Las denuncias de peculado ponen a prueba la imparcialidad y el sentido de justicia. Organizar empresas para ofrecer servicios al Estado es un área especializada, pero sujeta a sospecha. Los emprendedores ven una oportunidad con la llegada de parientes a puestos públicos. El gobierno de turno acusa a los pasados, pero también recibirá semejantes señalamientos.

A pocos días de ganar las elecciones, se organizan empresas y se registran personas jurídicas en serie, para participar en los negocios públicos, con iguales socios y representantes, así como domicilio social. Es un exceso señalar a un notario por haber faccionado los instrumentos públicos. Los notarios dan fe de los hechos, no son responsables por estos. Atacarlos no abona en la denuncia. Luego, se consigue la precalificación en el Registro General de Adquisiciones del Estado. A tres empresas nuevas se les autoriza participar en negocios de varios millones de quetzales.

Una empresa consigue Q45.3 millones para instalación electrónica de fibra óptica y control biométrico, en puertos, sobre otras oferentes con un menor coste. Nuevas empresas abastecen a varios ministerios. El proceso para generar la compra es conocido. Se identifica la adquisición especializada, se espera a nuevas autoridades. Se les presenta la compra, pero todo está preparado de antemano: identificado el suministro en el extranjero, armado el camino de la importación y para participar en concurso de Guatecompras. Hay sistema de inconformidad para los perdedores si consideran haber sido preteridos sin razones justas. Los negocios con el Gobierno no acarrean prestigio, sino señalamientos y sospechas. Se sabe que los retardos y tardanzas son usuales en los empleados públicos, para provocar una ocasión de exacciones ilegales. De allí que se necesite algún apoyo en la nueva administración. En efecto, hay un diputado de Semilla. En todo lo relatado, no hay delito, pero existe amargura, cuando no: tirria contra los nuevos abastecedores del Estado.

También se recurre a compras directas cuando el funcionario se arriesga, conocedor del nuevo orden surgido en elecciones. En este último caso, se necesita alguna consideración de la Contraloría General de Cuentas, por lo que señalar parentesco entre altas autoridades de esa oficina con los empresarios levanta sospechas. Se señala a un subcontrolador. Tal vez no haya colusión, pero sí está aceitada la bisagra y listo el picaporte para conseguir el desvanecimiento.

Una empresa en la misma dirección, una modesta casa que vende chocobananos además de facilitar las oficinas de contadores, sirve para revelar que se han hecho negocios por Q38.8 millones con los ministerios de Gobernación, Defensa y el CIV. Cierto, es un dineral, pero aparentemente se siguieron los procedimientos legales.

Helmut Schoek (1922-1993), economista, indicó como base del afán de competencia a la envidia. Impulsa el deseo de poseer semejantes ingresos y conseguir abastecer la demanda. Se acepta si respeta y reclama mecanismos legales para competir en condiciones semejantes. Al final, si otro gana, se lanzan invectivas. Pero no solo es un asunto económico, sino también de política; pues, cuando se está en el poder, se reclama reconocimiento. Los nuevos denuncian a los gobiernos pasados, pero los negocios continuarán. De esa cuenta, otros repiten las acusaciones para ocupar esos puestos bajo promesa de probidad. Al final, se espera la conformidad con los procedimientos legales. Las acusaciones de corrupción siempre alimentan el discurso fácil en la oposición, porque sirven para ganar votos.