¿Qué clase de partidos políticos pueden ser esos que postulan como candidatos a cargos de elección a convictos por narcotráfico, lavado u otros delitos? ¿Cuánto cuesta servir de alfombra para que aparezca en papeleta una persona que a todas luces carece de honorabilidad? En cada proceso electoral y también en postulaciones de distintas magistraturas se asoman nombres cuyos nexos, acciones u omisiones los descalifican para desempeñar cargos públicos con solvencia. Es obvio, sus fueros están expuestos a ser usados para traficar influencias, para delinquir mientras ponen cara de dignos o dignas en fotos y ceremonias oficiales. Hasta reciben condecoraciones como si fuera una liga de villanos de historieta. Pero es la vida real y sus desmanes son deshonrosos, lesivos, inicuos.

El más reciente epílogo de este tipo de sainetes politiqueros absurdos, con todo y dobles discursos, dobles caras y cero moral ocurrió el martes 18 de febrero: el exdiputado José Armando Ubico Aguilar, quien llegó al Congreso en el 2015 y fue reelecto en el 2019 con el partido “Todos”, fue condenado a 18 años de cárcel por un tribunal de Texas, tras declararse culpable de conspiración internacional de narcotráfico, delito del cual es reincidente.

En el 2001 fue capturado en el aeropuerto de Newark, Nueva York, por tratar de ingresar un kilo de cocaína a EE. UU. Se declaró culpable en el 2003, fue sentenciado y salió libre en el 2005. Justo una década después, en plena campaña sacudida por los escándalos de corrupción del Partido Patriota, es candidato a diputado por Sacatepéquez. Sus antecedentes no obstaron y llegó al hemiciclo. Fue conveniente aliado de dos oficialismos seguidos, pero a la vez tenía otra agenda. Presidía la Comisión de Defensa del Congreso.

En el 2021 fue acusado por la Fiscalía de Texas de usar sus influencias para proteger cargamentos de droga. Lo negó. Dijo que eran “ataques políticos”. El proceso de antejuicio, con todo y dilaciones, laxitudes e influencias, fue largo. En diciembre del 2022, el partido Todos renegó de él y lo expulsó. Para las elecciones del 2023 fue propuesto a la reelección por el flamante partido Nosotros. En junio de ese año le retiraron la inmunidad y desapareció de la escena pública. En mayo del 2024 se confesó culpable de narcocargos tras haberse entregado “voluntariamente” en Texas. Quizá quería escenificar la misma farsa del 2003 para recibir una menor sentencia. Le dieron 18 años.

Numerosos politiqueros exconvictos pretenden regresar a las papeletas, diciendo que ahora les toca, haciéndose pasar por honorables víctimas de conspiración. Son histriones sin cambio, y si su partido es cancelado, no falta otra partida que los recicle, así como ocurrió con los diputados de la extinta Unión del Cambio Nacional, cuyo fundador, Mario Estrada, todavía está preso en EE. UU., también por narcotráfico. Vamos a inscribirlos, les dijo otro partido, y allí están en el pleno.

Por esas realidades tan rastreras, viles y hasta pendencieras es que la ciudadanía debe estar atenta a repudiar cualquier intento politiquero por rebajar las exigencias de control al financiamiento de partidos y campañas. Está latente una iniciativa de inicuas reformas electorales que busca eliminar requisitos de reportes de gastos, que exculpa anticipadamente a los secretarios generales y abre paso a la infiltración de dinero. Quizá están esperando una medianoche o madrugada para ponerla en discusión, bajo pretexto de “urgencia”, así como hicieron con el intento trapero de autoaumento salarial repudiado por toda la ciudadanía.