Más de 315 mil personas viven del trabajo en el hogar en Guatemala, pero 95% no tiene contrato, según informe
El oficio en casas remunerado ha crecido de forma importante en Guatemala durante los últimos 13 años. En 2025, unas 315 mil 933 personas se dedicaban a esta actividad, frente a las 211 mil 945 registradas en 2012, un aumento de casi 104 mil trabajadores, equivalente a cerca de 49%. Sin embargo, a pasar de […]
El oficio en casas remunerado ha crecido de forma importante en Guatemala durante los últimos 13 años. En 2025, unas 315 mil 933 personas se dedicaban a esta actividad, frente a las 211 mil 945 registradas en 2012, un aumento de casi 104 mil trabajadores, equivalente a cerca de 49%.
Sin embargo, a pasar de que el crecimiento en la cantidad de personas ocupadas es un dato relevante, hay otro que que es aun más revelador. El incremento de empleabilidad, no ha estado acompañado por una mayor incorporación a las protecciones laborales, como contrato y seguridad social, según los datos de un estudio publicado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab).
Los datos refieren que en 2025, el del 95 % de quienes realizan trabajo en casas remunerado no contaba con un contrato escrito y solamente el 4.3 % contaba con ese beneficio. Por aparte, el 1.4 % estaba afiliado a la seguridad social.
En 2023, el porcentaje era de 5.5 %, refiere el estudio «Trabajo doméstico remunerado en Guatemala. Situación del trabajo en casa particular» realizado por la Dirección de Estadísticas Laborales del Mintrab.
Los datos del estudio, se complementan con cifras de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI), la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) y la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos Continua (ENEIC), del Instituto Nacional de Estadística (INE).
El análisis que registra datos históricos, refiere entre 2013 y 2025, la condiciones de falta de contrato u otro beneficio se ubicó entre 95 % y 100 %, lo cual el mismo Mintrab, evidencia el alto nivel de informalidad que caracteriza la relación laboral en este sector.
A pesar de que los datos de la Dirección de Estadísticas Laborales señala que, aunque el peso del oficio en hogares dentro del PIB es relativamente reducido, se trata de una actividad relevante para el sostenimiento cotidiano de los hogares y para la organización del trabajo y los cuidados en la economía.
Los datos también registran que la actividad, está marcadamente feminizada; sin embargo, también con bajas importantes.
Entre 2013 y 2025, las mujeres representaron más del 93% de las personas ocupadas en este sector. Para 2025, el 10.5% de las mujeres ocupadas se encontraba en el trabajo en casas remunerado, frente al 0.3% de los hombres.
Las condiciones laborales descritas por el estudio muestran una combinación de subocupación y jornadas excesivas.
En 2025, el 29.2% de las personas ocupadas en el trabajo en casas remunerado laboraba más de 48 horas semanales.
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SEGURIDAD SOCIAL: COBERTURA QUE NO LLEGA AL 2%
De acuerdo con el estudio, durante la mayor parte del período 2013-2025 la afiliación de personas ocupadas en el oficio en hogares se mantuvo por debajo del 1%.
Aunque en 2018 y 2019 se registraron porcentajes de 1.6% y 2.1%, respectivamente, para 2025 la afiliación fue de apenas 1.4%.
Esto significa que la gran mayoría de personas que realizan trabajo en casas remunerado permanece fuera de la cobertura de la seguridad social. El Mintrab advierte en el estudio que esta situación limita el acceso a mecanismos de protección relacionados con maternidad, atención en salud y posibilidades de cotización para pensiones o jubilación.
En Guatemala existe el Programa Especial de Protección para Trabajadoras de Casa Particular (PRECAPI), administrado por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), que contempla cobertura principalmente en maternidad, accidentes y atención de hijos menores de cinco años. Sin embargo, el propio estudio señala que su cobertura continúa siendo limitada.
EL INGRESO PROMEDIO ES DE Q1 MIL 230
A las brechas de formalización y protección social se suma una diferencia importante en los ingresos. En 2025, el ingreso laboral mensual promedio de las personas ocupadas en el trabajo de casa remunerado fue de Q1 mil 230.20, según el estudio.
Ese monto era Q2 mil 492.90 menor que el salario base de referencia de Q3 mil 723.10 utilizado en el análisis, sin incluir las bonificaciones de ley. En términos relativos, el ingreso promedio de quienes se dedicaban al oficio en hogar equivalía a alrededor del 33% de ese salario base.
Incluso al incorporar la valoración monetaria de alimentación y vivienda que algunas personas reciben como parte de su remuneración, el ingreso promedio estimado asciende a aproximadamente Q1 mil 612.40. Aun así, continúa por debajo de otras categorías ocupacionales.
La situación económica también se refleja en los niveles de pobreza. Con datos de 2023, el Mintrab estimó que 52.9% de las personas ocupadas en trabajo en hogares se encontraba en condición de pobreza, mientras que 11% estaba en pobreza extrema.
ADOLESCENTES TAMBIÉN APARECEN EN LAS ESTADÍSTICAS
El estudio identifica además la presencia de adolescentes en esta actividad. En 2025, el grupo de personas de 15 a 17 años representó el 6.3% de quienes estaban ocupados en trabajo de casa remunerado.
La mayor proporción corresponde a personas adultas de 30 a 59 años, con 58.5%, seguida por jóvenes de 18 a 29 años, con 28.3%. El Mintrab considera particularmente relevante la presencia de adolescentes, debido a que una incorporación temprana a esta labor puede estar relacionada con dinámicas de trabajo infantil y afectar la continuidad educativa, dependiendo de las condiciones en que se desarrolla.
En cuanto a escolaridad, la primaria concentra el mayor porcentaje. Para 2025 representó el 50.7% de las personas ocupadas en el sector, aunque también aumentó la participación de personas con educación diversificada, que pasó de 6.1% en 2013 a 16.8% en 2025.
MINTRAB SEÑALA UNA BRECHA NORMATIVA
El estudio no se limita a describir las condiciones laborales, sino que también analiza el marco jurídico que regula el trabajo de casa en Guatemala.
Una de sus conclusiones es que esta actividad continúa bajo un régimen especial que mantiene diferencias sustantivas respecto del régimen laboral general. El documento identifica una distancia entre la regulación vigente y los estándares internacionales de trabajo decente.
Uno de los puntos señalados es la falta de ratificación del Convenio 189 de la OIT, instrumento internacional que establece estándares específicos para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, entre ellos condiciones claras de empleo, preferentemente mediante contratos escritos, límites de jornada, descansos, protección social y condiciones de trabajo seguras.
El estudio recuerda que Guatemala tiene pendiente la ratificación de ese convenio y señala que la Iniciativa de Ley 4981, presentada por el Organismo Ejecutivo en 2016, continúa sin aprobación definitiva en el Congreso.
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ACTIVIDAD QUE EL MINTRAB BUSCA VISIBILIZAR
El documento constituye el primer número de la Serie de Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y plantea que la generación de evidencia debe servir como base para discutir las condiciones del sector y orientar acciones institucionales.
Entre los lineamientos planteados se encuentran fortalecer el reconocimiento jurídico del trabajo en hogares como una relación laboral en condiciones de igualdad, impulsar adecuaciones normativas, ampliar la información sobre derechos laborales para trabajadoras y empleadores, fortalecer las rutas de denuncia y atención y mejorar el acceso a mecanismos de protección social como el PRECAPI.
El estudio también plantea dar continuidad a la Mesa Multisectorial por los Derechos de las Mujeres Trabajadoras Domésticas, del Hogar y de Casa Particular, como espacio de articulación entre instituciones y organizaciones vinculadas con el sector.
En sus conclusiones, el Mintrab sostiene que el trabajo en casas remunerado constituye una relación laboral y que las personas que lo realizan deben ser reconocidas como trabajadoras y trabajadores con derechos. El diagnóstico identifica como principales brechas la informalidad, la escasa formalización contractual, la reducida afiliación a la seguridad social, los bajos ingresos y la incidencia de pobreza.