El Departamento de Estado de Estados Unidos, en su informe sobre Prácticas de Derechos Humanos, afirma que las acciones del Ministerio Público (MP), dirigido por la Fiscal General, María Consuelo Porras, han limitado en varias ocasiones las medidas adoptadas para sancionar violaciones a los derechos humanos.

El documento destaca que el ente investigador fue señalado por obstaculizar investigaciones de alto perfil, como el caso de genocidio contra militares retirados y por intimidar a periodistas mediante demandas, citaciones y allanamientos.

El reporte añade que los intentos de la Fiscalía para limitar la libertad de expresión incluyeron “demandas espurias, citaciones, confiscaciones telefónicas y la ejecución de órdenes de allanamiento y registros domiciliarios a periodistas y defensores de la justicia”.

En el ámbito laboral, el reporte puntualiza que el MP fue ineficaz para procesar casos en los que empleadores se negaron a acatar órdenes judiciales relacionadas con derechos sindicales.

«La Fiscalía Especializada en Delitos contra Sindicalistas documentó que en 2023 el 72 % de las denuncias correspondieron a esta negativa», resalta el Departamento de Estado de Estados Unidos, dirigido por Marco Rubio.

El informe también señala que el MP continuó procesos judiciales contra exfuncionarios y defensores de derechos humanos en el extranjero, lo que organizaciones internacionales calificaron como hostigamiento y represión transnacional.

Como ejemplo, el documento cita el caso del exprocurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, contra quien la Fiscalía solicitó a Interpol una orden de captura, lo que organizaciones anticorrupción consideraron como un proceso “políticamente motivado”.