El pasado 10 de febrero de 2025, Guatemala despertó con la noticia de un trágico accidente en la Calzada La Paz, uno de los más devastadores de los últimos años.

Un autobús de transporte extraurbano, que cubría la ruta entre Santo Domingo Los Ocotes, en San Antonio La Paz, El Progreso, y el Mercado La Terminal, en la zona 4 de la Ciudad de Guatemala, se precipitó a una hondonada en horas de la madrugada.

La tragedia cobró la vida de 54 personas y dejó a 9 heridas, según el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). La mayoría de los pasajeros pertenecía a la clase trabajadora y eran el principal sustento de sus familias.

A un mes del desastre, las investigaciones siguen en curso, mientras las familias de las víctimas continúan en busca de respuestas y apoyo económico por parte de las autoridades.

El accidente: cómo ocurrió la tragedia

Según testigos y registros de cámaras de seguridad, el autobús salió a las 3 horas de Santo Domingo Los Ocotes. A las 4.17 horas, en la ruta que conduce a la Calzada La Paz, el piloto perdió el control del vehículo, que cayó aproximadamente 50 metros hasta el cauce del río Las Vacas.

Las primeras investigaciones del Ministerio Público (MP) confirmaron que el autobús circulaba a exceso de velocidad y no contaba con la debida autorización para operar en esa ruta. Además, el conductor carecía de la licencia tipo A, necesaria para manejar transporte colectivo.

De acuerdo con informes de la Dirección General de Transportes (DGT), la unidad no estaba inscrita en el sistema de transporte público y no había pasado las inspecciones mecánicas requeridas. Estos hallazgos revelan graves irregularidades en la regulación del transporte extraurbano y plantean interrogantes sobre la supervisión estatal de estos servicios.

Reacciones y medidas de apoyo a las víctimas

El Gobierno de Guatemala decretó duelo nacional tras la magnitud del accidente. A nivel social, la tragedia generó indignación y llamados urgentes para reformar el sistema de transporte público.

En respuesta, Seguros Universales, la compañía encargada del seguro, afirmó que, a pesar de las circunstancias que llevaron al accidente, la cobertura no se vería afectada. El 11 de febrero, la aseguradora comunicó oficialmente sobre el pago de la indemnización.

Por su parte, ese mismo día, el presidente Bernardo Arévalo y anunció que se brindarían apoyos a las familias afectadas a través de diversos programas sociales a cargo del Mides.

El 12 de febrero, los congresistas también aprobaron un acuerdo legislativo destinado a ofrecer ayuda a las familias de los fallecidos y los heridos.

A un mes de la tragedia, ¿cómo avanza el proceso de apoyo y la cobertura del seguro?

Indemnización del seguro

Según la póliza del seguro, se contemplan dos tipos de indemnización: por fallecimiento, desmembramiento o incapacidad temporal o permanente. Además, establece que el pago se realizará 10 días después de que el familiar cercano presente la documentación que acredite su vínculo con el fallecido.

Según una fuente de la compañía de seguros, hasta la fecha se ha realizado el pago o está en proceso de entrega del cheque a 27 familias de los fallecidos. Actualmente, se encuentra en proceso de verificación la documentación de otros 27 casos. La compensación establecida según la póliza es de Q179 mil 677.50 por persona fallecida (equivalente a 50 salarios mínimos del sector agrícola).

En el caso de los nueve heridos, la misma fuente informó a Prensa Libre que se les otorgó la compensación máxima establecida, equivalente a seis salarios mínimos del sector agrícola, es decir, Q21 mil 561.30, por persona. Todos los afectados ya han recibido el pago o están en trámite de entrega del cheque.

El proceso de indemnización por parte el seguro avanza, cumpliendo los pagos a víctimas y heridos. Se espera que las compensaciones totalicen los Q9 millones 896 mil 636.70, brindando un apoyo vital a las familias afectadas, desglosado de la siguiente manera:

Apoyo del Congreso

El Acuerdo Legislativo 2-2025 estableció una ayuda económica de Q50 mil por cada pasajero fallecido o herido. El Congreso destinó Q3.15 millones para estos pagos, Según el diputado Juan Rivera, esta medida busca aliviar la carga económica de las familias afectadas.

Por su parte, el diputado Kevyn Castillo, tercer vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso, indicó que los procedimientos administrativos ya han sido aprobados por las unidades jurídicas, de recursos humanos y la dirección general.

Sin embargo, aún no se ha definido la compensación para una víctima de nacionalidad mexicana. Castillo señaló que este caso debería ser gestionado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), para luego ser trasladado al Congreso.

El primer grupo de beneficiarios tiene previsto presentar su documentación en la semana del 10 de marzo, con el fin de iniciar el proceso de verificación.

Acciones del Mides

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) llevó a cabo un censo en 54 hogares el pasado 26 de febrero, a través del Registro Social de Hogares (RSH), con el objetivo de evaluar las condiciones socioeconómicas de las familias afectadas por la tragedia. Sin embargo, los encargados aún no han confirmado si los sobrevivientes también fueron incluidos en este análisis.

El censo recopiló información sobre la composición familiar, nivel educativo, situación laboral y condiciones de salud de los afectados.

Según la Unidad de Comunicación Social del Mides, la institución está cruzando datos con otras entidades gubernamentales y afinando los detalles de una propuesta de apoyo, la cual será presentada en los próximos días al presidente Bernardo Arévalo.

Entre los programas en los que podrían ser incorporadas las familias se encuentran, según el sitio web del Mides:

• Bono Social: Aporte de Q500 por persona destinado a familias en pobreza extrema con niños menores de un año o mujeres embarazadas.

• Bolsa Social: Subsidio de Q250 por persona para la compra de productos básicos en establecimientos autorizados.

• Beca Social: Apoyo económico para jóvenes de 11 a 24 años en situación de pobreza, con el objetivo de facilitar su acceso a la educación media, superior o programas de empleo.

Aunque el Ejecutivo parece haberse retrasado en su respuesta hacia las víctimas, se espera que en las próximas semanas se anuncien oficialmente las medidas de apoyo para las familias afectadas, ya sea a través de los programas existentes o mediante la creación de nuevas iniciativas.

¿Son suficientes las indemnizaciones?

El proceso de compensación avanza de manera desigual según la entidad involucrada. Mientras que la aseguradora ya ha cubierto parte de las indemnizaciones, el Congreso comenzará a recibir la documentación a un mes de cumplirse el hecho, y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) aún se encuentra en fase de análisis y planificación.

A día de hoy, la compensación por cada persona fallecida es de Q229 mil 677.50, una suma que incluye la indemnización del seguro y el apoyo del Congreso. No obstante, todavía se desconoce cuál será el aporte del Ejecutivo en este proceso.

En cuanto a los heridos, la ayuda económica parece insuficiente. Muchos sobrevivientes sufren fracturas graves que requieren prótesis, lo que representa una carga económica adicional. Hasta el momento, la indemnización asciende a Q67 mil 967.75, una suma que incluye la indemnización del seguro y el apoyo del Congreso, mientras se espera el aporte del Mides. Sin embargo, esta cantidad apenas cubre una fracción de los gastos médicos derivados de estas lesiones.

Por un lado, las familias de los fallecidos saben que ninguna compensación podrá devolverles a sus seres queridos. Por otro, los sobrevivientes y sus familias enfrentan la incertidumbre sobre cómo lograrán sobrellevar su situación a largo plazo.

Este panorama resalta la necesidad urgente de establecer mecanismos más eficientes para atender emergencias de este tipo en el país, además de la importancia de implementar medidas preventivas que eviten tragedias como esta en el futuro.