Desde el pasado lunes 14 de julio, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) comenzó a exigir información de los inquilinos a los propietarios que arriendan sus viviendas, lo que ha generado preguntas y confusión entre los inmigrantes indocumentados que rentan en el territorio de Estados Unidos.

A partir de mediados de este mes, las autoridades migratorias de Estados Unidos comenzaron a exigir a los propietarios que entreguen los contratos, las solicitudes de alquiler, las direcciones futuras, las tarjetas de identificación y otra información sobre sus inquilinos, que pueda derivar en el arresto de inmigrantes en situación irregular.

Dadas las circunstancias, de acuerdo con la cadena de televisión estadounidense Univisión, esto representa una señal de que la administración del presidente estadounidense Donald Trump planea que los propietarios de las viviendas que los migrantes rentan se conviertan en una nueva ayuda para su campaña de deportaciones.

Durante esta semana, en redes sociales surgió el tema de que varios ciudadanos de Estados Unidos, en Texas, Florida y California, recibieron recientemente citaciones por parte del ICE, en las que se les solicita el expediente de todos sus inquilinos, lo que incluye: la solicitud de alquiler, el historial laboral, el estado civil y las relaciones familiares.

¿Es legal que ICE pida información sobre inquilinos?

Según Eric Teusink, un abogado de bienes raíces en el estado de Georgia que compartió la citación del ICE con la cadena de televisión estadounidense Telemundo, la convocatoria muestra que el Servicio de Control de Inmigración también solicita información sobre otras personas que conviven de forma habitual con todos los inquilinos.

“No está claro el alcance de las citaciones, pero podrían indicar un nuevo frente en los esfuerzos de Donald Trump por localizar a personas que se encuentran en la nación sin autorización, debido a que muchos inmigrantes deben proporcionar a las autoridades su dirección como condición para ingresar inicialmente sin visa”, aseguró Teusink.

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Ante esta situación, algunos expertos legales que también son administradores de propiedades indican que las exigencias del ICE plantean “serias cuestiones legales” porque no están firmadas por un juez de migración, y que, si las cumplen, podrían correr el riesgo de violar las leyes que prohíben la discriminación por etnia, color u origen.

Sin embargo, los críticos en diversos medios estadounidenses mencionan que es probable que los propietarios se sientan intimidados por el ICE y crean que deben cumplir algo que un juez no les ha ordenado, mientras que los migrantes indocumentados no se enteran de que sus registros están ahora en manos de las autoridades migratorias.

Stacy Seicshnaydre, profesora de Derecho en la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, Luisiana, afirmó que el peligro de la situación se encuentra en el cumplimiento excesivo de los propietarios: “El hecho de que los arrendadores reciban una citación del ICE no significa que sea una solicitud legítima”, agregó la abogada estadounidense.

Seicshnaydre también recordó que, durante los últimos años, los agentes del ICE han utilizado citaciones que no están firmadas por un juez de inmigración para intentar entrar en las viviendas donde sospechan que se encuentran indocumentados, por lo que muchos inmigrantes ahora saben que deben rechazar la orden si no está firmada.