Como nunca antes en dos décadas, el sindicalista Joviel Avecedo y su círculo de allegados se van quedando sin palancas, sin recursos legales y sin los valedores politiqueros con quienes transaron, a escondidas de la ciudadanía, pactos colectivos lesivos, abusivos y excesivamente permisivos, los cuales desnaturalizaron procesos de evaluación de desempeño, exigencias de mejora y el relevo de plazas con maestros graduados universitarios para elevar la calidad en la formación de la niñez.

Lejos están aquellos días en que el abogado magisterial era pariente de la esposa del presidente; lejos están aquellas salidas a la puerta de la Casa Presidencial en las cuales Acevedo exhibía a un mandatario cautivo de sus exigencias y este exhibía a un sindicado plegado a sus llamados para presionar o escenificar demandas al Congreso durante la discusión del Presupuesto. Lejos está, pero aún se recuerda bien, la aquiescencia de la anterior ministra de Educación a negociar y firmar el último pacto oscuro por exigencia del jovielismo.

La desesperación se nota en el reciente llamado de una filial departamental del sindicato magisterial en paro a diputados distritales de Huehuetenango para que los secunden en la exigencia ilícita de renovar el pacto a su gusto. Es improbable que a estos Congresistas les interese cargar con este desgaste, por más fieles que quieran permanecer a anteriores oficialismos. El 4 de junio, un juzgado de Trabajo ordenó al Comité Ejecutivo del STEG y a maestros holgantes en la Plaza de la Constitución deponer la medida y regresar a cumplir con su trabajo en las aulas. Hicieron caso omiso. El 11 de junio, la judicatura pidió un informe de cumplimiento. El martes 24 último fijó un plazo para reanudar clases, so pena de multas. No lo hicieron.

Acevedo habría dicho que “solo” desalojaría si el Ministerio Público le pedía abandonar la Plaza al ejecutar los amparos, lo cual desató reacciones sobre tan confiada declaración. Lo cierto es que ayer, ante el incumplimiento del amparo otorgado e irrespetado, el Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala, constituido en Tribunal Constitucional de Amparo, ordenó certificar lo conducente en contra del Comité Ejecutivo Nacional del STEG, es decir la rosca jovielista, para lo cual remitió expediente al MP.

Es de esperar que el Ministerio Público actúe con similar celeridad a la observada en otros casos, sobre todo porque este paro ilegal está afectando la educación y, por ende, el futuro de unos 300 mil estudiantes. La orden judicial quizá incluso les está haciendo un favor a dirigentes y maestros, que deben retomar las actividades y recuperar el tiempo perdido para mitigar el impacto de la pérdida de clases. Pero si prosiguen con el paro, se estarán aproximando a otra fase que quizá muchos seguidores actuales no hubieran creído posible hace un mes: los procesos de destitución por abandono injustificado de labores.

Y hablando de labores varadas, la Corte de Constitucionalidad, sigue sin resolver los recursos de inconstitucionalidad interpuestos el 7 de mayo contra siete artículos del pacto lesivo. Resolver tal asunto habría frenado antes el paro, al hacerlo improcedente. Se sabe que hay dos magistrados a favor de suspender los siete artículos. ¿Y los otros? ¿Cuál es su aliciente para la tardanza? A pesar de ser materia urgente, de solicitudes de sectores civiles y empresariales, y de estar amenazados derechos de la infancia y la juventud, retiraron el tema de discusión el jueves último. La historia juzga por las acciones, pero también por omisiones y dilaciones.