Al Pacto de Corruptos le conviene ahora, más que nunca, un pueblo entretenido, ignorante, violentado, desesperado, mareado y controlado. Sabe que en el 2026 nos jugaremos el futuro de Guatemala en un hecho que no se repetirá hasta dentro de otros 60 años: cinco elecciones de segundo grado en un solo año que determinarán, al menos, nuestros siguientes diez o quince años como sociedad. No nos jugamos solo nuestra magra democracia, nos jugamos un país.

En el 2026, el presidente de la República, a partir de una nómina de 6 candidatos propuesta por una Comisión de Postulación, elegirá a la persona que ocupará el cargo de fiscal general del Ministerio Público (MP). Esta es una de las elecciones más definitivas para Guatemala. La segunda elección será la de magistrados para la Corte de Constitucionalidad (CC), designados por cinco representantes del Congreso, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el presidente y su Consejo de Ministros, la Universidad de San Carlos (Usac) y el Colegio de Abogados y Notarios (Cang). Otra elección será la de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), electos por el Congreso, a partir de una nómina de 40 candidatos propuestos por otra Comisión de Postulación. La Rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala es la cuarta elección fundamental, por su presencia en diversas comisiones e instancias que eligen puestos clave; y la quinta elección será la de la persona que tendrá a su cargo la Contraloría General de Cuentas (CGC), a partir de una nómina de candidatos de la Comisión de Postulación.

Por ello, estamos viendo ya cómo los operadores del pacto están cerrando filas en diversas instancias del poder político, cómo se incrementa la violencia en todo el territorio, cómo se introducen varias iniciativas de ley inútiles y polémicas que nos distraen porque tocan nuestro mundo de creencias e ideas, y cómo los peones netcenteros disparan ya su vulgar y muy básica artillería mediática. ¿O acaso no se han presentado en días recientes iniciativas tan absurdas como la del día nacional de la Biblia o la propuesta de ley de amnistía para los maestros que participaron en el paro del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), dedicada al corrupto Joviel Acevedo y demás cuatreros? Basta ver quiénes lanzan estas iniciativas para entender sus dobleces morales y darnos cuenta de que la danza de millones se ha reactivado. Bien dice el dicho: “Pon al lobo a redactar la ley y verás que devorar ovejas no es delito”.

Otro ejemplo es el de Mafiariegos, el no-rector de la Usac y su actual Consejo Superior Universitario (CSU), que siguen manipulando los procesos de elección internos, mientras varios de los miembros del CSU no sueltan el cargo, aunque esté vencido y haya resoluciones judiciales que les obliguen a abandonarlo. Recordemos que, entre las funciones del CSU está elegir a los magistrados de la CC el próximo año. Esta necropolítica busca usar el poder del Estado para determinar quién se queda y quién se va, a través de políticas que sacrifican la vida de miles de personas para el beneficio de pocas. En un Estado laico y de corte democrático como el guatemalteco, la manipulación de las creencias y de la fe es utilizada por estos operadores de la corrupción como un instrumento de control social para perpetuar prácticas de necropolítica y mantener el poder del pacto de corruptos. El Estado de Guatemala es un organismo vivo, compuesto por órganos como el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. La necropolítica trata de acabar con este orden de cosas y hará lo posible porque el lawfare, la impunidad y la corrupción sigan reinando.

Es importante que la ciudadanía esté unida y no distraída, alerta ante estas dinámicas, y que cuestionemos las narrativas que tratan de imponernos, para dedicarnos a lo verdaderamente importante: las elecciones de segundo grado en el 2026, quizás más importantes que las próximas elecciones generales.