En su visita a Guatemala, el secretario del Departamento de Estado de los EE. UU., Marco Rubio, felicitó al gobernante Arévalo, por preservar la democracia, en clara referencia a la pretensión de irrespeto a la voluntad popular expresada en las elecciones de 2023, por parte de quienes festinadamente se resisten a aceptar el veredicto popular e insisten en que se anulen las votaciones y se reviertan tanto la oficialización de los resultados comiciales como la adjudicación de cargos de elección popular.

Dicha congratulación se entendió como un beneplácito del gobierno estadounidense a la transición del ejercicio del poder en nuestro país, ocurrida el 14 de enero de 2024, así como un apoyo irrestricto a nuestro proceso democratizador, a sabiendas de que este fue puesto al borde del abismo por la rapaz camarilla gobernante que se instaló en el poder durante el cuatrienio 2020-4, haciendo alarde de una abusiva concentración de poder.

Empero, no es secreto que Guatemala está lejos de contar con una democracia funcional. De hecho, su régimen de gobierno ha sido calificado como “híbrido”, porque combina elementos democráticos y antidemocráticos. La existencia de una autoridad electoral, aunque, hoy por hoy, deslegitimada y debilitada, y la celebración de elecciones periódicas son los únicos componentes democráticos, en tanto que la desinstitucionalización estatal, el clientelismo político y la demagogia son componentes antidemocráticos.

La desinstitucionalización estatal se concreta a través de: (i) la suplantación del sistema de partidos, propio de la democracia representativa, por una voraz partidocracia, es decir una oligarquía política codiciosa, sin vocación de servicio, que legifera y no legisla, que malgasta y no administra; (ii) la colonización de la justicia oficial por intereses creados y corruptores, que ha redundado en la inaplicación de la Constitución y la ley; y, por ende, en el irrespeto de los derechos humanos, y la desprotección jurídica de las inversiones y negocios lícitos; (iii) la opacidad en el manejo de la cosa pública y la ausencia de rendición de cuentas sobre la ejecución presupuestaria; (iv) la irracional burocratización, que se devora el 70% del presupuesto estatal; y (v) la escandalosa corrupción, que corroe y socava la gobernabilidad y el régimen de legalidad, así como la expansión incontrolable de la delincuencia organizada transnacional, calificada como “terrorista” por el gobierno estadounidense.

El clientelismo, que se traduce en el intercambio de favores y ventajas por apoyo y votos, ha pervertido la acción política y al sector público, apartando a este de la optimización y pertinencia del gasto público. De hecho, el Estado, además de que subsidia a la partidocracia, complace a su clientela a través de un cuantioso dispendio populachero disfrazado de inversión social, en vez de fortalecer los servicios públicos. Por otro lado, la demagogia, que es la manipulación politiquera de la opinión y conducta ciudadanas, a través de halagos y engaños, apuntala un permisivo ascenso de liderazgos narcisistas y populismos radicales, así como alimenta un cáncer metastásico a lo interno del régimen político-electoral. Estas graves deficiencias del proceso democratizador explican el grado de desconfianza en él de parte de la ciudadanía y la comunidad internacional, así como su progresiva degeneración, alentada por el accionar de los enemigos de la democracia. Por lo tanto, superarlas es imperativo e impostergable, bajo pena del colapso de la democratización y del advenimiento del despotismo.