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Melón, arándano y chocolate: piden reactivar más de US$20 millones en inversión agrícola
Cuatro proyectos agrícolas están en pausa por falta de estudios fitosanitarios y trabas comerciales con EE. UU. Sector privado destaca la necesidad de acción por parte del Congreso y el Maga. Mientras tanto, el Ministerio ve necesidad de intervención diplomática en países importadores.
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Según Gonzalo Salguero, presidente de la junta sectorial del sector agrícola de Agexport, cuatro proyectos de construcción o expansión de fábricas agrícolas están en pausa debido a tres factores: la incertidumbre sobre los aranceles impuestos por Estados Unidos, la falta de aprobación de la Ley de Innovación Agrícola y los estudios de análisis de riesgo de plagas (ARP). Esto representa alrededor de US$27.5 millones detenidos que podrían invertirse en el sector agro del país.
Según datos proporcionados por Salguero, las exportaciones del sector agro al cierre del 2024 sumaron US$4 mil 092 millones 819 mil 481. Los principales productos de exportación fueron las frutas (60%), cafés diferenciados (22%) y el cardamomo (8%).
En los próximos diez años, asegura Salguero, las exportaciones podrían incrementarse a US$3 mil 500 millones, siempre y cuando se establezcan las condiciones de ley y se agilicen los estudios ARP.
Actualmente, de acuerdo con datos del Maga, 12 productos están a la espera de aprobación de su análisis de riesgo en Estados Unidos. Entre ellos se encuentran el aguacate, el mangostán y diez variedades de plantas ornamentales.
Proyectos en pausa
Salguero destaca cuatro proyectos clave que actualmente se encuentran en pausa en el país, los cuales, reitera, debieron haber ingresado desde enero del 2025:
- Planta de producción y empacadora de arándanos: Este proyecto, ubicado en Quetzaltenango, presenta un avance del 50%, aunque opera solo en el mercado local. El monto de inversión detenido es de US$3 millones.
- Exportadoras de melón: Según Salguero, tres exportadoras tienen intención de establecerse en el corredor seco, pero su inversión, estimada en US$1.5 millones, permanece en pausa.
- Planta procesadora de chocolate: Se trata de un proyecto para instalar una planta de procesamiento de chocolate como producto terminado en una zona franca. La inversión pendiente asciende a US$20 millones.
- Ensambladora de bouquets: Esta planta, ubicada en Chimaltenango, ya está en funcionamiento, pero mantiene en pausa US$3 millones para su expansión, específicamente para ampliar su producción y establecer una sala de empaque para exportar orquídeas terminadas a Estados Unidos.
Análisis de plagas
Además de los aranceles y los obstáculos comerciales con Estados Unidos, Salguero señala que el asunto de la admisibilidad es otro factor que limita el crecimiento del sector agro guatemalteco. “Nosotros producimos pitaya, pero Estados Unidos no admite nuestras pitayas porque Guatemala no ha hecho los estudios de análisis de riesgo de plagas que garanticen que nuestra fruta no llegará a contaminar con algún bicho que no existe allá”, ejemplifica.
Salguero indica que una fábrica interesada en producir mango en Huehuetenango no puede exportar por falta de un certificado gubernamental que avale que la zona está libre de mosca. Estos estudios, aclara, son responsabilidad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), que debe validar los resultados.
Jorge Gómez, director de Sanidad Vegetal del Maga, explica que el tiempo de análisis depende de qué tan completa y rápida sea la información que proporcione el exportador interesado. Si este no cuenta con la documentación requerida, se debe realizar un muestreo en un ciclo seco y otro en época lluviosa, lo que alarga el proceso.
Salguero afirma que hay solicitudes de estudios ingresadas desde el 2015 que no han avanzado. “Los mercados cambian. Hoy entra de moda un clavel, mañana una gerbera, pasado mañana una suculenta o un cactus. Esto es dinámico y se necesita agilidad”, enfatiza.
Según Eduardo Taracena, jefe de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Riesgo del Maga, el proceso puede tardar entre tres y cuatro meses, pues en algunos casos es necesario verificar la información en campo. Gómez añade que la entidad cuenta con un departamento de vigilancia epidemiológica para realizar los muestreos necesarios. Según el Maga, este proceso no tiene costo, salvo en casos de certificación para exportación.
Presión desde Estados Unidos
Gómez subraya que la aprobación final de los análisis de riesgo de plagas (ARP) no depende de Guatemala, ya que es tarea del país importador otorgar la validación definitiva a la documentación enviada. “Cada país es diferente —explica—. Algunos se demoran seis meses o hasta un año. Por ejemplo, Sudamérica es bastante ágil en este tipo de accesos. Pero todo el mundo quiere exportar a Estados Unidos”.
Por su parte, Salguero señala al Ministerio de Relaciones Exteriores, en particular a los embajadores, como actores clave en el seguimiento de los estudios cuando estos llegan a Washington. Según indica, corresponde a los embajadores estar atentos al estado del trámite y verificar que la documentación esté completa.
En concordancia con esta visión, el Maga argumenta que, en estos casos, lo que se puede hacer es que la embajada de Guatemala en Estados Unidos gestione un trabajo de cabildeo con las autoridades encargadas de procesar dichas solicitudes.
Ley de Innovación Agrícola
Salguero afirma que la ausencia de una Ley de Innovación Agrícola limita la atracción de inversión extranjera directa. “No podemos traer cosas nuevas, innovadoras, que permitan establecer plantas distintas a lo que ya hacemos”, señala.
Explica que actualmente Guatemala no puede ofrecer productos diferenciados, como rosas de distintos colores o variedades más resistentes a enfermedades, debido a que no se dispone del material genético necesario. “Seguimos produciendo las mismas rosas que se cultivaban en los 80”, subraya. Añade que estos productos no son transgénicos.
En cuanto a la arveja, Salguero advierte que ha perdido competitividad, ya que en México existen cultivos capaces de resistir hasta 28 días de tránsito, lo que permite su exportación a Europa por vía marítima. Para incrementar la competitividad del país y atraer nuevas inversiones al sector, considera esencial la voluntad política del Congreso para aprobar dicha ley.