En el 2025 la democracia seguirá en disputa
Es equivocado partir de la premisa del “punto de no retorno”.
En el 2025 la democracia seguirá en disputa
Es equivocado partir de la premisa del “punto de no retorno”.
El segundo año del gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera será decisivo en varios sentidos. El primero, especialmente trascendente, tiene que ver con la capacidad de llevar adelante acciones concretas para mejorar la vida de las y los guatemaltecos, sobre todo de quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.
El 2025 será el tablero donde se dirima el rumbo de los próximos años.
La sensibilidad política del partido Semilla se expresó durante la campaña a favor de los sectores y pueblos que han sido históricamente olvidados, y sus prioridades deben continuar encaminándose en esta ruta. Algunos pasos en la dirección correcta se dieron durante el 2024 con el aumento al salario mínimo, la puesta en marcha de un sistema de compra de medicamentos e insumos hospitalarios a través de un convenio con las Naciones Unidas que permitirá —de forma transparente— mantener abastecido el sistema público de salud, lejos de las redes de corrupción que convirtieron las licitaciones en millonarios desfalcos a las arcas del Estado.
La instalación de 14 nuevos centros de salud de atención primaria y la remodelación de 11 mil escuelas, así como el primer municipio libre de piso de tierra, el programa Bono Social para atender a familias en pobreza extrema son acciones puntuales que debieran profundizarse, pero en el marco de un plan de transformación para devolver al Estado la rectoría en la prestación de servicios públicos de calidad que alcance a la mayoría de la población.
Esto supone, a la vez, un cambio sustancial en la lógica y los mecanismos de administración de los recursos porque, hasta ahora, la maquinaria estatal funciona aceitada por el clientelismo y la corrupción. La renuncia de Félix Alvarado como ministro de Comunicaciones por “diferencias” con el presidente Arévalo sobre cómo ejecutar cambios estructurales en esa cartera es una bandera roja que alerta de una insuficiente voluntad política del mandatario para tomar decisiones de fondo que erosionen el estado actual de las cosas.
“No pudimos encontrar con el señor presidente el curso preciso y concertado de para dónde sigue esto. Tenemos, diría yo, un altísimo nivel de acuerdo acerca de la importancia de lo que estamos haciendo, de por qué lo estamos haciendo; donde la cosa se pone complicada es —en— el cómo hacerlo”, explicó Alvarado sobre los motivos de su dimisión.
Lo expresado por el ahora exfuncionario es clave y será determinante para el éxito o fracaso de la gestión de Bernardo Arévalo: o se enfrenta decididamente en este segundo año de gobierno a las redes que mantienen capturado al Estado o estas estructuras de poder harán estéril todo esfuerzo de cambio.
Y precisamente aquí radica el segundo y enorme desafío, que pasa por comprender que en Guatemala la democracia continúa en disputa. Es equivocado partir de la premisa del “punto de no retorno”. En este país el efecto bumerán es permanente: frente a cualquier esfuerzo de cambio —por mínimo que sea— los sectores de poder real responden con una ofensiva para volver al estado anterior de las cosas y, de ser posible, un poquito más atrás. Para lograrlo, el arma preferida de estos últimos tiempos es el terrorismo judicial.
No pasarán muchos días sin que, de nuevo, a través de la cooptación del sistema de justicia se intente socavar cualquier iniciativa que provenga del Ejecutivo y el MP retome la ruta de la criminalización. Será cuestión de tiempo para que se reavive el “caso” del “fraude” electoral y se intente socavar la legitimidad del gobierno y la institucionalidad democrática.
El 2025 será el tablero donde se dirima el rumbo de los próximos años: consolidar el avance hacia el rescate de la democracia en Guatemala o retornar al camino del deterioro autoritario.