Hace una semana trascendió la contratación de 320 personas en el Tribunal Supremo Electoral para ocupar cargos de auxiliares municipales, lo cual habría sido aprobado por la presidenta en funciones de esa institución, Blanca Alfaro.

El asunto no solo ha generado críticas por parte de actores políticos, sino que también habría motivado una nueva solicitud de retiro de antejuicio contra la magistrada, presentada por el Ministerio Público.

Sin embargo, este viernes, representantes del sindicato mayoritario defendieron dichas contrataciones y descartaron cualquier anomalía en el procedimiento.

Osbelí Urízar, secretario general del sindicato, aseguró que el proceso de contratación de estas plazas se llevó a cabo conforme a los procedimientos establecidos y añadió que hubo una asignación específica del Congreso de la República para este rubro en el presupuesto de la institución.

Por su parte, Sergio Escobar Antillón, director del Registro de Ciudadanos del TSE, aseguró que se planteó la posibilidad de asignar nuevas plazas con el objetivo de que cada subdelegación contara con una persona adicional al titular, para cubrir distintas necesidades operativas.

Los señalamientos por las 320 plazas de auxiliares municipales surgieron al conocerse que la decisión de contratar al personal no fue tomada por el pleno de magistrados, sino únicamente por la magistrada Blanca Alfaro.

Ella justificó su actuación señalando que el pleno se encontraba desintegrado al momento de realizar las contrataciones. Añadió que, ahora que el pleno ya está completo, se discutirá la continuidad de los trabajadores.

Redacción por Bryan Choy