Sociedad civil demanda seguridad para los comisionados y las sedes de las postuladoras
Grupos de la sociedad civil también rechazó la investigación del MP a cuatro decanos por considerar que se trata de una estrategia de criminalización.
Guatemala
Sociedad civil demanda seguridad para los comisionados y las sedes de las postuladoras
Grupos de la sociedad civil también rechazó la investigación del MP a cuatro decanos por considerar que se trata de una estrategia de criminalización.
Representantes de varias organizaciones sociales, vigilantes del Sector Justicia, durante la conferencia de prensa. (Foto Prensa Libre: Alianza por las Reformas)
Organizaciones sociales pidieron este jueves 25 de julio al Estado de Guatemala garantizar la seguridad de los integrantes de las comisiones de postulación, pero también demandaron a las postuladoras no arriesgar el proceso con un cambio de sede para sesionar.
Al menos una docena de organizaciones que integran esta plataforma de vigilancia ciudadana expusieron, además, su respaldo a las decisiones que se tomen en las postuladoras que vayan encaminadas a fortalecer el proceso, a la vez que condenan la injerencia de grupos oscuros que, según ellos, están tratando de incidir y mantener el control sobre el Organismo Judicial.
Por el tipo de rol que tendrán en el 2024, al integrar las comisiones encargadas de la renovación del poder judicial, los comisionados serán el blanco de grupos de poder que podrían tratar de intimidarlos si no están contentos con su gestión, según argumentaron representantes de la sociedad civil, agrupados en organizaciones observadoras del Sector Justicia.
Yolanda Pérez, exmagistrada de Apelaciones, sobre el tema señaló que “las comisiones tienen que estar libres de todo tipo de presión, coacción u orden”, por lo que desde la observación ciudadana se busca garantizar el trabajo libre de cada uno de los comisionados, porque actualmente existe una amenaza a la transparencia del proceso.
“No son solo los comisionados, los decanos, sino la sociedad guatemalteca la que ve amenazada el régimen democrático escogido mediante el pacto constitucional”, reconoció Pérez.
Se sumó a la demanda de observación y fiscalización del proceso Eleonora Murales, también integrante de la red, quien calificó el proceso de “ensombrecido” por las investigaciones que lidera el Ministerio Público en contra de algunos comisionados “que han trabajado anteriormente en proceso de postulación de manera independiente”.
Para Muralles, la investigación que involucra a cuatro decanos en una supuesta reunión en El Salvador es un mecanismo de presión e intimidación.
Atrasos
Las comisiones de postulación para la renovación del Organismo Judicial (OJ) no han comenzado sus funciones. El atraso en el Congreso para juramentar a dos comisionados ha significado un retardo en el proceso.
Las dos semanas que se han perdido por la juramentación tardía de los decanos de la Universidad Francisco Marroquín y la Universidad Mariano Gálvez, podría impactar de manera negativa en el proceso, advirtió Astrid Lemus, exmagistrada de Corte Suprema de Justicia, también activa en la red de observadores.
“Lamentablemente ya se perdieron dos semanas y hacer un examen minucioso de los candidatos llevará tiempo”, lamentó Lemus, sobre el desafío de los comisionados para agilizar los procesos y poder tener la lista de candidatos en septiembre, para que el Congreso pueda elegir a los magistrados antes del 12 de octubre.
El próximo 12 de octubre deben renovarse las autoridades del Organismo Judicial (OJ) con los nuevos magistrados electos por el Organismo Legislativo de una preselección que hagan las dos postuladoras, tanto la de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones. Estos magistrados deberán asumir el control del OJ para el periodo 2024 – 2029.
Riesgo por sede
Aunque las postuladoras no han tenido una sola sesión, en el ambiente circula la intención de ciertos grupos de proponer un cambio en las sedes de trabajo. Actualmente se habilitó espacios en la Universidad Rafael Landívar para acoger ambas comisiones.
Las dos postuladoras están integradas por 37 profesionales, de los cuales los 12 decanos de Derecho de las universidades del país trabajan en las dos mesas de trabajo.
“La Universidad Rafael Landívar habilitó una sede con la seguridad que se requiere y los espacios adecuados, ha hecho una inversión importante en logística y se ha adecuado ¿para qué cambiar?”, cuestionó Muralles, advirtiendo que hay un grupo con intenciones poco claras para cambiar el lugar de sesiones.
“Hacemos un llamado para que eso no vale la pena que lo hagan porque sería en detrimento del mismo proceso de Cortes”, agregó.