El debate sobre el Presupuesto 2026 aún no termina. No es solo asunto de tecnócratas ni de cámaras empresariales: detrás de esos Q161 mil millones están el empleo, el precio de la canasta básica y el futuro de nuestros hijos.

La advertencia de Cacif y think tanks es clara: estamos combinando una deuda creciente con un uso poco productivo de los recursos públicos. Es decir, nos endeudamos no para sembrar, sino para consumir. Y cuando un país se acostumbra a vivir así, termina atrapado en una “tarjeta de crédito nacional”: se paga cada vez más en intereses y queda menos para carreteras, escuelas, salud o seguridad.

Guatemala ha sido prudente fiscalmente. La deuda como porcentaje del PIB sigue siendo baja si nos comparamos con la región. El problema es que, en los últimos años, el gasto ha crecido más rápido que la capacidad del Estado para recaudar e invertir bien. Hoy vemos señales preocupantes: el servicio de la deuda proyectado para 2026 compite con el presupuesto de Salud, y aun así seguimos con hospitales desabastecidos y carreteras en ruinas.

No es que endeudarse sea malo. Un país joven, con brechas de infraestructura, necesita crédito para construir puentes, puertos, sistemas de agua y carreteras productivas. Justamente ahí entran las alianzas público-privadas: bien diseñadas, permiten atraer capital privado, compartir riesgos y acelerar proyectos que el Estado solo no puede financiar. La reforma a la Ley de APP, contenida en la iniciativa 6433, busca ordenar esa institucionalidad para que más obra se haga sin depender solo de más deuda y de nuevos impuestos.

A la mala calidad del gasto se suma otro dato incómodo: la lenta ejecución. A pocas semanas de finalizar el año, la ejecución presupuestaria ronda el 75%, y los ministerios más rezagados son los llamados a impulsar el desarrollo: Comunicaciones y Agricultura. Si hoy muchos proyectos se quedan en el papel, ampliar todavía el techo de gasto no corrige nada; solo multiplica la ineficiencia que todos conocemos.

Para la clase media esto tiene efectos negativos. Más deuda improductiva hoy significa mayores tasas de interés mañana, más impuestos disfrazados de “ajustes” y un costo de vida que sigue subiendo mientras los servicios públicos se estancan. Es el círculo vicioso perfecto para desalentar la inversión, castigar el ahorro y empujar a más jóvenes a migrar.

Por eso es importante revisar el Presupuesto 2026 con serenidad y firmeza. No basta con recortar aquí y allá para “hacer espacio”. La discusión debe ser coherente con la reforma a la Ley de APP: ¿qué programas sacan a la gente de la pobreza y cuáles pueden fusionarse o cerrarse? ¿Qué proyectos de infraestructura productiva, incluidos los APP, tienen estudios de costo-beneficio y plazos claros de ejecución?

Y aunque suene a letanía, es momento de exigir más transparencia. La contratación por excepción, los fideicomisos poco claros y las ampliaciones de obra sin justificación técnica son puertas abiertas a la corrupción y al despilfarro. Cada quetzal malgastado es un quetzal perdido irrecuperable.

El Congreso tiene, en las próximas semanas, una responsabilidad histórica. Puede limitarse a aprobar el presupuesto en automático, tras negociaciones espurias, o puede asumir el costo político de revisar partidas, preguntar, rechazar y corregir. Lo mínimo que la ciudadanía puede exigir es que no se apruebe más deuda sin una justificación de su destino y de los beneficios esperados.

Al final, el presupuesto no es un cuadro de Excel, sino un espejo de prioridades. Ahí veremos, sin discursos, si el Estado decide servir o repetir más de lo mismo.

Confieso estar pesimista…