En total hermetismo, el grupo dominante de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mueve sus piezas para procurar la próxima presidencia del Organismo Judicial (OJ). Se perfilan cuatro posibles candidatos con los que se esperaría incidir en los procesos de renovación del 2026.

Fuentes judiciales que pidieron el anonimato señalaron que, aunque no hay una fecha exacta para que el pleno de la CSJ elija a su presidente, el grupo dominante apostaría por hacerlo a partir del 7 de octubre.

Teódulo Cifuentes, actual presidente del Poder Judicial, entregará el cargo a su sucesor el 13 de octubre. La presidencia dura un año y no permite reelección.

Desde hace algunas semanas, en el Palacio de Justicia se escuchan los nombres de Carlos Ramiro Contreras, Luis Corado Campos y Claudia Paredes Castañeda como posibles candidatos a la presidencia.

Contreras fue elegido por 156 diputados; solo tres votaron en contra: Nery Ramos, presidente del Congreso; Karina Paz, entonces primera secretaria de la Junta Directiva; y Marcos Tebelán, del bloque Cabal.

Corado obtuvo 123 votos a favor y 36 en contra. Entre los opositores figuraron diputados de diversas bancadas, entre ellas Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), así como independientes electos por Movimiento Semilla.

Paredes recibió 154 votos para su reelección y tuvo cinco en contra: los del presidente Ramos; nuevamente Karina Paz; Brenda Mejía, del oficialismo; Vivian Preciado Navarijo, independiente electa por Nosotros; y Luis Contreras, de Compromiso, Renovación y Orden (Creo).

Nueva aliada

El cuarto perfil comenzó a sonar hace pocos días, luego de respaldar la designación directa de magistrados en las recién creadas salas de apelaciones.

Se trata de la magistrada Flor de María García Villatoro, quien hasta hace poco formaba parte del grupo de oposición en la CSJ.

García Villatoro llegó al cargo con el respaldo de 158 diputados; solo el presidente del Congreso votó en contra. En ese momento era considerada cercana al oficialismo y al presidente Bernardo Arévalo.

Con el avance del periodo judicial actual, García Villatoro ha coincidido en criterios con el grupo dominante, vinculado con figuras políticas como Allan Rodríguez (Vamos), Carlos López (Valor), Felipe Alejos (Todos) y Luis Aguirre (Cabal), según han señalado organizaciones como el Movimiento Pro Justicia y fuentes legislativas.

En documentos enviados al Congreso consta que García Villatoro respaldó la designación directa de magistrados en cuatro nuevas salas de apelaciones, rechazando el argumento de ilegalidad planteado por el grupo de oposición, que insistía en que dicha tarea correspondía al Congreso.

Además de esa postura, García ha ganado espacios en el OJ. Actualmente, representa al presidente de la CSJ ante el Consejo de la Carrera Judicial, un poder que no tienen otros magistrados titulares.

Durante la sesión solemne por la independencia de Guatemala, la magistrada asistió como presidenta en funciones, ya que Cifuentes y el Vocal I se encontraban fuera del país. Así, García asumió temporalmente el cargo.

Para la elección de la actual CSJ, que ejercerá de 2024 a 2029, el Congreso se integró con 159 diputados, según la plataforma de monitoreo Guatemala Visible.

La gran negociación

Para analistas, los perfiles vinculados a políticos cuestionados ya generan alerta, dado el peso que tendrá la presidencia de la CSJ en dos procesos clave: la renovación del Ministerio Público (MP) y de la Corte de Constitucionalidad (CC).

El primero será por medio de una comisión de postulación, presidida por quien esté al frente de la CSJ. El segundo es la elección de un magistrado titular y uno suplente para la CC, responsabilidad del OJ, y también coordinada por el presidente de la CSJ.

“Esperamos que la elección se realice con estricto apego a la legalidad, transparencia e independencia judicial, que no se vea opacidad o retrasos estratégicos”, indicó Juan Pablo Muñoz, de Alianza por las Reformas.

Aunque se prevé que la elección podría darse después del 7 de octubre, Muñoz afirma que las negociaciones ya comenzaron, y estima que una moneda de cambio sería la designación de magistrados en las nuevas salas.

Según su análisis, esa sería la razón por la que la CC no ha resuelto un primer amparo que cuestiona dichas designaciones: para no incomodar a un órgano que podría reelegir a algunos de sus magistrados.

Esa visión es compartida por Alejandro Rodríguez, de la organización Impunity Watch, quien considera que muchas negociaciones escapan a la opinión pública.

“Definitivamente, muchas cosas que vemos ahora —como las nuevas salas, la nominación de magistrados y la promoción de jueces de paz— tienen que ver con esas negociaciones”, indicó.

Año clave

El 2026 será determinante para la justicia, por lo que se requiere una elección transparente en la CSJ, señaló Christa Walters, presidenta del Movimiento Cívico Nacional (MCN).

“El 2026 es ese año en que se alinean los astros y tenemos muchas elecciones casi en simultáneo. Debemos ver el contexto, los actores y los resultados que se esperan. La elección del nuevo presidente de la CSJ influirá en los consensos de las comisiones, por los distintos liderazgos y bloques que se forman en las postuladoras”, indicó.

La elección del presidente de la CSJ se hace en secreto. Las plenarias no son públicas, a diferencia del Congreso, y las discusiones rara vez llegan al público.

Ese hermetismo preocupa a las organizaciones, por el peso del presidente en los procesos de renovación del MP y la CC. Insisten en que debe elegirse a un profesional sin intereses particulares.

“También se esperaría que el presidente de la CSJ tenga liderazgo y claridad de que la justicia no debe estar parcializada ni responder a intereses. Se busca una justicia limpia”, concluyó Walters.

Hasta ahora, las autoridades judiciales no han informado cuándo podría comenzar la elección. La transparencia y la rendición de cuentas ya no se observan en la CSJ.

En años anteriores, bajo las presidencias de exfuncionarios como Gabriel Medrano y Rafael Rojas, era habitual informar cada miércoles, tras las sesiones plenarias, sobre los casos resueltos y los criterios adoptados por la mayoría. La práctica terminó durante la actual gestión.