En su conferencia magistral ante la II Conferencia del Modelo de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (MONULAC), Roberto Garretón, defensor de los derechos humanos, manifestó que las juventudes deberían luchar por hacer desaparecer los ejércitos, por onerosos, innecesarios y represivos. Apoyo el mensaje, si bien reconozco que este esfuerzo tomaría mucho tiempo y necesitaría, previamente, muchos cambios sociales, políticos y culturales. No se puede pedir a Cuba y Venezuela, por ejemplo, que prescindan de este instrumento de defensa nacional, cuando el imperio les ataca constantemente. Aun países no enemistados con EE. UU. deben recurrir a sus fuerzas armadas para sostener su soberanía nacional, ante las presiones del Comando Sur de ese país. Si bien ha de ser meta para nuestras juventudes a mediano plazo, hoy, lo que constituye una urgencia de la Humanidad es la extinción de los ejércitos genocidas.

Pese a la Convención de la ONU contra el genocidio, derivada de las lecciones trágicas del Holocausto judío a manos del nazismo, luego de la Segunda Guerra Mundial el odio y el racismo han llevado a algunos dirigentes a perpetrar actos de genocidio. Los ejemplos son muchos, incluidos crímenes de guerra de EE. UU. en Vietnam, el apartheid ya superado en Sudáfrica, los casos de ex Yugoslavia y Ruanda y el genocidio de Israel contra el pueblo palestino, hoy intensificado con la invasión israelí a Gaza. No se pueden tolerar más estos crímenes de lesa humanidad; el conjunto de las naciones debe sancionar a los países responsables, sus dirigentes y sus cómplices. Los ejércitos que han participado en estas prácticas inhumanas deben ser extinguidos. Óptimo sería que los tribunales en los países señalados juzgaran a los responsables de estos crímenes, depuraran sus fuerzas armadas y, como mínimo, les cambiaran nombre y formación, bajo supervisión de las Naciones Unidas. Se corre el riesgo, sin embargo, de que las autoridades nacionales sean cómplices o responsables, lo que obliga a que la Corte Penal Internacional emita una serie de normas que garanticen juicio y castigo, al igual que impedir su repetición.

El caso de Guatemala debe considerarse uno de los ejemplos más perversos -el genocidio no se cometió contra la población de otro país, sino que contra su propio pueblo Maya, por considerarlo “enemigo interno”- y ha gozado de impunidad casi total. Hoy, exmilitares responsables de las prácticas inhumanas se preparan a paralizar el país para obtener millones de quetzales adicionales a las inmorales indemnizaciones que han recibido por haber “servido” en el ejército, servicio que no fue para la Patria, sino para la oligarquía y el imperio estadounidense, con orden de no respetar norma alguna en sus ataques. El 30 de junio no debe ser más el “Día del Ejército”; la población ha exigido que sea el “Día de la Memoria de las Víctimas del Conflicto Armado Interno”, a conmemorarse con marchas y eventos. El ejército de Guatemala no merece “día”; merece extinción, con juicio y castigo a los victimarios, por genocidio y otros crímenes de lesa humanidad, y cambio total de su integración, nombre y formación.