Aunque se reconoce la importancia de modernizar la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto 57-95) y la necesidad de introducir cambios a la norma, analistas consultados anticipan que se trata de un proceso especializado y prolongado que el Minfin no estaría contemplando en la discusión actual en el Congreso de la República.

La celeridad con que el Gobierno Central impulsa la reforma y los tiempos políticos que se avecinan —sobre todo por el proceso de elección de segundo grado previsto para el próximo año— podrían representar obstáculos para lograr los objetivos que se persiguen con este cambio en la política fiscal.

Reforma de compras requiere alta especialización

Prensa Libre consultó a los analistas Erick Coyoy, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), y Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), ambos con experiencia en el tema, ya que fueron viceministros de Finanzas. Ambos ofrecieron su perspectiva sobre la intención de las actuales autoridades de modificar el sistema de adquisiciones estatales.

Coyoy señaló que se trata de una iniciativa ambiciosa, que implica una redefinición del modelo actual. Recordó que la ley vigente tiene 30 años, lo que hace necesaria su renovación; sin embargo, advirtió que se trata de un proceso muy técnico que requiere amplia discusión e involucramiento de los tomadores de decisiones, así como explicar con claridad los alcances del nuevo esquema propuesto, que calificó de “muy amplio”.

Además, afirmó que habrá que observar la postura que adopte el Congreso de la República, ya que se trata de un año preelectoral en el que también debe elegirse a los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, del Tribunal Supremo Electoral, a la fiscal general y al contralor general. “La agenda nacional va a estar muy cargada por las elecciones de estos órganos de control”, explicó, y agregó que será complicado abrir espacios de trabajo para conocer esta propuesta.

A su juicio, no es el momento más adecuado para presentar esta normativa, pues su discusión es “más técnica que política”, y por lo tanto se requiere “una amplia especialización para abrir esos espacios”.

Sugieren más tiempo para evaluar reforma de compras

Barrientos aclaró que la propuesta aún no está concluida y aunque hay un espacio de propuestas y discusión el proceso está un poco corrido, porque hay plazos bastantes cortos y se ha aconsejado que una iniciativa tan compleja se necesita un tiempo suficiente para ser evaluada y analizada.

Una de las recomendaciones es incluir en Guatemala la figura del Convenio Marco que eventualmente puede remplazar la figura actual de Contrato Abierto, que puede significar algunas ventajas.

También se han identificado las causas del porque no está funcionando el mecanismo de Subasta Inversa y en la propuesta habrá cambios a la ley como en el reglamento, para activar esta modalidad que se creó en 2015 pero que en la realidad no se ha utilizado pero que tiene grandes ventajas en términos de eficiencia.

Sobre los límites de lo que hoy es compra directa, se estaría proponiendo un límite de Q200 mil a Q300 mil pero que habría que esperar como queda la versión final.

Una de las preocupaciones, es que pueda incorporarse alguna de las exigencias de los alcaldes y no ceder sobre las presiones políticas, y que se mantengan dentro del ámbito técnico cuando ingreso a la discusión al Legislativo.

“La discusión es técnica, pero hay una preocupación de que pueda haber una influencia política para satisfacer intereses de alcaldes”, consideró Barrientos.

Urge redefinir modalidades de compra

Sobre los cambios que deben introducirse a la normativa vigente, Coyoy insistió en que deben modificarse las modalidades de compra, ya que actualmente están definidas por montos y no por productos. Por ello, planteó que deberían establecerse estándares aplicables a todos los bienes en función de los montos.

Esta situación ha favorecido el uso extendido de la compra directa y la compra de baja cuantía, mediante las cuales las entidades públicas evaden los procesos de licitación y cotización, por lo que son pocas las instituciones que utilizan estas últimas modalidades.

“Las entidades prefieren acudir al fraccionamiento para eludir los procedimientos más completos, porque todo se hace en función de los montos, cuando debería existir un abanico más amplio de métodos de compra basados en los productos y servicios que se adquieren”, enfatizó.

Recordó que la nueva ley debe garantizar eficiencia y transparencia, para que las adquisiciones se hagan con calidad y precios adecuados, lo cual exige procedimientos diferenciados según el tipo de bien o servicio.

Otro de los puntos que deben reformarse, agregó, es el funcionamiento de las licitaciones y cotizaciones. Señaló que actualmente muchos servidores públicos evitan integrar las juntas de licitación, ya que con frecuencia terminan involucrados en procesos penales.

“Se requiere definir con claridad cómo debe involucrarse el personal del sector público, sin trasladar la responsabilidad a personal operativo sin capacidad suficiente, lo que termina en adquisiciones ineficientes, sobre todo en proyectos de inversión pública”, añadió.