En el análisis de #ALas845 conversamos sobre el tema, “Compras sin licitar, lavado y Perenco: ¿Urgencia o puerta al abuso?”.

En el espacio, se discutieron tres temas puntuales: la iniciativa de ley 6576, que plantea eximir al Ejecutivo y Consejos de Desarrollo de procesos de licitación por tres años alegando “urgencia nacional”; la iniciativa de ley 6593, Ley Integral contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo; y, por último, el proceso de cierre de operaciones de Perenco y el posible involucramiento de la estatal mexicana PEMEX como actor técnico sustituto.

El invitado fue Julio Héctor Estrada, diputado por la bancada Cabal y presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso.

El cierre de Perenco

Según Estrada, en relación a las reformas para el cierre de Perenco, dijo que la iniciativa fue presentada con mucha tardanza. “Para la Ley de Hidrocarburos se habló en marzo con el MARN y la empresa que el plazo termina el 12 de agosto, y luego hasta una semana después nos dijeron que no querían su continuidad, y luego propusieron un cierre técnico que no existe en la normativa. Nos prometieron que presentarían antes de Semana Santa la iniciativa, pero pasaron varios meses y ya no tenía sentido que la llevaran, pues no se podía hacer un nuevo contrato. Nadie salió explicando las decisiones que tomaron. Además, involucran a PEMEX, quizá la petrolera más corrupta del mundo”, explicó.

El legislador agregó que “tiene documentos” sobre lo que autoridades presentaron el 14 de junio, que incluso data de marzo, y que “solo le cambiaron el título”, pero la tardanza de presentar la propuesta fue significativa. “Son US$350 millones de activos sobre tierra, bombas, y otros, que no sé cómo lo van a cuidar con 300 soldados en los campos petroleros. Seguramente invadirán esa área. Uno piensa que algo tenían en mente. Lo presentan sin hacer una conferencia, y nos enteramos porque la iniciativa aparece en la agenda. La lógica era hacerlo en abril para hacer el contrato y ahorrarse los 500 millones del contrato de emergencia con PEMEX”, resaltó.

Estrada dijo que el mismo titular de Energía y Minas le reveló que “no están preparados” para tomar control de los pozos, además que el Estado no tiene capacidad. “La ley estaba hecha en los gobiernos militares, para que luego de los 25 años de contrato se entregaran los pozos a una empresa estatal”, recordó.

Sobre la contratación de PEMEX, Estrada dijo que se desconoce su función, pero añadió que se basaría en un “contrato de emergencia”, que solo tiene como finalidad cerrar los pozos. “El gobierno no puede contratar a nadie para explotar, y solo se basa en el cierre y algún tipo de salvataje de equipos y otros”, enfatizó.

Dijo que la realidad es que “se acabó la producción petrolera en el país” pues no hay compromiso para solucionar el caso, ni atraer más inversiones. “El cierre es más complejo pues se trata de desarmar las piezas. La refinería de asfalto ya no está y no sé que impacto tendrá en los precios. Perenco no está completamente fuera, pero las llaves se darán al ministro y que Dios lo bendiga”, resaltó.

Según Estrada, la empresa le aseguró que en el país hay aún presencia de petróleo y que para continuar con su labor, tenían protocolos y licencias. “Pero nos comentaron que si no veían una señal, sobre el cierre o que se pudiera extender el contrato, el 25 o 30 de abril, empezarían a cerrar pozos”, dijo.

Libertad para compras directas

Sobre al propuesta de ley para eximir al Ejecutivo y Consejos de Desarrollo de procesos de licitación, Estrada resaltó que la iniciativa se presentó tarde y no es específica. “Le llamo la ley de cheque en blanco, pues dice que se declara de urgencia todo lo estratégico, para que sea sin licitación y de compra directa. Esto involucra a las Municipalidades que también estarían con la posibilidad de no licitar. Lo que me sorprende es que le den vacaciones a la ley de contrataciones”, dijo.

Estrada resaltó el riesgo de retirar procesos, bajo el argumento de que funcionarios de la actual administración “son buenos”, o no corruptos. “Abrir una línea de contratación directa hasta pone en peligro la vida de directores, pues la corrupción explotaría. Esto viene del Ejecutivo. Además, se crea un fondo en el CHN para que se diga que el dinero está ejecutado. También se busca frenar el otorgamiento de avales; que encima es una normativa del Ejecutivo que solo podría quitarla”, expresó.

Diputado agregó que la medida tiene los mismos efectos que un estado de Calamidad, y citó una iniciativa que se presentó para compras directas cuando existan “imprevistos”.

El legislador también resaltó los “tiempos ajustados” para resolver temas y avanzar con iniciativas en el Congreso, y volvió a recordar las inasistencias del ministro de Finanzas, Jonathan Menkos. “Si la hubiera venido a socializar esta iniciativa, le hubiéramos dicho que se estaba tirando un cheque en blanco. Sobre el presupuesto para el 2026 le bajan al MP, al CIV y otros, y le dan una gran subida al MSPAS, a Defensa y hay unos fondos para infraestructura vial”, resaltó.

La ley antilavado presentada por el Ejecutivo

En relación a la normativa antilavado presentada hace pocos días por el Ejecutivo, Estrada dijo que no la conocía y solo “le ha dado una lectura somera”. “Guatemala tiene que modernizar su legislación sobre lavado. Mucho de lo que existe ya está en lo que realiza la IVE. Ahora, juzgo lo que se está poniendo en penas, pues en la definición del delito creo que hay un problema con la tipificación. La definición es muy abierta, y parece decir que todo lo que es delito es lavado. Modifican muchos artículos del Código Penal. Es algo que se debe trabajar a conciencia, con consultas y no a la carrera”, explicó.

Agregó que estima que la iniciativa se asignará a las Comisiones de Finanzas y de Economía del Congreso para su estudio.

Sobre la posible injerencia de Estados Unidos para crear la normativa, Estrada dijo que ese país “expresa sus temas prioritarios”. “La lucha contra el narcotráfico es una realidad. El país se beneficia mucho por transparencia, de perseguir el dinero porque allí se encuentra la corrupción. Es más fácil controlar el patrimonio del funcionario, que sus sellos u otros. Creo que habrá respaldo, pero no podemos sacarlo sin discutirlo, pero sí es una prioridad de Estados Unidos”, dijo.

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