Las prioridades van desde ganar confianza técnica y ciudadana, así como contar con reglamentos operativos, presupuesto adecuado y blindar la Superintendencia de Competencia ante intereses de diferente índole.

Echeverría participó en la conferencia “Implementar la ley y fomentar la competencia”, organizada por el ICE, y en la cual participaron cuatro directores y el superintendente de Competencia, y habla de la importancia para la entidad de mantener independencia.

¿Cuáles son las prioridades que debería tener la Superintendencia de Competencia, que está en proceso de formar la institución y el reglamento a la ley?

El primer gran reto que tiene esta Superintendencia, al ser una institución nueva y el primer ejercicio de regulación de competencia que tenemos en el país, es generar confianza.

Este reto consiste en conseguir una autoridad que inspire credibilidad, proceso que pasa porque se comuniquen bien las cosas, que se escuche no solo los reclamos sino también las ideas de todos los sectores y que se actúe con consistencia.

Esto ellos lo pueden lograr generando confianza en dos aristas: la confianza técnica, para que las decisiones sean vistas como imparciales y que estén basadas en evidencia, y la confianza ciudadana, para que los agentes económicos no perciban a la autoridad como una amenaza, sino como un aliado.

¿Qué podría suceder si no se genera credibilidad técnica?

Las decisiones que tomen pueden ser vistas como arbitrarias, lo que reduce la disuasión y la eficacia de las decisiones.

No quiero decir que no se les va a acompañar, pero si no se construye la confianza en la institución, es posible que exista cierto rechazo, y se corra algún riesgo más alto de que la institución no llegue a funcionar como debería.

¿Qué otras acciones observan como prioritarias?

Una vez construida esta confianza, que tiene que ser una tarea paralela, otros de los principales pasos que tiene que asumir la Superintendencia son la emisión de los reglamentos, los cuales tienen que ser claros y operativos. También tienen que consolidar equipos técnicos capacitados para poner en marcha a la Superintendencia.

Tenemos que recordar que la autoridad de competencia, más allá de ser solo un ente perceptor o sancionador, tiene que abogar por la competencia, promocionarla y aplicarla.

En el ICE nos encantaría que se le diera prioridad a la promoción de la competencia, que es básicamente buscar fomentar de forma no coercitiva un entorno de mercados abiertos y justos en que las empresas puedan competir con libertad.

Como lo decían los funcionarios, el rol de la Superintendencia debería ser más que ente sancionador, un promotor del juego limpio, donde los sectores económicos compitan como mejor les parezca y como mejor puedan, y que no se tenga como un árbitro lejano que va a castigar si alguien comete una falta, sino como una entidad que acompañe a los entes económicos no solo a cumplir con la ley, sino a mejorar sus prácticas.

Como se dijo en el evento, la promoción de la competencia y enseñar es muchísimo más efectivo que castigar, y los países que han tenido éxito con este modelo —entre ellos Chile, España y Perú— demuestran que lo primero es construir una cultura de competencia. Al final de cuentas, si la gente conoce la ley, la va a cumplir.

De las propuestas y planes que dieron a conocer los funcionarios de la Superintendencia, ¿cuáles son los aspectos que les inquietan o les causan dudas?

Empezando por lo positivo, creo que el directorio y ahora el superintendente están haciendo un esfuerzo para que sus decisiones y sus deliberaciones sean públicas. El esfuerzo que van a hacer de recibir comentarios y sugerencias para la elaboración de los reglamentos es un ejercicio muy valioso.

Sin embargo, nos daría un poquito más de paz saber cuál va a ser el procedimiento para la contratación de esos equipos técnicos que tanto van a necesitar en el día a día de la Superintendencia. Estamos conscientes de que es un tema nuevo en el país y, por ello, no hay gran cantidad de profesionales expertos en competencia. Sin embargo, hay gente muy capacitada que se puede especializar con el tiempo. Tenemos esa expectativa de saber cuáles van a ser los criterios que se van a usar para contratar a los profesionales que le van a dar vida a las labores de la Superintendencia.

También hay dudas acerca de cómo se van a aplicar algunos conceptos como mercado relevante y de las concentraciones que conlleva una fusión o una compra. ¿Cómo analizan esta parte?

La ley de competencia tiene algunos conceptos ya definidos, pero va a recaer sobre los reglamentos cómo se van a administrar las interpretaciones de los criterios. Confiamos en que el directorio va a hacer el mejor trabajo posible para evitar interpretaciones erróneas. Y es necesario que se pueda aprender de prácticas internacionales o de expertos locales. Sin embargo, es muy pronto para emitir una opinión absoluta.

¿Cuál sería su principal recomendación?

Que no se alejen del camino que han llevado de comunicación, de claridad, de transparencia, porque estos primeros pasos van a ser el catalizador de la opinión pública.

Además, que los reglamentos estén fortalecidos para blindar a la Superintendencia de intereses políticos o ideológicos y personales. Eso va a ser clave no solo para la confianza de la Superintendencia, sino para que esta funcione. Tenemos que recordar que la Superintendencia no va a funcionar sola, ya que la ley obliga a la creación de salas de tribunales especializados en materia de competencia. Entonces, tienen que recordar que cada decisión que ellos tomen puede estar sujeta a revisión, y mantener esa independencia frente a intereses externos va a ser clave.

La Superintendencia aún no tiene presupuesto. ¿Harían un llamado a las autoridades correspondientes a aprobarles fondos?

Sí, es otro punto clave, no solo para el funcionamiento, sino para mantener a la Superintendencia vigente y blindada frente a intereses que puedan resultar dañinos.

Hay que recordar que tanto los directores como el superintendente tienen prohibición de ejercer otro cargo público o privado, con excepción de cargos de docencia. Y, aparte de eso, si no se asigna un presupuesto, va a ser literalmente imposible que la Superintendencia pueda convocar y mantener el talento humano necesario.