Kevin Malouf, cirujano plástico guatemalteco, descuartizó a su paciente estadounidense, Floridalma Roque, luego de que ella murió en su clínica, por mala práctica. Según el enfermero que lo denunció, Malouf dejó morir a Roque por no querer gastar más en salvarla. No hablaríamos entonces de homicidio culposo, como concluye el juez el 5 de marzo, sino de homicidio, sin apellido. Y hablaríamos no de negligencia médica, sino de hechos que pueden convertirse en material para una película de horror: luego de la muerte de Roque, Malouf cercenó el cuerpo de la mujer con una sierra dentada, en complicidad con personal de la clínica, y luego lo desapareció en un pozo de 23 metros de profundidad.

Por si fuera poco, Malouf mintió en redes sociales al inicio del proceso, diciendo que había presentado pruebas de cuando “ella toma un automóvil y se va”, sabiendo que había pedido a una enfermera hacerse pasar por Roque. Este psicópata ha recibido una serie de privilegios de la “justicia” guatemalteca: mientras los demás acusados tuvieron que asistir a los tribunales a lo largo del proceso, a él se le permitió declarar por videollamada. Además, su caso, a pesar de la serie de evidencias en su contra, se mantuvo bajo reserva, lo cual significó que no todas las partes involucradas tuvieran acceso a todas las investigaciones o a todo el contenido del expediente. Por otra parte, la calificación de homicidio, cambiada por la de homicidio culposo, permitió que Malouf aceptara los cargos y obtuviera penas menores, como si hubiera sido un simple accidente: la pena fue de 3 años y 4 meses, conmutables por Q5 diarios. Perverso e inconcebible. Mientras periodistas y activistas que defienden la libertad y la verdad pasan años en prisión, este criminal sigue suelto.

Y es que, luego de haber cambiado la calificación del delito, el juez (¿tráfico de influencias?) aplicó un mecanismo de impunidad que otorga a los criminales privilegios que no merecen, denominado “procedimiento especial de aceptación de cargos” (decreto 10-2019), publicado en el diario oficial el 16 de diciembre de 2019. Este procedimiento reforma el Código Penal guatemalteco, adicionando artículos al Título Sexto, específicamente en el artículo 491 Bis. Allí encontramos la definición sobre el mismo, que consiste en que toda persona que se encuentre ligada a proceso penal tiene derecho a aceptar los cargos que el Ministerio Público le formule al momento de la imputación o acusación.

El procedimiento no entró en vigor inmediatamente en 2019, ya que fue planteada una acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, los siempre doctos magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) establecieron que “no contraviene ninguno de los artículos de la Constitución…”, publicándolo en el diario oficial el 1 de junio de 2022. La misma CC, máximo tribunal de justicia de Guatemala, establece que es responsabilidad del Congreso de la República el cumplimiento del ejercicio dentro del marco establecido en el orden constitucional, con el fin principal de la realización del bien común.

Por lo tanto, se infiere que si este procedimiento le afecta a una persona en un caso específico, la solución de la CC es que plantee su propia inconstitucionalidad por un caso concreto. Sin importar que la víctima sume más gasto y desgaste a su proceso, así como los rigores de quien se enfrenta a este sistema de impunidad totalmente inhumano, que deja fuera los criterios que deben tenerse al impartir justicia: sabiduría, ética, lógica, experiencia, honorabilidad y respeto por lo justo. ¿Y qué dice el Colegio de Médicos de todo esto?

El procedimiento de aceptación de cargos es un mecanismo de impunidad en el país de la corrupción. El Congreso debe actuar para derogarlo o sumaremos indignación por casos que permiten a verdaderos criminales salir prácticamente libres mientras las víctimas o sus familias mueren de rabia, dolor o miedo. Total, con la desmemoria que nos caracteriza, los criminales siempre felices porque “la vergüenza pasa, pero el dinero queda en casa”.