El Decreto 7-2025, que contiene la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, ha ocasionado un pulso entre el Organismo Ejecutivo y alcaldes que integran la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), quienes han solicitado que el presidente Bernardo Arévalo sancione de manera inmediata dicha disposición, aprobada el 2 de septiembre último por el Congreso de la República.

Cerca de 180 alcaldes de todo el país se reunieron este miércoles 17 de septiembre en el Centro Histórico de la capital para acompañar al presidente de la Anam, Sebastián Siero, en la entrega de las últimas 34 cartas, de un total de 305 presentadas desde el viernes 12 de septiembre en la sede de la Secretaría General de la Presidencia. El objetivo fue solicitar al gobernante la sanción de dicho decreto, que busca asegurar la continuidad de las obras de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) en el interior del país. Esta acción pretende resolver los problemas que, según los alcaldes, han provocado retrasos en la ejecución de proyectos en sus localidades.

“Hoy –ayer– llevamos una nota donde, como alcaldes, le pedimos al presidente una reunión para que escuche el sentir de los 305 alcaldes. Lo que estamos indicando es que si 305 alcaldes y 108 diputados estamos señalando que hay algo que no está funcionando bien en los Consejos de Desarrollo, es algo que el gobierno tiene que reconocer y que esperamos que tenga la madurez para poderlo resolver de la mano con nosotros. No estamos buscando pelear ni estar en contra de nada, sino una solución para que haya más obras a nivel nacional”, afirmó Siero, en apoyo al decreto aprobado por el Congreso.

Durante la reunión previa que sostuvieron los alcaldes antes de entregar las últimas cartas en la Secretaría General de la Presidencia, revisaron y discutieron el contenido del decreto 7-2025 para aclarar dudas. Según Siero, las obras de los Codedes se ven paralizadas debido a la burocracia, ya que la obtención de avales puede tardar entre cuatro y cinco meses, y el proceso de licitación y contratación puede extenderse hasta nueve meses, lo que hace inviable ejecutar proyectos en el tiempo restante del año.

También aseguró que el decreto busca solucionar ese problema permitiendo que los fondos sean interanuales, con una vigencia de hasta dos años, siempre que la obra avance. Se destaca que este mecanismo reduciría las “coimas” solicitadas en algunas entidades para la emisión de avales y el desembolso de fondos en los ministerios y en el Congreso. Siero enfatizó que no se trata de un problema exclusivo de la actual administración, sino que se arrastra desde hace varios gobiernos, por lo que el decreto 7-2025 ofrece una solución “de fondo” que beneficiaría a los próximos mandatos.

“Cuando usted lee el decreto 7-2025, contiene exactamente lo mismo que el Ejecutivo propuso en dos leyes diferentes. En la iniciativa 6576 de –José Carlos– Sanabria, en el artículo 6 se habla de que los avales deben ser de cinco días; y en el artículo 55 de la propuesta de presupuesto del 2026 de –Jonathan– Menkos –ministro de Finanzas– se dice que los fondos se mantendrán hacia el siguiente año. Entonces, la pregunta es: ¿por qué cuando lo propone Semilla está bien, pero cuando lo proponemos alguien más, está mal?”, cuestionó Siero.

El también alcalde de Santa Catarina Pinula denunció que, a pesar de los esfuerzos por centralizar la emisión de avales para evitar la corrupción, estas prácticas han sido denunciadas por alcaldes de distintas localidades, principalmente en ministerios como el de Educación y el de Comunicaciones. Si bien en instituciones como la Conred y Segeplán han encontrado apoyo, en otras no han obtenido ninguna solución, lo que subraya la importancia de la regulación que el decreto propone.

Señala coacciones por parte del Ejecutivo

El presidente de la Anam expresó su preocupación por presiones del Ejecutivo hacia los alcaldes. Según indicó, los gobernadores de Izabal, Chiquimula y San Marcos han llamado a los jefes ediles para amenazarlos y disuadirlos de expresar su apoyoa la mencionada disposición.

“Les dijeron que se atuvieran a las consecuencias si se hacían presentes el día de hoy, porque si salían en las fotos, iban a haber repercusiones en temas de sus fondos de Consejos de Desarrollo. Y exactamente por eso es que queremos esta ley, porque viene a solucionar esos problemas de corrupción y chantajes que se dan desde gobiernos anteriores, en este y en los próximos. Tenemos quejas de alcaldes de San Marcos, de Chiquimula y de Izabal. Aquí han sido varios departamentos en donde se ha dado, y los alcaldes no nos vamos a dejar intimidar”, puntualizó. También hizo un llamado al presidente Bernardo Arévalo para que sancione el decreto.

“Si el presidente en realidad tiene un compromiso contra la corrupción, lo correcto es sancionar la ley, porque va a resolver tres problemas: vamos a quitar la corrupción en los avales, el chantaje en el Congreso y la corrupción en las gobernaciones”, aseguró.

Sobre el futuro del decreto 7-2025

Siero comentó que, si el mandatario veta el decreto, este regresaría al Congreso, por lo que aseguró que, junto con los 305 alcaldes que han expresado su apoyo y que representan a más del 90% del total, acudirán a la sede del Legislativo el día que se conozca nuevamente en el pleno, para respaldar a los diputados y asegurar que la ley sea ratificada con más de 107 votos.

“La primera vez se lograron 108 votos, y estoy seguro de que con la presencia de los alcaldes se superará esa cifra, alcanzando posiblemente los 130”, indicó.

Siero reiteró que, pese a los esfuerzos por centralizar los avales, las prácticas de extorsión persisten en ministerios como el de Educación y el de Comunicaciones. En contraste, en entidades como la Conred y Segeplán han encontrado respaldo, lo que refuerza, según él, la necesidad de regulación.

Alcaldes se pronuncian

El alcalde de Comitancillo, San Marcos, Werner Orozco, indicó que la entrega de cartas busca exigir el apoyo del Ejecutivo.

“Nuestra petición es exigir al gobierno que nos apoye, porque nosotros como representantes del pueblo queremos que se ejecuten los presupuestos y que no se queden en arrastre, porque el presupuesto ha sido designado y no se puede quitar”, indicó.

Rigoberto Corleto, alcalde de Raxruhá, Alta Verapaz, agregó que el objetivo es “respaldar la petición para resguardar los fondos designados a exigencias de los Cocodes de sus respectivas aldeas, quienes pueden salir perjudicados si en dado caso no se sanciona la ley”.

En contraste, por medio de un comunicado, el alcalde de San Juan Sacatepéquez, Juan Carlos Pellecer, expresó su desacuerdo con las acciones de Siero, las cuales calificó como “presión” hacia el presidente Arévalo.

“El alcalde Juan Carlos Pellecer expresó su rechazo a la presión ejercida por el presidente de la Anam hacia el presidente de la República para sancionar la Ley de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes). Afirmó que los tiempos y procesos establecidos en la ley deben respetarse y recordó que, independientemente de que el mandatario decida sancionar o vetar la iniciativa, se trata de un derecho constitucional que debe ejercerse con total independencia y sin presiones”, concluye el comunicado.

Cabe recordar que Pellecer accionó ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por la elección de Siero como presidente de la Anam en enero del 2024, a través de una planilla única.

Declaraciones “irresponsables”

Sobre las supuestas amenazas de gobernadores denunciadas por Siero, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia indicó: “Lastimosamente, el alcalde de Santa Catarina Pinula se ha caracterizado por instrumentalizar la política municipal en el país. Rechazamos categóricamente y lamentamos las irresponsables e infundadas declaraciones del alcalde”.

A su vez, sobre esta opinión, Siero respondió: “Es una inmadurez. Nosotros hacemos el llamado al Ejecutivo. Si más de 305 alcaldes están diciendo que hay algo que está mal y que hay que arreglarlo, lo correcto es reconocer el error y buscar una solución en consenso. No estamos queriendo pelear”, concluyó.

En enero del 2024, un día antes de que Siero fuera electo presidente de la Anam, el presidente Bernardo Arévalo indicó:

“Identificamos la importancia estratégica de trabajar en conjunto con su organización, con su asociación, la Anam, y para ello consideramos y nos alegra ver que existe una persona que está ejerciendo un liderazgo constructivo con visión, el alcalde Siero”, lo que evidenció el apoyo del mandatario hacia Siero.

No obstante, en los últimos meses se ha evidenciado el distanciamiento y las pugnas entre ambos, acentuadas después de la aprobación del decreto 7-2025 por el Congreso.

Cámaras y tanques de pensamiento piden veto

Varios sectores han manifestado su rechazo a la disposición que favorece a los Codedes, por distintas razones, desde poca transparencia en el uso de los recursos, o su politización, así como violación al principio de anualidad del presupuesto.

Entre otras entidades, han pedido al presidente Arévalo vetar el decreto 7-2005 la Cámara de Comercio de Guatemala, la Cámara de Industria de Guatemala, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras.