El Organismo Ejecutivo anunció que presentará esta semana al Congreso dos iniciativas de ley que en su conjunto forman la “Ley Antipandillas”, con la que busca combatir de manera más efectiva a estos grupos delictivos y reforzar la seguridad en las cárceles, para evitar que sus cabecillas continúen delinquiendo desde prisión.

El anuncio fue realizado por el presidente Bernardo Arévalo junto con el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y funcionarios de esa cartera y de la Policía Nacional Civil (PNC). La propuesta contempla reformas legales, fortalecimiento del Sistema Penitenciario (SP), construcción de una cárcel de máxima seguridad exclusiva para pandilleros e implementación de tecnología biométrica para el control e identificación de los internos.

Según indico el mandatario, esta propuesta de ley complementa los esfuerzos que el desde el Organismo Ejecutivo se están realizando para brindar seguridad y proteger a la ciudadanía del flagelo y los crímenes que cometen estos grupos delictivos en todo el país.

Banco de datos biométrico

De acuerdo con una explicación de Claudia Palencia, viceministra de Seguridad y Antinarcóticos, se tiene prevista la construcción de una cárcel exclusiva para pandilleros, que contará con un sistema de identificación biométrica avanzada para combatir delitos como la extorsión, que con frecuencia se coordina desde los centros penales. El registro incluirá reconocimiento facial y de voz para identificar de inmediato a cada recluso y controlar sus accesos.

El sistema grabará y almacenará las voces de los privados de libertad, creando un banco de datos que permitirá cotejar llamadas de extorsión. “Esta base de todas las voces de los privados de libertad que estén ingresados a estos centros carcelarios va a permitir también la identificación si surgiere alguna denuncia por cualquier delito, específicamente por los delitos de extorsión, exacción intimidatoria u obstrucción extorsiva de tránsito”, afirmó Palencia.

Modificación de leyes

El Ejecutivo también propone reformas al Código Procesal Penal y a otras leyes, con el fin de eliminar medidas sustitutivas para los acusados de extorsión, obstrucción extorsiva de tránsito y exacciones intimidatorias, delitos atribuidos a estructuras pandilleras.

Las reformas buscan golpear las operaciones logísticas y financieras de las maras. Una de las nuevas medidas es la prohibición del uso de productos financieros, como cuentas bancarias, para personas vinculadas a estos delitos, tanto durante la investigación como después de una condena.

Palencia justificó la medida al señalar que “alrededor del 90% de las mujeres utilizadas por las maras y pandillas son encargadas de manejar las cuentas bancarias, y aun estando detenidas, siguen utilizándolas”.

Asimismo, se propone equiparar las penas por extorsión con las de la Ley contra la Delincuencia Organizada y eliminar cualquier beneficio sustitutivo, con lo que los condenados no podrán optar a arresto domiciliario.

En materia de telecomunicaciones, se plantea “inhabilitar permanentemente los teléfonos y los correos electrónicos utilizados para cometer extorsiones”, además de exigir el registro de las empresas proveedoras de internet ante la Superintendencia de Telecomunicaciones, para cortar el suministro de señal a células criminales. Estas disposiciones se incorporarían mediante reformas a la Ley de Equipos Terminales Móviles.

Fortalecimiento del Sistema Penitenciario

Otro de los pilares de la iniciativa es la creación de la Ley de Fortalecimiento Penitenciario y Tratamiento ante Grupos Delictivos Organizados o Pandillas, que contempla la construcción de un centro penitenciario exclusivo para sus integrantes.

“Estamos proponiendo un fortalecimiento al Sistema Penitenciario donde se dé la creación de una cárcel específicamente para las personas que estén ligadas o relacionadas a maras o pandillas. Este centro carcelario tendrá la prohibición del ingreso de encomiendas, pero también la construcción de celdas en donde no haya más de dos privados de libertad por celda”, afirmó la viceministra Palencia.

La funcionaria explicó que el penal contará con estrictas medidas de seguridad, como la prohibición total de encomiendas, celdas con máximo de dos reclusos y control de visitas mediante vidrios o videoconferencias, para impedir el ingreso de ilícitos y el contacto directo con los visitantes.

Penas por extorsión y usura

El presidente Arévalo indicó que la propuesta incluye el aumento de las penas por extorsión y usura, que oscilarán entre 8 y 15 años de prisión. Además, aseguró que cualquier extranjero sorprendido en flagrancia por el delito de usura “será expulsado de manera inmediata hacia su país de origen”. Con esta medida, el Gobierno busca frenar las acciones delictivas de personas que ofrecen los denominados préstamos “gota a gota”.

El ministro Jiménez hizo un llamado al Congreso y al Organismo Judicial a respaldar las reformas, al subrayar que se trata de una iniciativa trabajada de manera conjunta por el Ejecutivo, la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copadeh).

¿Cuántos pandilleros hay en Guatemala?

Al ser consultado sobre el número de pandilleros que hay en el país, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez indicó que actualmente se tienen registrados unos 4 mil 899 pandilleros activos.

En cuanto al total de integrantes, que incluye a miembros activos, colaboradores y mujeres utilizadas para cobrar o prestar sus cuentas en casos de extorsión, se calcula que existen alrededor de 12 mil en todo el país.

Según registros del Sistema Penitenciario, unos 3 mil pandilleros se encuentran recluidos en las cárceles nacionales.