La fiscalía de Delito de Femicidio presentará, en los próximos días, una solicitud para que el proceso contra los presuntos responsables por la muerte de Melisa Palacios se conozca en un juzgado de Mayor Riesgo de la capital. En este segundo intento por el cambio de juzgado, la fiscalía insistirá en que María Fernanda Bonilla Archila y su guardaespaldas, José Luis Marroquín Ovalle, son responsables por el asesinato de la joven universitaria.

Un juzgado resolvió, en 2021, el cambio de delito a favor de los presuntos responsables: A Bonilla le modificó el delito de asesinato por homicidio en estado de emoción violenta y a Marroquín, por encubrimiento propio. Desde entonces, existe un pulso entre la defensa de los sindicados, jueces, y el MP junto al Instituto de la Víctima, para llevar el caso a un Juzgado de Mayor Riesgo.

De acuerdo con Edgar Gómez, fiscal contra el Delito de Femicidio del MP, en los próximos días presentarán ante la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia una solicitud para que el caso de Melisa Palacios sea trasladado a un Juzgado de Mayor Riesgo.

Gómez afirmó que esta vez argumentarán ante la Cámara Penal que Bonilla y Marroquín son responsables por el delito de asesinato, por lo que el caso debe conocerse en una judicatura de alto impacto. La fiscalía buscará que los procesados vayan a juicio por asesinato.

“Inclusive, esto en una etapa intermedia se puede modificar el delito de homicidio cometido en estado de emoción por el de delito de asesinato, que es como inicialmente la fiscalía planteó su tesis”, explicó Gómez.

¿Por qué el MP busca que el caso ya no sea conocido en el Juzgado de Chiquimula?

El caso de Melisa Palacios comenzó en el Juzgado de Zacapa y, según el MP, debido al cambio de delito a Bonilla, a homicidio cometido en estado de emoción violenta, y a José Luis Marroquín Ovalle, por encubrimiento propio, la situación en esa judicatura se tornó “tensa”.

Comenzaron las manifestaciones y hechos de violencia fuera del juzgado; los familiares de la víctima eran agredidos, y esas circunstancias podrían generar que el caso fuera trasladado a Chiquimula, donde la situación sería similar, explicó el fiscal.

Gómez comentó que en ese juzgado hay cinco jueces titulares, y tres han sido recusados por su presunta falta de imparcialidad en el caso. “Consideramos que se extralimitaron en sus funciones, inclusive haciendo apreciaciones personales. Lo que es más delicado, es que ordena investigar a un fiscal que se excusó en una audiencia, cuando este proceso se ha suspendido en varias oportunidades, incluso por incomparecencia de los abogados defensores”, dijo Gómez.

El fiscal no se presentó porque fue enviado a una audiencia en Izabal, por el asesinato de Sharon Figueroa, una niña de ocho años.

Actualmente, el proceso está detenido en el Juzgado de Chiquimula, luego de que el MP presentara una recusación contra toda la judicatura. El caso ya no puede continuar en esa instancia, según Gómez, porque ese juzgado desarrolló la audiencia de aceptación de cargos de Bonilla, por homicidio culposo, de la que se retractó posteriormente.

Una solicitud para separar al juzgado de Chiquimula, presentada por el Instituto de la Víctima, está en trámite ante una sala de apelaciones.

¿Por qué el caso de Melisa Palacios no ha sido conocido por un Juzgado de Mayor Riesgo?

Gómez señaló que, a finales de 2021, la Policía Nacional Civil realizó un análisis de seguridad, y no se advertían características que hicieran recomendable el traslado del caso a un Juzgado de Mayor Riesgo.

“Se hizo el análisis por parte de la Policía, con fundamento en las declaraciones de los querellantes, e indicaron que no corrían peligro o riesgo. Eso fue en el mes de septiembre de 2021”, comentó Gómez.

Esa situación cambió luego de que el juez beneficiara a Bonilla y Marroquín con el cambio de delito, y comenzaron las agresiones fuera del juzgado, detalló el fiscal.

Periodistas de Chiquimula documentaron cómo personas armadas se encontraban en la judicatura cuando se celebraban las audiencias, y la familia de la víctima denunció una posible reunión entre los jueces que conocían el caso y personas allegadas a los sindicados.

Ante estos hechos, la fiscalía presentó en 2024 una petición a la Cámara Penal, solicitando la autorización para que el caso fuera trasladado a un Juzgado de Mayor Riesgo, pero los magistrados resolvieron que no era procedente.

Gómez dijo que, entonces, la Cámara argumentó que los delitos que estaban siendo investigados no concurren con los que conoce un Juzgado de Mayor Riesgo.

“Recordemos que la ley contiene un catálogo de delitos que son competencia de juzgados y tribunales de Mayor Riesgo; por ejemplo, asesinato, secuestro, feminicidio y lavado de dinero, entre otros”, señaló.

El MP espera que la Cámara Penal traslade el caso a Mayor Riesgo

Gómez afirmó que esta no es la primera vez que personas civiles llegan armadas y de forma intimidatoria fuera de los juzgados. Por las circunstancias, espera que los magistrados de la Cámara trasladen el caso.

“Ya tenemos varios antecedentes. Esta no es la primera vez, y ya se está trabajando la nueva solicitud con el aval de la señora fiscal general, María Consuelo Porras, porque recordemos que es ella quien hace la petición a la Cámara Penal”, afirmó Gómez.

Grupos armados en audiencias

Para Zoel Franco, analista en temas de seguridad y justicia, las personas armadas que acompañan a Bonilla y Marroquín fuera de los juzgados, es una medida intimidatoria contra los involucrados en el proceso.

“Llegar con un grupo de personas y algunas con armas, mostrándolas de forma ostentosa, obviamente es un mensaje para cualquiera de las partes o de los funcionarios de justicia, incluidos los fiscales del MP”, dijo el analista.

Los Juzgados de Mayor Riesgo fueron creados para evitar este tipo de circunstancias y para garantizar que la justicia sea aplicada de forma imparcial, agregó Franco.

Intimidaciones a jueces y familia de Melisa Palacios

Paula Barrios, coordinadora general de la Asociación Mujeres Transformando el Mundo (MTM), afirmó que el caso de Melisa Palacios ejemplifica los retos y desafíos que enfrenta el sistema de justicia para ser objetivo, imparcial, y para garantizar una justicia pronta y cumplida.

“Vemos las actitudes y conductas intimidatorias de los dos sindicados. Nosotras lo que vemos es que las personas, familiares o trabajadores de esta joven se presenten a los alrededores del tribunal con esas actitudes intimidatorias, portando armas de fuego o con pañuelos en el rostro”, comentó.

Barrios enfatizó que este tipo de acciones podría pretender intimidar y coaccionar al juez, a los sujetos procesales y a la familia de la víctima.

Además, Barrios manifestó su preocupación por el cambio de delito contra Bonilla y su guardaespaldas, Marroquín. “Ella, encima de todo, se jacta de ese cambio de calificación que, por cierto, en ningún momento ha negado; ella acepta los hechos”, apuntó.

Comentó que los indicios presentados por el MP, y que han sido publicados por los medios de comunicación, refieren que hubo una planificación y coordinación para cometer un asesinato.

“Haría un llamado a los medios de comunicación para que manejen estos casos con mucha objetividad. Porque el darle a ella —Bonilla— el micrófono y entrevistarla, de alguna manera, tiene un impacto negativo en la sociedad y va normalizando esos actos”, argumentó.