Todavía circulan en redes sociales y sitios dedicados a registrar la historia documentales de la décadas 1970 en países de Latinoamérica, en los cuales individuos e incluso policías enmascarados golpean y detienen en la vía pública a civiles, como parte de episodios dictatoriales represivos, hoy considerados abyectos. Por eso es tan llamativo ver en pleno 2025 a agentes federales y policiales de Estados Unidos —faro de la democracia continental— utilizando máscaras, fuertemente armados, deteniendo en calles, parques, edificios públicos e incluso en centros laborales a presuntos migrantes indocumentados, con el pretexto de que son sospechosos de delitos graves, un estereotipo ampliamente desmentido por las estadísticas.

En todo caso, la estadía sin documentos en Estados Unidos es una falta civil, no una felonía. Incluso residentes legales y ciudadanos estadounidenses latinos han sido capturados y enviados a prisión de manera sumaria, sin que pesen sus explicaciones o sin que a los agentes del orden les interese observar garantías constitucionales de debido proceso o proporcionalidad en el uso de la fuerza. Es evidente que se busca dar un espectáculo intimidante.

Estados Unidos ha crecido gracias a la migración en sus más de dos siglos de existencia. La ofensiva de las redadas puede agradar a cierto grupo de electores y simpatizantes del presidente Donald Trump, pero ya hay arrepentidos e incluso detenidos que votaron por él. Pero también se está afectando, de manera creciente, el aparato productivo de varios estados que dependen de la mano de obra migrante hispana, incluyendo indocumentados. El propio mandatario habló de una posible pausa en los operativos, para frenar el impacto sobre granjas y empresas procesadoras de alimentos.

Varios sectores productivos han visto entorpecidas sus actividades e incluso afrontan riesgo de quiebra, por falta de operarios: ciudadanos locales no quieren esos empleos y quienes quizá los tomen esperan un salario mayor al de los indocumentados. Con la mayoría republicana actual, bien se podría impulsar una reforma migratoria que contribuya a los objetivos de seguridad y económicos ofrecidos en campaña. Pero pareciera que no importan los US$97 mil millones anuales pagados al fisco por migrantes sin papeles —dato del 2022—.

Los operativos siguen, aunque se trate de personas que llevan años trabajando, construyendo, aportando; aunque sean inteligencias jóvenes que podrían marcar la siguiente innovación industrial, intelectual, científica. La generalización trastoca la política de seguridad pública, al punto de irrespetar la investidura de un senador federal, como ocurrió con el de California Alex Padilla, hijo de migrantes mexicanos, quien, pese a haberse identificado, fue removido a empujones de una conferencia de prensa y engrilletado por agentes federales tras intentar cuestionar a la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sobre las redadas en Los Ángeles.

A legisladores demócratas que buscan verificar las condiciones de detención de migrantes les respondieron con un alambicado proceso de aviso. Pero ya congresistas republicanos señalan el costo económico para empresas que se quedan sin mano de obra, algo que posiblemente les pasará factura en las elecciones del otro año. En momentos globales como el actual, EE. UU. no necesita frentes internos, sino unidad y liderazgo. En tiempos de un déficit presupuestario tan crítico, se requiere de un aparato productivo robusto. Pero en ambos ámbitos, los discursos extremistas de campaña ponen en riesgo el centro del asunto: ser un Estado ejemplar de derecho.