Estado de Guatemala ofrece disculpas a autoridades indígenas por criminalización tras manifestaciones de 2023
El presidente Bernardo Arévalo ofreció una disculpa pública, en nombre del Estado de Guatemala, a las autoridades indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán y de la Municipalidad Indígena de Sololá que fueron procesadas penalmente luego de las manifestaciones de 2023 en defensa de la democracia y de la voluntad popular. El acto se realizó […]
El presidente Bernardo Arévalo ofreció una disculpa pública, en nombre del Estado de Guatemala, a las autoridades indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán y de la Municipalidad Indígena de Sololá que fueron procesadas penalmente luego de las manifestaciones de 2023 en defensa de la democracia y de la voluntad popular.
El acto se realizó este miércoles 7 de octubre en el Palacio Nacional de la Cultura y estuvo dirigido a Luis Aroldo Pacheco, Héctor Samuel Chaclán, María Juana Elías, Basilio Bernardo Puac y Esteban Top, quienes formaban parte de la junta directiva de las autoridades indígenas señaladas durante ese proceso.
Arévalo reconoció que los afectados ejercieron su derecho a participar en las movilizaciones de 2023 y afirmó que fueron criminalizados por instituciones del Estado.
#AhoraLH | «Les pedimos disculpas para cada uno de esos días que no se pueden recuperar», asegura Arévalo mientras reitera que no existe forma de que «las disculpas sean suficientes».
Así mismo expresa que el Estado buscará la no repetición de los hechos que llevaron a la… pic.twitter.com/bR9BT4Ov3I
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“En 2023, ustedes como autoridades indígenas ejercieron su derecho a defender la democracia. Lo hicieron de forma pacífica, con la legitimidad que les otorgan sus comunidades mediante sus formas propias de organización política y con la vocación de servicio que distingue a la autoridad ancestral”, expresó.
El mandatario señaló que el proceso penal fue “abiertamente arbitrario e ilegal” y lo calificó como una persecución “sesgada, política y espuria”.
También afirmó que las organizaciones a las que pertenecían fueron estigmatizadas y sostuvo que los 48 Cantones y la Municipalidad Indígena de Sololá no son organizaciones criminales, sino autoridades legítimas y parte de las estructuras sociales y culturales del país.
#AhoraLH | «La justicia finalmente llegó», expresa el presidente Bernardo Arévalo ante la finalización de los procesos de la junta directiva de 48 cantones en 2023, asegurando que las disculpas públicas reafirman su legitimidad como organización social.
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DISCULPAS DICTAMINADAS
El titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Julio Saavedra, explicó que la disculpa se realizó en cumplimiento de una orden judicial y que se ofrecía en representación del Estado de Guatemala.
Saavedra señaló que las autoridades indígenas fueron procesadas por su participación en las movilizaciones de octubre de 2023 y que se les imputaron delitos como terrorismo, sedición, asociación ilícita, obstaculización a la acción penal y obstrucción a la justicia.
“Manifestar no es delito”, afirmó el titular de la PGN, quien sostuvo que una sociedad democrática debe permitir que sus ciudadanos expresen sus opiniones, se organicen y manifiesten públicamente sus desacuerdos.
#AhoraLH | El titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Julio Saavedra, también hace mención de lo que implica criminalizar el derecho a la manifestación pacífica, así como el de autoridades indígenas.
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El procurador agregó que el derecho penal no debe utilizarse como mecanismo para responder o perseguir el disenso político y que las investigaciones deben responder a hechos concretos y responsabilidades individualizadas.
“Es total y absolutamente inaceptable criminalizar la libertad de expresión y de reunión cuando son manifestaciones de desacuerdo”, señaló.
Saavedra dijo que el Estado reconoce la afectación ocasionada a los 48 Cantones y a la Municipalidad Indígena de Sololá y ofreció una disculpa pública por las consecuencias que produjo la persecución penal. También planteó un compromiso de no repetición.
#AhoraLH | Julio Saavedra, procurador general de la Nación, hace las disculpas públicas a las autoridades de 48 cantones de Totonicapán, anunciando que el Estado debe procurar la no repetición.
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«MANIFESTAR NO ES UN DELITO»
Luis Pacheco, quien presidía los 48 Cantones en 2023, aseveró que las manifestaciones no fueron realizadas en favor de un gobierno, partido o persona, sino en defensa de lo que consideró un derecho del pueblo de Guatemala.
“Defendimos un derecho inherente al pueblo, no fue por un gobierno, no fue por un partido, no fue por una persona. Fue por el pueblo de Guatemala”, declaró.
Pacheco recordó su paso por prisión y aseguró que el proceso tuvo consecuencias personales y familiares. “Lastimosamente, las repercusiones ahora ya no son desapariciones forzosas, ya no son secuestros, ya no es muerte, pero sí es una muerte social”, expresó.
#AhoraLH | Luis Pacheco, dirigente indígena de 48 cantones en 2023, expresa que «la entrega a los pueblos» es un servicio desgastante, pero necesario para el bienestar de Guatemala.
Así mismo expresa que, aunque las desapariciones forzosas ya no son comunes, la criminalización… pic.twitter.com/s8eid6CyuE
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El dirigente indígena sostuvo que quienes ejercen sus derechos de manera pacífica no deben tener temor de ser perseguidos. “Manifestar nuestros derechos apegados a derecho no es delito”, afirmó.
Pacheco también pidió que el acto no quede únicamente como una ceremonia y que el reconocimiento realizado por el Estado se convierta en un precedente para las comunidades y las instituciones del país.
DAÑOS A FAMILIAS
Héctor Chaclán, quien también enfrentó prisión preventiva, señaló que las consecuencias del proceso penal no se limitaron a las personas procesadas, sino que alcanzaron a sus familias.
Durante su intervención, cuestionó que la disculpa pública no estuviera acompañada de una reparación por los daños ocasionados. “El daño psicológico, el daño financiero que se causó en cada una de las familias, eso faltó”, afirmó Chaclán.
#AhoraLH | Eduardo Tax, actual presidente de la junta directiva de 48 Cantones de Totonicapán, hace mención de que las disculpas no borran el pasado, pero debe marcar un precedente para mejorar el diálogo con autoridades ancestrales.
Tax también hace mención de que buscan que… pic.twitter.com/d9Jf1E1YeL
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Añadió que una disculpa pública es un primer paso, pero planteó la interrogante sobre quién reparará las consecuencias que dejó el proceso. “Una disculpa pública es muy fácil. Pero ahora, ¿quién repara eso?”, cuestionó.
Chaclán sostuvo que la defensa de la democracia tuvo un costo para las autoridades indígenas y sus familias y calificó la persecución como una herramienta utilizada por el sistema de justicia.
ESTADO PROMETE NO REPETICIÓN
El gobernante reconoció que la criminalización tuvo consecuencias sobre las personas procesadas, sus familias y comunidades. “Les pedimos disculpas por cada uno de esos días que ya no es posible recuperar, por el daño causado a sus vidas, a sus familias y a sus comunidades”, afirmó.
Arévalo agregó que la disculpa no es suficiente y que el Estado debe reconocer lo ocurrido, restituir la honra de quienes fueron señalados y garantizar que hechos similares no vuelvan a repetirse.
“Tenemos que cambiarla”, dijo al referirse a la relación entre el Estado y los pueblos indígenas.
#AhoraLH | «Una disculpa es sencilla, pero no repara el daño», expresa Esteban Tzay, ante la persecución sistemática hacia los dirigentes de 48 cantones en 2023.
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Según Arévalo, el Gobierno debe mantener un diálogo permanente con las autoridades indígenas ancestrales y garantizar que ninguna de ellas sea perseguida por ejercer su representación, defender la justicia, manifestarse pacíficamente o exigir sus derechos.
“Que nunca más las instituciones llamadas a garantizar la justicia vuelvan a criminalizarlos. Que nunca más el poder del Estado se use contra quienes defienden la democracia, la justicia y los derechos humanos”, concluyó.
