencionó el tipo de lacras que se verán afectadas con la fiscalización eficiente.

La digitalización de varios procesos, como la emisión de factura electrónica y la renovación de tarjeta y calcomanía de circulación han contribuido a reducir la afluencia física de personas a los centros de atención tributaria. El pago de impuestos a través de la banca electrónica es prácticamente de acceso generalizado, lo cual elimina la posibilidad de omisos. La actualización del Registro Tributario Unificado ataja las excusas, sobre todo porque incluye a peritos contadores, auditores, abogados, productores de regímenes especiales y exportadores.

Algunos expertos señalan que en Guatemala aún es baja la “moral tributaria”, pero ello no se debe tanto a un deseo de incumplir las normativas fiscales, sino a un desencanto ciudadano respecto del uso que se da a los recursos públicos. De poco sirve que cada año suba la recaudación —que es la misión del superintendente—, si los fondos se gastan en autoaumentos de desidiosos diputados demagogos, en bonos e incrementos antojadizos para burócratas cuya calidad de rendimiento se desconoce, en dispendios anodinos o infraestructura en mal estado. Aún así, los guatemaltecos tributan con responsabilidad, y por eso cada quetzal en arcas merece respeto.