Sin que se emitiera ninguna ley que facultara el uso de ese instrumento, el Organismo Judicial dispuso implementar el uso de la inteligencia artificial para agilizar el análisis de los Amparos, procesos que son una acción judicial urgente para protección de los derechos constitucionales. El argumento es que hay un retraso considerable en el trámite de esos procedimientos y que mediante el proyecto que llamaron MEIA-Amparos se podría reducir esa presa.

El tema del uso de la Inteligencia Artificial en todos los campos genera debates por el hecho de que la misma se basa en el uso de algoritmos que pueden no reflejar resultados idóneos. En el caso de la justicia, hay que ver que el sistema usa, entre otros recursos, los fallos que se han emitido previamente y ya sabemos que en Guatemala el sistema ha sido distorsionado para proteger a los más sinvergüenzas y esos vicios se pueden reflejar en los “dictámenes” que produzca la IA.

La legislación guatemalteca es clara en cuanto a señalar las obligaciones y responsabilidades de los administradores de justicia y en ningún caso se menciona que las pruebas o argumentos que presenten las partes deban o puedan ser sometidas al análisis de sistemas de inteligencia artificial, sino que se asigna a los juristas que ocupan cargos en el sistema judicial la responsabilidad de realizar tal análisis y evaluación.

Algunos comentan que la inteligencia artificial en el sistema de justicia puede dar los mismos resultados que, por lo visto, ofrece ese sistema en la regulación de los semáforos que han sido llamados inteligentes, pero que necesitan de al menos 200 ya instalados para arrojar data que ayude a que funcionen mejor. En otras palabras, no es de soplar y hacer botellas como dice la sabiduría popular. No cabe duda que la tecnología puede ser un instrumento útil si se sabe cómo usarlo, y en el caso de la justicia es indispensable que legalmente se establezcan las áreas en las que los juzgadores pueden recurrir a ella para agilizar procesos, pero no para delegar sus facultades.

Una disposición del Organismo Judicial no puede pasar sobre las leyes vigentes que determinan los procedimientos y mecanismos que tienen que observar los administradores de justicia para resolver sobre los distintos temas sometidos a su jurisdicción. La evaluación del modelo de inteligencia artificial que se use es muy importante y el OJ debiera informar amplia y abiertamente a la población sobre los criterios y parámetros que aportará la inteligencia artificial y cómo los jueces y magistrados deberán utilizarla.

No son únicamente los amparos lo que se entrampa en nuestro sistema de justicia, sino prácticamente cualquier caso, pero no se puede ni debe esperar que los algoritmos de la IA resuelvan el problema.