Porras responde a señalamiento de la ONU que la involucra en posibles adopciones ilegales
La fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, rechazó los señalamientos difundidos por expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre su presunta vinculación en adopciones ilegales de menores indígenas, y anunció que promoverá acciones ante instancias internacionales para que dichas declaraciones sean revisadas. En un mensaje dirigido al secretario general […]
La fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, rechazó los señalamientos difundidos por expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre su presunta vinculación en adopciones ilegales de menores indígenas, y anunció que promoverá acciones ante instancias internacionales para que dichas declaraciones sean revisadas.
En un mensaje dirigido al secretario general de la ONU y a la prensa nacional e internacional, Porras afirmó que “rechaza categóricamente” las acusaciones que, según indicó, han sido “falsas y políticamente instrumentalizadas”.
Según expresó, los señalamientos difundidos por la relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, carecen de sustento probatorio y son malintencionados. Además, sostuvo que, lejos de proteger los derechos humanos, esas afirmaciones los «vulneran y distorsionan».
APELA A CÓDIGO DE CONDUCTA
En su pronunciamiento, Porras recordó que los Procedimientos Especiales de la ONU se rigen por el Código de Conducta adoptado por el Consejo de Derechos Humanos mediante la Resolución 5/2.
Según citó, el artículo 3 del anexo establece que los titulares de mandato deben observar los más altos estándares de eficiencia, competencia e integridad, mientras que el artículo 6 dispone que deben asegurarse de que la información en que se basen sea fidedigna y confiable.
En virtud de ello, anunció que iniciará actuaciones ante los mecanismos competentes de Naciones Unidas para que las declaraciones emitidas sean objeto de «revisión, aclaración y corrección».
Asimismo, afirmó que su actuación seguirá rigiéndose por la Constitución y la ley, y que la defensa de la honra por las vías legales forma parte del debido proceso y del Estado de derecho.
Mensaje al secretario general de la ONU y a la prensa nacional e internacional:
Rechazo categóricamente una vez más, como lo he hecho reiteradamente,
las acusaciones falsas y políticamente instrumentalizadas que han sido difundidas en mi contra por parte de la señora… https://t.co/74nKTa7CM4— María Consuelo Porras (@Mconsueloporras) February 17, 2026
LAS ACUSACIONES
El pronunciamiento de Porras surge luego de que la relatora Satterthwaite, compartiera una comunicación de expertos en la que manifestaron preocupación por la posible participación de la fiscal general en casos de adopciones ilegales.
De acuerdo con ese pronunciamiento, los expertos habrían recibido reportes acerca de al menos 80 niños indígenas que fueron dados en adopción internacional tras haber permanecido en el “Hogar Temporal Elisa Martínez”, institución que, según el documento, estuvo bajo la dirección de Porras.
El informe señala que los menores habrían sido víctimas de desaparición forzada en Guatemala entre 1968 y 1996, extremo que los especialistas calificaron como alarmante. En esa línea, solicitaron que se impulsen pesquisas independientes sobre la presunta intervención de funcionarios públicos en los procesos de adopción, entre ellos Porras, quien, según el documento, dirigió la entidad y ejerció como tutora legal de los menores del 21 de enero al 30 de agosto de 1982.
Los expertos también advirtieron que el señalamiento surge en un momento en que se desarrollan las elecciones de segundo grado en Guatemala.
Además, recordaron que Porras aspira a integrar la Corte de Constitucionalidad y que podría ser considerada para una nueva designación como fiscal general. En ese sentido, sostuvieron que quienes enfrenten alegaciones creíbles relacionadas con posibles vulneraciones a derechos humanos no deberían ser preseleccionados ni nombrados hasta que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente.
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