Seis personas fueron ligadas a proceso penal por el delito de atentado contra la seguridad de los servicios, en dos casos relacionados con la presunta manipulación no autorizada de infraestructura eléctrica en Retalhuleu y Huehuetenango.

Los procesos surgieron a partir de procedimientos realizados por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes reportaron intervenciones en instalaciones de distribución eléctrica.

Cuatro procesados en Retalhuleu

Uno de los casos ocurrió en la aldea Ocosito 2, San Sebastián, Retalhuleu, donde cuatro personas fueron detenidas bajo señalamientos relacionados con la manipulación de la red de distribución eléctrica.

Los cuatro fueron presentados ante el Juzgado de Primera Instancia Penal de Retalhuleu, que resolvió ligarlos a proceso por atentado contra la seguridad de los servicios.

El órgano jurisdiccional también otorgó medidas sustitutivas, por lo que los procesados deberán cumplir las condiciones establecidas mientras continúa la investigación.

Según la información judicial, este delito contempla una pena de tres a seis años de prisión.

Dos capturados en Huehuetenango

El segundo caso se registró en el cantón Los Jobales, La Libertad, Huehuetenango, donde fueron detenidos Raúl “S”, de 55 años, y Moisés “P”, de 28.

De acuerdo con el reporte policial, ambos fueron sorprendidos mientras presuntamente manipulaban cables de conducción eléctrica instalados en un poste de concreto perteneciente a Energuate.

Los agentes les solicitaron documentos que acreditaran su autorización para realizar los trabajos. Según el parte policial, los hombres indicaron que no contaban con autorización ni pertenecían a una empresa.

Durante el procedimiento fueron incautadas diversas herramientas y equipo, entre ellos cuerdas, cascos, arneses, herramientas de mano, un martillo, una navaja, llaves inglesas y un alicate.

Posteriormente, ambos fueron trasladados ante el Juzgado de Primera Instancia Penal de La Democracia, Huehuetenango, donde también fueron ligados a proceso por atentado contra la seguridad de los servicios.

Los seis casos continúan bajo investigación mientras los procesados enfrentan el proceso judicial correspondiente.